El Gobierno señaló que dos de los seis fondos involucrados dieron el visto bueno. No así los otros cuatro, Paul Singer incluido. La propuesta contempla la emisión de nuevos títulos por u$s6.500 millones. El mediador Pollack destacó el buen trabajo de Luis Caputo y Marcos Peña.
El litigio con los buitres sigue sumando nuevos capítulos, luego de varios años de controversias y de fuego cruzado con el gobierno kirchnerista.
La actual gestión realizó la primera propuesta formal a los holdouts para ponerle -de una vez por todas- punto final al conflicto y así poder reinsertarse en el mercado internacional del crédito.
En principio, dos de los seis fondos más importantes que intervienen en el litigio (Montreux Partners y Dart Management) aceptaron la propuesta.
Como contrapartida -y tal como era de esperar- el fondo de Paul Singer se opuso (NML, que es el que ejerce mayor influencia) al igual que otros tres (Bracebridge Capital, Davidson Kempner y Aurelius, que a su vez negocia por Blue Angel y Olifant).
Según trascendió, cuando Macri supo que al menos el 20% de los acreedores le estaban dando luz verde el plan argentino, pero que los fondos Elliot y Aurelius querían boicotearlo, él mismo en persona llamó al mediador Daniel Pollack -designado por el juez estadounidense Thomas Griesa- para que lo ayude a que prospere.
Pollack se mostró muy receptivo y hasta le hizo un guiño en el sentido de que “iba a darle una mano” con Griesa, contándole la buena voluntad que notó para que se llegue a un entendimiento.
Esto, de por sí, dejó entrever un cambio significativo respecto a lo acontecido con el Gobierno anterior.
Por lo pronto:
– Pollack ahora deberá elevar la oferta a Griesa para ver si el magistrado la avala.
– En ese caso, se abriría un listado para que los acreedores se vayan anotando.
– El “número mágico” es 75% de aceptación.
– Esta cifra es la que indica la ley de bancarrota en los Estados Unidos para que un concurso de acreedores sea exitoso
– Griesa ya dio a entender en otras oportunidades que ese sería un buen número.
– Los acreedores, en ese caso, tendrán tiempo de anotarse hasta el 29 de febrero.
Una vez concluido este proceso (si el viento sopla a favor de la Argentina) parafraseando un viejo dicho, “el que no se anotó se embroma”.
Al “buitre mayor” se le pone difícil
Para los fondos que aún no aceptaron la situación se les pone difícil. Por un lado, dado que el Gobierno presentó una oferta “seria”, las presiones para que acepten serán mayores. Ya lo había avisado el secretario del Tesoro de EEUU y el vicepresidente estadounidense en reuniones con Alfonso Prat Gay y Maurcio Macri en Davos. Si Argentina ofrece algo sustentable habrá apoyo total de Washington.
Elliott, y el resto de los fondos más intransigentes ahora están más debilitados. Quisieron aplazar las negociaciones para seguir cobrando el taxi de los punitorios pero ya eso está a punto de acabarse.
¿Qué hará Singer? Negarse como lo hizo pero sabiendo que esa estrategia tiene corta vida.
En esta instancia, y con las palabras elogiosas que tuvo Pollack hacia Macri, Prat Gay y el resto del equipo económico, es plausible que Thomas Griesa -quizás por primera vez- juegue a favor de la Argentina.
En el caso de que las partes finalmente fumen la “pipa de la paz” y firmen un entendimiento, transcurrirían entre ocho y doce semanas para ponerle punto final al conflicto buitre.
¿Cuál es la propuesta?
La oferta implica una reducción de alrededor del 25% sobre los u$s9.000 millones que les reconoció la Corte de Nueva York, tras la sentencia del juez Thomas Griesa.
El acuerdo planteado por los funcionarios enviados a negociar, encabezados por Luis Caputo (Secretario de Finanzas) y Mario Quintana (Secretario de Coordinación Interministerial), contempla pago en efectivo de unos u$s6.500 millones, que surgirán de la emisión de nuevos títulos.
La estrategia oficial para por dejar atrás cuanto antes el conflicto con el fin de tener el camino más allanado para recibir inversiones, créditos y reactivar la economía.
