La diputada de la Nación avisó que elevará un reclamo sobre los fondos destinados a las obras sociales durante el primer trimestre del año. “La pandemia no puede funcionar como un blanqueo para los corruptos”, expresó.
Graciela Ocaña, diputada de la Nación por el Pro, y ex ministra de Salud de Cristina Kirchner, anunció que exigirá al Ejecutivo Nacional la inmediata intervención de la Obra Social de Camioneros a través de un pedido de informes que presentará el lunes: reclamará al Poder Ejecutivo un reporte “sobre el fondo total destinado a todas las obras sociales desde el 1º de enero hasta el 3 de abril de 2020”. Lo hizo en el programa La Cornisa que conduce Luis Majul por La Nación+.
Concretamente, la diputada solicitará explicaciones sobre una serie de puntos: que se especifiquen los montos por obra social y fecha de entrega de fondos, que se detalle qué parámetros se tomaron en cuenta para la distribución de fondos, se informen la cantidad de afiliados que tiene cada obra social y a cuáles se le transfirió el dinero, desagregando por obra social, se informe el monto total existente en el Fondo Solidario de Redistribución pendiente a repartir entre las obras sociales sindicales y se brinde información sobre el destino que se le da a esos fondos hasta que se distribuyen.
“Fue una vergüenza lo que se hizo. La pandemia no puede funcionar como un blanqueo para los corruptos. Esta obra social está en riesgo. La Superintendencia de Servicios de Salud sabe que está descapitalizada, que no puede funcionar y que debe ser intervenida por el Estado”, denunció Ocaña en la entrevista incluida en el informe de La Cornisa. “Le entregaron 240 millones de pesos a la obra social de Camineros, investigada por corrupción en la justicia federal, por lavado y negociados de la familia Moyano”, agregó.
La reflexión de la diputada se interpreta en el marco de la reinauguración del sanatorio Antártida del barrio porteño de Caballito, perteneciente al Sindicato de Camioneros y que en los últimos once años fue inaugurado dos veces: en 2009, por Moyano junto al entonces ministro de salud, Juan Manzur y en 2018, junto al ministro de Trabajo, Jorge Triacca y el vicejefe de gobierno de la Ciudad, Diego Santilli. Aún sin la habilitación, recibió un permiso especial por el gobierno porteño mientras dure la emergencia sanitaria. Tras un convenio entre el gobernador Axel Kicillof y el propio Moyano, los pacientes bonaerenses afectados por el coronavirus podrán ser atendidos en el sanatorio ubicado en la avenida Rivadavia.
“Hugo es un dirigente gremial ejemplar. Los empresarios no lo quieren porque cuida a los suyos; nunca cedan, sean como él”, dijo Alberto Fernández en un acto reciente en referencia al líder sindical. También dijo que el dirigente de Camioneros es “inmenso” y apuntó contra quienes “les quisieron hacer creer a los argentinos que el problema eran los dirigentes políticos y los sindicalistas”. “El problema de la Argentina son los que creen que sobra gente, no los que creemos que todos tenemos un lugar. El problema son los que especulan y no creen en construir un país trabajando y produciendo”, exclamó el presidente.
En el informe publicado por el programa de Luis Majul, también participó Florencia Arietto, quien sigue las causas contra Moyano. La abogada penalista afirmó: “Lo que pasó con la inauguración del sanatorio es todo irregular. Una semana antes de que Moyano pusiera a disposición el Antártida recibió más de 250 millones de pesos que no le corresponden por la cantidad de afiliados que tiene su obra social. Fue discrecional el pago del Fondo Solidario que le dieron desde la Superintendencia de Servicios de Salud”.
“El gobierno usó esos fondos como una forma de pagarle a Moyano el uso de ese sanatorio con el acto político de la inauguración. Moyano no hace nada gratis. Hizo esta movida después de haber recibido más dinero del que le correspondía a su obra social en perjuicio de otras”, agregó la ex funcionaria en Seguridad.