El Defensor del Pueblo, Fernando Rizzi, señaló en la 99.9 que hay un principio de solución para el grupo de 34 familias que habían tomado terrenos en el Barrio San Carlos y el dueño de esas tierras, los quiso desalojar: “por la buena predisposición de ambas partes logramos un acuerdo para suspender provisoriamente la acción de desalojo, hasta que se articule una acción de traslado”, dijo.
Un grupo de 34 familias desalojadas de un predio que habían usurpado, reclaman ahora que no se los saque del lugar ante el desalojo que pidió el propietario de las tierras ubicadas en el Barrio San Carlos. En el hecho intervino la Defensoría del Pueblo, más puntualmente Fernando Rizzi quien brindó detalles en la 99.9: “detrás del hotel de la case Paso y Alem hay un asentamiento de hace muchos años, consolidado, donde los dueños del dominio han impuesto una acción de desalojo. Las personas que viven allí se acercaron a la Defensoría del Pueblo preocupados por la situación”.
A partir de ahí, fue cuando empezó a buscar una solución consensuada: “entablamos conversaciones con los abogados y encontramos una muy buena predisposición para colaborar con un traslado ordenado. En primer lugar pedimos un censo de familias a la Secretaría de Planeamiento de la ciudad y no obtuvimos respuesta favorable. Sabemos que son 34 familias, pero queríamos dejado asentado”.
Desde el juez que está llevando adelante la causa, también hubo predisposición y por eso se podrá trabajar en una salida al tema: “nos hicimos presentes entonces en el juzgado del Dr. Rodrigo Cataldo que es el que entiende en el desalojo. Tuvimos un muy buen eco y se realizaron dos audiencias. Por la buena predisposición de ambas partes logramos un acuerdo para suspender provisoriamente la acción de desalojo, hasta que se articule una acción de traslado de estas personas a un terreno que los propios dueños les habrían ofrecido”, explicó Rizzi.
Lo que aclaró también el defensor del pueblo es que “en este traslado, se le asegura a cada familia un lote para escriturar y con la ayuda del Instituto de la Vivienda para realizar sus casas. Lo tomamos como una experiencia positiva”, remarcó sobre la intervención que realizaron.
Es una realidad que, en su momento, las familias que tomaron el lugar estaban incumpliendo la ley y también está dentro de los derechos del propietario de las tierras, reclamar por lo suyo. Rizzi en ese sentido, destacó que “la situación de cada familia es distinta, incluso desde los motivos que los han llevado a ese lugar. Algunos firmaron unas sesiones de derecho que no alcanza para garantizarle la propiedad de las tierras”.