El partido de la premio Nobel de la Paz llama a la población a rechazar el levantamiento. Las Fuerzas Armadas justifican su acción como “respuesta a las denuncias de fraude” en las últimas elecciones.
El Ejército de Myanmar (antigua Birmania) ha declarado el estado de emergencia durante un año y se ha hecho con el poder, que ya ostentó de 1962 a 2011, en un golpe de Estado en el que ha detenido esta madrugada a la líder de hecho del Gobierno de Myanmar, Aung San Suu Kyi, de 75 años, y al presidente del país, Win Myint. Han quedado arrestados también líderes estudiantiles, dirigentes étnicos y diputados de la Liga Nacional Democrática (NDL, en sus siglas en inglés), el partido de Suu Kyi, que había repetido una amplia victoria en las elecciones del pasado 8 de noviembre. En un comunicado distribuido por las redes sociales, esta formación ha instado al pueblo birmano a no aceptar el golpe y a protestar públicamente, y ha denunciado la acción militar como una “vuelta del país a la dictadura”.
Como presidente interino queda el hasta ahora vicepresidente Myint Swe, nombrado para aquel cargo por las Fuerzas Armadas; el control de los mandos estará en manos del jefe del Estado Mayor, Min Aung Hlain, según la cadena de televisión del Ejército.
Este lunes, se encuentran cortadas las líneas telefónicas del país, aunque Internet aún funciona. La televisión estatal está suspendida y solo opera el canal de la emisora militar Myawaddy, según el periódico The Irrawaddy. La cadena del Ejército ha asegurado que los militares han tomado el control en respuesta a lo que considera un grave fraude electoral en las elecciones de noviembre. El Tatmadaw (ejército) ha justificado su acción con el artículo 417 de la Constitución de 2008 vigente en Myanmar, redactada por los militares. Ese apartado permite la intervención del ejército “para impedir la desintegración de la Unión” birmana.
“Es un intento de golpe militar, aunque el ejército birmano puede afirmar que no lo es”, había declarado a ese periódico tras las detenciones el portavoz de la NLD, Myo Nyunt, que asegura también que los militares han “obligado” al presidente a convocar una reunión urgente de seguridad nacional para que les “entregue el poder de manera oficial”. La Constitución de 2008 vigente en Myanmar, redactada por los militares, contempla que el presidente sea la única persona que puede declarar el estado de emergencia y entregar el poder a las Fuerzas Armadas.
Win Myint es un aliado de Suu Kyi, consejera de Estado. La premio Nobel de la Paz no puede alcanzar la presidencia porque la Carta Magna veta el puesto a quienes tengan hijos con nacionalidades extranjeras.
La ola de detenciones ha ocurrido solo horas antes del comienzo previsto, este lunes, de la primera sesión del Parlamento resultante de las últimas elecciones. Ocurre también tras una escalada de las tensiones entre el Gobierno civil y los militares después de que las Fuerzas Armadas lanzaran lo que se percibió como una amenaza de golpe si el Ejecutivo no tomaba medidas contra el supuesto fraude masivo en aquellos comicios.
El domingo, el Tatmadaw había emitido un comunicado en el que justificaba su posición y “negaba categóricamente” que quisiera impedir la transición democrática en el país: “Fueron los militares quienes encaminaron este país por la senda de la transición democrática desde que redactaron la Constitución de 2008”, sostuvo. “No es el resultado de las elecciones lo que objeta”, sino “el proceso de las elecciones de 2020, con más de 10,5 millones de posibles casos de fraude”, aseguró.
Con este golpe, Myanmar vuelve al control del ejército 10 años después de la disolución de la Junta Militar para dar paso a la transición hacia la democracia que tendría su mayor hito en las elecciones de 2015, en las que la NLD de Suu Kyi se impuso por aplastante mayoría.
Pese a la celebración de elecciones, y los triunfos sucesivos de la NLD, el ejército ha retenido un importante control del país, amparado en la Constitución. La ley birmana reserva el 25% de los escaños en el Parlamento a los militares, que cuentan con poder de veto sobre las enmiendas legislativas. Las Fuerzas Armadas también se reservan los ministerios de Interior, Defensa y Fronteras.
La NLD mantiene dentro del país la popularidad que la propulsó a la victoria en las dos citas electorales, aunque Aung San Suu Kyi ha sufrido un grave desprestigio entre la comunidad internacional debido a su inacción en la represión contra la minoría rohinyá. En las elecciones de noviembre, la NLD se hizo con el 83% de los 476 escaños en el Parlamento, mientras que el partido de los militares, el Partido de la Solidaridad y Desarrollo de la Unión (USDP) solo consiguió 33 escaños. La Comisión Electoral nacional ha negado que se produjera fraude en esos comicios.
Aunque la posibilidad de un golpe ya circulaba desde hace días, el director del programa del sureste asiático del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos (IISS), Aaron Connelly, sostiene que la acción militar “no era del todo de esperar”. “Durante mucho tiempo pareció que el ejército estaba contento con el acuerdo con el Gobierno y la Constitución que promulgaron en 2008, que les permitía tener una cara más amable como la de Suu Kyi al frente, pero continuar apoyando las mismas políticas”, ha manifestado Connelly.
“Mi teoría en este momento es que, aunque el ejército anticipó que podrían perder comicios contra la NLD ―y con ello en mente redactaron la Constitución actual, que impide a Suu Kyi ser presidenta oficialmente―, después del humillante resultado que obtuvieron en las últimas se han dado cuenta de que puede que no ganen nunca más unas elecciones”, apunta el experto.
En la legislatura que se iniciaba, Suu Kyi y su partido tenían como objetivo promover la reforma constitucional. También era clave el proceso de reconciliación con las decenas de guerrillas que luchan por la autonomía dentro del país. En un comunicado, el Gobierno de Estados Unidos ha instado a respetar el resultado de las elecciones de noviembre y a no impedir el proceso de transición democrática de Myanmar. El presidente Joe Biden ha sido informado sobre la situación.
La ONG Human Rights Watch ha exigido por boca de su director para Asia, Brad Adams, la puesta en libertad de Suu Kyi y el resto de detenidos y ha sostenido que “las acciones de los militares muestran su absoluto desprecio por las elecciones democráticas de noviembre, y el derecho del pueblo de Myanmar a elegir su propio Gobierno”. “Nos preocupa especialmente la seguridad de los activistas y otros críticos de los militares que puedan haber quedado bajo custodia”, ha agregado.