Uno de los mayores tenedores internacionales de bonos argentinos está pidiendo mayor protección a los inversores para cuidarlos del “fragrante abuso” de sus términos, lo que refleja la falta de confianza que entorpece las negociaciones vinculadas al noveno default soberano del país.
Robert Gibbins, fundador y director de inversiones de Autonomy Capital, un hedge fund que administra activos por u$s 6000 millones, criticó la estrategia que aplica el Gobierno para la reestructuración de sus u$s 65.000 millones de deuda.
Le dijo a Financial Times que cualquier bono nuevo debe emitirse con parámetros legales que brinden a los tenedores mayor margen para bloquear un acuerdo difícil de aceptar.
“Tenemos varias cuestiones acá que muestran un flagrante abuso de la arquitectura financiera internacional para adaptarla al propósito específico de Argentina”, afirmó Gibbins. “Si quiere una oferta sostenible, [el Gobierno argentino] no debería tener ningún problema en aceptar… volver a los documentos que son menos fáciles de abusar mediante una manipulación de mala fe”, agregó.
Argentina oficialmente incumplió con el pago de la deuda soberana en mayo, pero el gobierno y los bonistas siguen negociando una reestructuración de los bonos en un intento de evitar que empeore la ya pésima situación económica del país.
Lo que se discute es el enfoque de Argentina en cuanto al manejo de la votación en ese proceso, que comprende a las denominadas cláusulas de acción colectiva (CAC) que determinan cuánto apoyo de los acreedores necesitan los gobiernos para cambiar los términos de un bono.
La versión más reciente de las CAC, aprobada por la comunidad internacional en 2014, estipula que si más del 75% de los acreedores vota a favor de una reestructuración, todos los titulares de bonos deben aceptar el acuerdo. Argentina emite bonos conforme a esos términos desde 2016, pero los bonos emitidos en 2005 y 2010 que han sido reestructurados con anterioridad requieren un mayor porcentaje de aprobación.
Ahora, Gibbins afirma que el Gobierno está “haciendo un uso indebido de las CAC en cada paso” del proceso y amenaza con excluir de las votaciones a determinadas series de bonos, incluso una vez emitidos los votos, para asegurarse de que se alcanzan los umbrales para que sea aprobado el acuerdo.
El temor es que Argentina reestructure un subgrupo de bonos, y luego endulce los términos para tratar de convencer a una creciente porción de acreedores de seguir en el juego. Ronda tras ronda consigue más aprobaciones -una estrategia apodada “Pac-Man” por su semejanza con el jueguito de los años 80- y para los bonistas en desacuerdo podría ser más difícil bloquear un acuerdo.
“La gente se ve obligada o se la amenaza con una situación desventajosa si no aceptan la posición del gobierno”, aseguró Gibbins.
La firma de Gibbins, una de las varias que quedaron mal paradas por la sorpresiva salida del presidente argentino pro mercado Mauricio Macri el año pasado, forma parte del grupo de bonistas más grande del país, que incluye a BlackRock, Fidelity y T Rowe Price entre sus miembros. Están pidiendo volver a los términos legales de 2005, entre otras exigencias.
El ministro de Economía Martín Guzmán se niega diciendo que sería deshacer “los avances que se hicieron en los últimos años en cuanto al lenguaje contractual”.
Anna Gelpern, experta en deuda soberana de la Universidad de Georgetown que ha criticado el intento del gobierno de utilizar las CAC en cuya redacción participó, comparó el pedido de los tenedores de bonos con la vuelta a un sistema operativo antiguo.
“Si el argumento es que Argentina es un reincidente, entonces creo que la respuesta no es volver instintivamente al Windows 5.0, sino pensar más en cómo tener controles más sofisticados y mayores salvaguardas”, concluyó.