Según informó la propia cartera dirigida por el ministro de Economía, Alfonso Prat Gay, “esta es la primera vez que Argentina hace una oferta formal a los holdouts”.
Esta aceptación se suma al acuerdo alcanzado días atrás con los 50.000 bonistas italianos de TFA, para saldar un pasivo de unos u$s900 millones en bonos.
“Representa el 15% de la deuda que quedó fuera de los acuerdos y el 30% de la deuda que se discute en los Estados Unidos”, dijo el titular del Palacio de Hacienda.
El secretario de Finanzas Luis Caputo, sostuvo que regresará a Buenos Aires desde Nueva York, luego de haber mantenido durante toda la semana reuniones con los fondos litigantes y con Pollack.
“Estamos contentísimos. Es la primera vez que hacemos una oferta en 15 años”, aseguró antes de emprender su regreso.
El secretario de Finanzas sostuvo que es “natural” que continúen las conversaciones con algunos de los acreedores siendo que “son muchísimos fondos, créditos, casos, y cada uno además con sus pretensiones”, aunque aclaró que la propuesta se mantiene para todos.
“Esta es la oferta y estamos teniendo muy buena aceptación, no sólo de dos de los fondos más difíciles sino de la mayoría de los `me too´”, expresó al tiempo que apuntó que continúan “a la expectativa”.
Respecto a la propuesta realizada por el Gobierno, la misma “implica una quita de alrededor del 25% sobre la sentencia, dependiendo de la alternativa que elijan los acreedores que participen en la misma”, dijo el Ministerio de Hacienda y Finanzas en un comunicado.
Además, la información oficial detalló que “se contempla el pago en efectivo con fondos provenientes de la emisión de nuevos títulos públicos de Argentina a ser colocados en los mercados de capitales”.
Según explicó Caputo, a los acreedores se les abonará al contado. “Se pagaría en el futuro con una operación de bonos pero no con bonos a los holdouts. A ellos la intención es darle cash. Eso va a generar un ahorro adicional al país.
Además, el plan se estructura en los siguientes puntos clave:
1. Oferta Base. Está orientada a los tenedores de títulos públicos que no cuenten con medidas cautelares Pari Passu. Se propone la reestructuración de títulos públicos mediante un pago equivalente al monto del capital original adeudado más un 50%.
2. Oferta Pari Passu. Los que sí cuenten con medidas cautelares podrán elegir, la alternativa anterior (Base) o bien esta opción, que se centra en dos puntos clave:
– 2.1: Por aquellos bonos asociados a una sentencia judicial (anterior al 1 de febrero de 2016) se pagará el 100% del monto original menos un 30%.
– 2.2: Por aquellos bonos en los que no se haya dictado una sentencia (a esa misma fecha), se pagará el valor devengado del reclamo menos un 30%.
Aunque se aclara oficialmente que ambos descuentos serán reducidos a 27,5% en aquellos acuerdos de reestructuración preliminares firmados hasta el 19 de febrero de 2016, inclusive.
Como contrapartida, el Gobierno aclaró a los tenedores de títulos públicos que participen de la propuesta presentada que deberán renunciar a todos sus derechos, sumas adeudadas y acciones judiciales derivadas de sus títulos públicos.
Además, informó que los montos de capital y/o intereses que hayan prescripto -conforme los términos contractuales y la normativa aplicable- no serán reconocidos.
Por lo pronto, esta propuesta deberá ser aprobada por el Congreso argentino para poder hacerse efectiva, así como de la resolución judicial que disponga el levantamiento de las medidas cautelares Pari Passu.
Señales desde Estados Unidos
“Tengo gran esperanza en que, con negociaciones continuas, también podrán resolver sus diferencias y alcanzar un acuerdo de principios con Argentina”, dijo Pollack desde Nueva York, donde se han llevado a cabo las negociaciones con los acreedores.
Además, el mediador designado por el juez Griesa reveló que habló por teléfono el viernes con el Presidente Macri y con Alfonso Prat Gay: “Ambos han mostrado valor y flexibilidad en un paso adelante para y hacer frente a este problema”, afirmó.
