Un informe efectuado por la Oficina Anticorrupción (OA) advierte que la mitad de las autoridades públicas no presentaron sus declaraciones juradas. El 13% ni siquiera comenzó con los papeles ante el órgano de contralor.
Pasados cincuenta días de la fecha límite para presentar sus declaraciones juradas ante la Oficina Anticorrupción (OA), apenas el 52% de las autoridades públicas completó los trámites ante el organismo que conduce Laura Alonso. De acuerdo a un informe distribuido por el órgano de contralor, solo 24.933 de los 47.329 funcionarios y exfuncionarios de la administración nacional obligados a informar su patrimonio cumplieron con su misión.
La ley marca que quienes están obligados a informar públicamente su patrimonio incluye a todos lo que ocuparon cargos en el gobierno, de la actual y la pasada gestión, así como también deben efectuarlo aquellos miembros de las universidades nacionales, de las fuerzas de seguridad y los ministerios de Cultura, de Ambiente y de Relaciones Exteriores y Culto.
La propia OA ha salido públicamente a expresar que aquellos que no acataron las reglas ya fueron intimados a realizar la presentación de bienes, y que han comenzado a correr las sanciones para quienes no cumplan con las presentaciones, estando entre ellas la imposibilidad de ocupar cargos públicos para aquellos que ya no ejercen función en el Estado, como también la retención del 20% de los sueldos para los que poseen una actividad en el Gobierno.
De aquellas autoridades que todavía no presentaron sus papeles ante la OA, 16.039 han adelantado los trámites pertinentes pero sin “cumplimiento informado” al organismo público, mientras que 6.125 estaban catalogados como “incumplidores”, y un grupo de 232 quedó en la categoría de “iniciales en término”, pero fuera de los cumplidores.
Fuera de término
Del informe realizado por el órgano de contralor surgen datos muy llamativos, como por ejemplo que el 13% de los funcionarios obligados a brindar datos públicos sobre su patrimonio ni siquiera han comenzado a realizar las gestiones necesarias para presentarlos en regla. Pero sin dudas que lo más extraño es el escaso poder de inserción que hay en algunas áreas del Estado a cumplir con las leyes establecidas. El podio de los morosos lo encabezan las fuerzas de seguridad: entre la Policía Federal, la Gendarmería y la Prefectura Naval solo se presentaron a término nueve declaraciones juradas, sobre un universo de más de 6.000 que se tendrían que haber exhibido.
Otros de los terrenos en los que algunos funcionarios han quedado en off side son las universidades nacionales, donde la publicación de los patrimonios de sus autoridades apenas supera el 5%. Luego le siguen los ministerios de Cultura, Medio Ambiente, Relaciones Exteriores y Defensa, con un 11, 17, 25 y 35 por ciento de cumplidores, respectivamente.
En el otro extremo, en la lista de quienes han hecho bien los deberes y han sido respetuosos de la ley se encuentran los funcionarios de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), con un 95% de cumplimiento, mientras que los del Ministerio de Transporte, que dirige Guillermo Dietrich, alcanzan el 100% (21 de 21).
Estos datos dejan en evidencia la poca predisposición a cumplir con lo que marca la norma por parte de los dirigentes públicos, generando una fuerte degradación de las instituciones. Esta sigue siendo una de las tareas todavía pendientes de la joven democracia argentina.
Los nombres de los deudores
Entre los incumplidores que no dieron ninguna clase de registro sobre sus patrimonios se encuentran funcionarios y exfuncionarios muy reconocidos para la gran mayoría de la sociedad.
Algunos de los dirigentes que no completaron lo que exige la ley son Ricardo Forster, integrante de Carta Abierta y extitular de la Coordinación Estratégica del Pensamiento Nacional, y Carlos Santiago Kirchner, primo del fallecido expresidente, quien ejerció como subsecretario de Coordinación de Obra Pública Federal bajo la órbita de Julio de Vido.
Abel Fatala, exmandamás de la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, que tenía como jefe directo al detenido exsecretario de Obras Públicas, José López, es también una de las personas que no cumplió con los requisitos requeridos.
A ellos se suman Ramón Puerta (embajador en España), Eugenio Burzaco (viceministro de Seguridad), Andrea Rabolini (hermana de la ex primera dama bonaerense), Daniel Sabsay (abogado constitucionalista), entre otros.
Las advertencias y los apuros
La titular de la Oficina Anticorrupción (OA), Laura Alonso, señaló que este año aumentó la cantidad de funcionarios que se pusieron en regla gracias a las advertencias públicas que desde el organismo se realizaron, meses antes de que se cumpliera el plazo exigido por la ley.
Para la funcionaria, la publicación parcial de una nómina hecha por el órgano de contralor, a principios de junio, sirvió para que aquellos que no querían exponer su patrimonio apuraran los trámites y completaran sus declaraciones juradas.
Una de las exigencias que marca la ley es que todas aquellas autoridades que cumplen diferentes funciones en el Estado nacional deben presentar en tiempo y forma sus bienes, para que cualquier persona pueda acceder a ellos a través de internet.
Estas presentaciones han servido como material para que la Justicia actúe en las denuncias por enriquecimiento ilícito contra dirigentes K, que no tuvieron forma de explicar su exponencial crecimiento patrimonial durante la década pasada.