El abogado Fernando Soto habló en la 99.9 sobre las denuncias presentadas contra las organizaciones sociales y además, sobre el proyecto para bajar la edad de imputabilidad.
Comienza a discutirse en la legislatura el proyecto para bajar la edad de imputabilidad en nuestro país con un proyecto oficialista que podría contar con el apoyo necesario para transformarse en ley.
El abogado Fernando Soto que forma parte de los equipos que trabajan en el Ministerio de Seguridad junto a Patricia Bullrich habló al respecto en la 99.9 y sobre todo de las declaraciones de Natalia Zaracho indicando que esta medida apunta hacia los pobres: “la diputada Zaracho habla de que no todos pueden estudiar, que algunos no tienen plata, tienen que robar autos y otras travesuras. Eso dijo y es diputada, o sea, hace las leyes de la nación. Esto demuestra claramente cuál es el pensamiento. El pensamiento es que la víctima es el chorro, el delincuente, el homicida, y el otro no existe, que se la banque. Esto es poner el mundo al revés”.
Lejos de que el proyecto esté en el camino de la discriminación, el letrado señalo que la estigmatización llega justamente por aquellos que dicen defender a los que menos tienen: “es ella la que está segmentando y discriminando a la gente pobre. ¿Quién habla de pibes pobres? Ella considera que los chorros son los pibes pobres. Nosotros consideramos que los que cometen delitos, las personas menores de edad, tienen que responder como las personas mayores de edad, atendiendo su desarrollo psicofísico desde ya porque son chicos que pueden recuperarse. Decir que son chorros porque son pobres está mal porque son delincuentes. Hay delitos en todas las escalas sociales y en todos los ambientes, no es solamente los pobres y tampoco solamente los ricos”.
En todo el continente americano, las leyes indican que la edad de imputabilidad es más baja que en Argentina. Además de Cuba que la instaló en 16 años tanto Bolivia como Chile, Colombia, Paraguay, Perú y Venezuela han dispuesto los 14 años; Guatemala, Haití, Nicaragua, República Dominicana y Uruguay con 13 años e incluso Belice o Brasil la dispone en 12 años. En ese sentido, Soto agregó que “podemos coincidir o no con Inglaterra en su política, pero es un país ordenado y tiene nueve años de edad en imputabilidad. Suiza también. Estudiando, la historia y los orígenes del código penal argentino la edad de imputabilidad era de 10 años. Se cambió en el gobierno de Perón en 1954 que se subió a 16. La dictadura militar lo bajó a 14 y un poquito antes de que empiece la democracia, unos días antes, Galtieri lo subió 16 porque ellos vieron que no había delitos de subversión en menor de 16, que era lo que les importaba”.
Otro de los frentes donde están muy activos, es en denunciar los fraudes de las denominadas organizaciones sociales con el dinero del estado. Ya han presentado desde el Ministerio de Seguridad 7446 denuncias por amenazas agravadas, extorsión agravada y defraudación agravada al estado. Hay algunos nombres propios muy complicados como Belliboni o el propio Emilio Pérsico que era funcionario del gobierno nacional: “Pérsico era un gerente de la pobreza, recaudaba todo lo que podía, pero pasó del otro lado. Alberto Fernández lo nombró en el sector donde se decidían la entrega de cientos y miles de millones de pesos y toneladas de comida a la gente más carenciada. Decidió dárselo a las organizaciones sociales y se lo dio a su propia organización social. Alberto Fernández, en vez de darle a quien cobraba al plan Trabajar, se lo daba a la organización social, administrado a través de cooperativas, que son fáciles de crear y casi sin control. Se les daban miles de millones de pesos y miles de toneladas de comida, la recibía el mismo y la firmaba el otro lado. Y lo mismo hizo el Polo Obrero con Cantero, que es la mano derecha de Belliboni, pero con la diferencia que estuvo hasta marzo trabajando en Desarrollo Social, que ahora se llama capital humano. El fiscal Pollicita le dijo a Casanello que no engañaron al Estado, ellos formaban parte del Estado en un acuerdo espurio para esquilarlo y vender luego miles de toneladas de comida y miles de millones de pesos. Esto es una matriz de corrupción que reemplazó a las obras públicas, donde vemos que hay solamente en un corto periodo de la pandemia, más de $1600 millones. Hoy estamos hablando de $2500 millones de pesos”.
Todas estas entidades que después se movilizan reclamando por alimentos, no solamente encontraron en distintos allanamientos alimentos que nunca fueron entregados sino que tienen dinero guardado: “cuando me dijeron que el Polo Obrero tiene un plazo fijo de $600 millones al nombre de ellos y de la cooperativa, no lo podía creer pero no tenían uno, tenían dos de $660 millones a nombre de ellos. Y estaban reclamando que no había comida. Son los reyes de la hipocresía”.