Puntualizó que fue una “negociación intensa, pero civilizada”.
También elogió la “importante contribución” de todo el equipo negociador argentino, entre quienes mencionó al secretario de Finanzas, Luis Caputo y al jefe de Gabinete, Marcos Peña, de quien dijo que “trabajó contrarreloj” desde Buenos Aires.
Enviados del Gobierno del presidente Macri y representantes de los fondos NML Capital, Aurelius y otros acreedores han negociado con total confidencialidad desde el lunes en las oficinas de Pollack en el centro de Manhattan.
Además, las gestiones argentinas tendientes a resolver el remanente de su deuda en default desde 2011 fueron calificadas como “muy alentadoras” por la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Christine Lagarde.
Si las negociaciones alcanzan un resultado “justo y balanceado que apoye el retorno de Argentina a los mercados financieros, y que restaure su posición, todo eso es positivo”, dijo Lagarde.
¿Cómo sigue el conflicto en Argentina?
Para poder quedar habilitado a acordar y a realizar futuros pagos, Macri necesitará dar dos pasos tan estratégicos como trascendentales en el Parlamento argentino:
– Derogar la Ley Cerrojo
– Derogar la Ley de Pago Soberano
Sin dudas, se trata de la primera pulseada del gobierno de Macri con la oposición.
El Gobierno necesita conseguir votos en los bloques peronistas. Y es posible que los obtenga negociándolos a cambio de brindar apoyo financiero a las distintas provincias que tienen sus cuentas en rojo.
La denominada Ley Cerrojo fue ideada en 2005 por el ex ministro de Economía Roberto Lavagna para asegurarse una alta aceptación al canje propuesto.
Apuntaba a reestructurar deuda en default nada menos que por casi u$s100.000 millones.
En uno de sus artículos más importantes, la iniciativa señala que el Poder Ejecutivo no puede reabrir el proceso de reestructuración.
En ese momento, logró una adhesión superior al 76% a su propuesta de pagar con bonos.
Luego, a fines de 2009, el Gobierno dio otro paso en el Congreso. Esta vez, para suspender por un año la vigencia de la Ley Cerrojo.
¿Para qué? Para invitar a todos aquellos inversores que no se habían adherido al canje anterior a sumarse a uno nuevo.
Así, entre las dos propuestas, se logró regularizar el 92% del pasivo. En tanto, quedaron afuera tenedores de unos u$s5.500 millones.
Según Federico Sturzenegger, presidente del Banco Central, la Ley Cerrojo debe derogarse sencillamente porque “La Argentina perdió su apelación en la Justicia de Nueva York”, al igual que la Ley de Pago Soberano.
En su visión, “le impide al país poder hacer las cancelaciones necesarias para retornar a los mercados internacionales de crédito”.
¿Qué especifica la ley de Pago Soberano? Propone a la Argentina y a Francia como lugares alternativos de cancelación.
Esto se hizo para esquivar el bloqueo impuesto por el juez Thomas Griesa al dinero que enviaba el Gobierno argentino a los Estados Unidos, con el fin de pagarle las cuotas de lo adeudado a todos aquellos bonistas que sí habían entrado al canje .
Patria, buitres y crédito
El gobierno de Cristina Kirchner había rechazado el fallo de Griesa quien, en julio de 2014, congeló una cancelación de u$s539 millones a bonistas reestructurados, es decir, que habían adherido a los canjes, provocando un default técnico de la Argentina que la alejó aun más de las plazas financieras.
Este conflicto mantiene al país aislado del crédito internacional desde hace casi cuatro años. Luego, bajo el lema “Patria o Buitres”, el kirchnerismo terminó sacando rédito político de la disputa. Y mal no le fue en ese plano. Claro que en el plano económico la situación es distinta.
Es que los problemas de déficit, inflación, caída de reservas, falta de dólares y de inversiones no se resuelven con “relato”. Es por eso que la nueva administración tiene como principal premisa resolver el conflicto buitre, al interpretar que es el único camino para que los capitales vuelvan a la Argentina y así el país pueda retornar al crecimiento.