Macri instruyó a Triaca a avanzar el año que viene sobre un proyecto de democratización de los gremios que ya preocupa a dirigentes.
La reforma política, que el Gobierno no pudo imponer, podrá tener el año que viene una prueba piloto riesgosa: los sindicatos. Mauricio Macri instruyó al ministro de Trabajo, Jorge Triaca, para explorar cambios en la metodología electoral de los gremios, inclusive con la aplicación de alguna modalidad de voto electrónico. La iniciativa, en estado embrionario, ya provocó inquietud en dirigentes como los de las organizaciones de la CGT que, en general, superan holgadamente las dos décadas de mandato sin miras de recambio posible.
El proyecto cobró empuje en los últimos días luego de que Macri recibiera a Triaca -como parte de una ronda de consultas con sus ministros para realizar un balance del año y establecer prioridades para 2017- y quedara seducido con la idea de apuntalar la democracia interna en los sindicatos. Se trata de un objetivo postergado desde 1983, cuando Raúl Alfonsín fracasó en poner en práctica la denominada “ley Mucci” y que en los años siguientes quedó sistemáticamente de lado por la presión de los dirigentes de los gremios más tradicionales. Los mismos con los que Macri brindó la semana pasada en Olivos.
En el Gobierno existe una doble intención relacionada con el modelo de representación sindical: por un lado, desde la actual gestión se redujo al mínimo el reconocimiento de nuevos gremios (la denominada “simple inscripción”) para evitarles a los más establecidos e históricos una eventual competencia. Por otro, de manera recurrente toman velocidad planes de generar instancias de mayor democratización y transparencia internas. Uno de los funcionarios involucrados explicó que el objetivo no es contradictorio sino que apunta a restringir el número de organizaciones gremiales y estimular que las líneas internas peleen con reglas de juego claras dentro de las ya existentes.
El plan quedó a cargo de la Dirección Nacional de Asociaciones Sindicales. Su titular, Horacio Pitrau, le confirmó a este diario que “la idea del Presidente es transparentar lo más posible todos los procesos” relacionados con el gremialismo. En ese sentido, explicó que en su propia área este año se aplicaron mecanismos “de firma electrónica” y dijo que “se buscará reconvertir todo lo que esté en papel a formato electrónico”. “A partir de marzo va a haber reuniones con los sindicalistas para avanzar en estos procesos y darle el mejor uso posible a la tecnología”, adelantó.
La instauración del voto electrónico, o de un sistema de boleta única con un chip como se intentó a nivel nacional, se perfila como el punto más revulsivo para una dirigencia sindical que, en algunos casos, todavía envía información a través de equipos de fax. Otros gremios, como la Federación de Sanidad (Fatsa), en cambio, votan a través de un sistema electrónico desde hace doce años, aunque las innovaciones tecnológicas no son norma en el sector.
Para aminorar la eventual reacción negativa de la dirigencia se intentará comenzar con los cambios en ítems menos problemáticos a transparentar como los expedientes de inscripciones y de información administrativa de las organizaciones. En cambio, no está previsto poner sobre la mesa las declaraciones juradas de los sindicalistas, un proyecto que había encabezado una actual funcionaria de este gobierno, Patricia Bullrich, cuando ocupaba la cartera laboral durante la fallida gestión de la Alianza.
El plan deberá ser negociado por los funcionarios con el elenco estable de abogados de la CGT que integran Federico West Ocampo, Alberto Tomassone, Marta Pujadas, Pablo Smurra, Horacio Ferro y Hugo Antonio Moyano, el hijo abogado del líder camionero. Desde la CTA, el letrado con más experiencia de esa central alterna, Horacio Meguira, auguró dificultades para la aplicación de los cambios: “Si van a imponer un sistema electoral en los gremios será una violación al convenio 87 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo), que consagra la facultad de cada sindicato de dictar sus propios estatutos. Y si es por buscar un acuerdo con los grandes sindicatos, dudo que vayan a aceptar porque la gran mayoría está basado en distintos sistemas de fraude”, alegó.