El abogado y apoderado de Usina de Justicia habló sobre la orden de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que el Estado revise la sentencia de prisión perpetua contra Guillermo “Concheto” Álvarez y además, ordenó una indemnización por la violación de los derechos a las garantías en el proceso.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ordenó al Estado argentino revisar la sentencia que condenó a prisión perpetua al múltiple homicida Guillermo “Concheto” Álvarez por dos de los cuatro homicidios que cometió entre 1996 y 1998, y ordenó pagarle una indemnización por la violación de los derechos a las garantías por parte de la Justicia de Menores que llevó uno de los procesos en su contra.
Usina de Justicia fue un actor importante que decidió hacer pública su postura ante esta situación y lo hizo en la 99.9 a través de su abogado y apoderado, el Dr. Fernando Soto: “el acusado llegó a la Corte hace 5 o 6 años apelando todo, inclusive la constitucionalidad de la prisión perpetua porque atentaría contra su derecho a reinsertarse. La Corte Interamericana dijo que él era víctima. Hablamos de un homicida admirador de Hitler, de Robledo Puch que mató a personas fusilándolas cuando estaban maniatadas. Lo consideran víctima porque fue juzgado esposado, porque los defensores oficiales que le pusieron tuvieron poco tiempo para hablar con él y eso afectó su derecho de defensa y como no habían apelado, habían afectado también su derecho de defensa”.
Más allá de lo que consideró la CIDH, el problema radica en que es una orden para la justicia argentina y no una sugerencia: “con todo esto, ordenó, no sugirió a Argentina que lo indemnice como víctima y que le revise la sentencia, es decir que la revocó”.
En ese sentido, el Dr. Soto explicó porque un organismo internacional tiene injerencia en las decisiones judiciales de un estado: “la Convención Interamericana de Derechos Humanos se creó en 1984 y Argentina la incorporó en 1985. Se establecían pautas de derechos humanos, todas pensadas para el imputado y no para la víctima. Nosotros trabajamos para que cambie ese paradigma. La Convención creo una Corte Interamericana pero para velar sobre el cumplimiento del convenio. Con el tiempo fue cambiando hasta que ahora, como en este caso, donde ordenó también cambios de legislación interna; lo que hace es ordenar. En Argentina esto es como un fallo de la Corte Suprema pero se discute si debe cumplirse o no”.
Lo que destacan desde Usina de Justicia que hay un principio de soberanía que debe ser respetado y este tipo de organismos no puede estar por encima de eso: “cuando se crearon estos convenios, fue una respuesta a las tiranías y dictaduras. Ahora, 45 años después, no es más así. Esto aparece totalmente desproporcionado. La soberanía no es sólo Malvinas, sino la imposición de los valores de un estado. Cuando un estado extranjero te dice como tenes que obrar, no es correcto”.