El presidente de la ONG Republican Action for Argentina, Fernando Irazu, destacó la relevancia de la decisión judicial en Estados Unidos y aseguró que aún quedan instancias procesales, aunque la posición del país es “muy sólida”. También advirtió sobre el trasfondo de corrupción del caso y el impacto en la reputación nacional.
El fallo de la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York generó alivio en la Argentina y abre un nuevo escenario en la disputa judicial por la expropiación de YPF. En diálogo con la 99.9, el presidente de Republican Action for Argentina, Fernando Irazu, calificó la decisión como “una noticia excelente para Argentina” y subrayó que debe ser leída “sin temas partidarios”.
“Todos los argentinos estamos muy contentos y tenemos que vivirla de esa manera. Hemos sufrido muchísimo, no solo por el esfuerzo que ha llevado este proceso, sino por el daño reputacional que este conflicto ha causado en Argentina y todo lo que ello conlleva en el mercado de capitales y en la posibilidad de inversiones”, afirmó.
Desde el punto de vista jurídico, explicó que se trata de “un paso sumamente relevante”, aunque aclaró que el proceso no está completamente cerrado. “La contraparte tiene 14 días corridos para presentar un recurso de revocatoria ante el mismo tribunal, que es algo sumamente excepcional, pero posible. Y también tienen 90 días para recurrir a la Corte Suprema de los Estados Unidos mediante un writ of certiorari”, detalló.
En ese marco, sostuvo que “estos son los últimos pasos procesales disponibles en los Estados Unidos”, y si bien consideró que “la posición de Argentina es muy sólida”, advirtió que el fallo “todavía no está firme”.
Irazu también remarcó que existe un elemento adicional en juego: la posibilidad de avanzar sobre el origen del conflicto. “Argentina tiene la posibilidad de argumentar el fraude internacional que se trató de llevar a cabo en sede norteamericana, partiendo de un origen de corrupción gubernamental extranjera. Esto está todavía en el tablero”, indicó.
Según explicó, esa estrategia se vincula con presentaciones realizadas en base a la denominada “regla 60”, que permitiría cuestionar el proceso si se comprueba que hubo irregularidades graves. “Es una carta muy poderosa, porque se ha comprometido la integridad del proceso judicial norteamericano”, afirmó, y agregó que también existe la posibilidad de solicitar “sanciones por abuso procesal”.
El especialista fue más allá y sostuvo que el caso permite “separar la paja del trigo”, al tiempo que denunció la existencia de intereses que operaron en contra del país. “Desde el primer momento se vio gente predispuesta a vender su país. Hubo argentinos trabajando de un modo coordinado en una situación que ya tenía un origen en la corrupción”, señaló.
En esa línea, aseguró que el conflicto “surge por corrupción” y cuestionó el accionar de quienes impulsaron las demandas: “Pagaron 15 millones de euros por un reclamo que era ilegítimo. Si a usted le dan algo que es robado, no se transforma en legítimo por el hecho de que lo tenga un fondo”.
Además, destacó el rol que jugó el contexto internacional y, en particular, la intervención del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. “Nosotros hicimos un trabajo muy serio para explicar que un fallo a favor de los demandantes iba en contra de los intereses estratégicos de los propios Estados Unidos”, explicó.
En ese sentido, subrayó que el caso podía sentar un precedente peligroso: “Cualquier persona asociada a la corrupción gubernamental extranjera podría ir a sede norteamericana para recuperar el botín de su corrupción. Eso era algo que había que evitar”.
Para Irazu, la decisión judicial también responde a una combinación de factores técnicos y geopolíticos. “Hay una combinación muy importante. No es solo una cuestión política. Se invocaron principios como el comity, que obliga a respetar las decisiones soberanas de otros países, y se entendió que este caso podía afectar esa lógica”, explicó.
Finalmente, consideró que el resultado hasta el momento es producto de un trabajo coordinado y reciente: “Argentina nunca había planteado con claridad este tema en Estados Unidos hasta hace unos meses. Esto se logró a través de la Cancillería, el Departamento de Justicia y presentaciones ante la Justicia. Ha sido algo coordinado y positivo”.
Y concluyó: “Estamos contentísimos como argentinos. Es un paso muy importante y esperemos que finalmente quede firme”.