Graciela Pera de Díaz es madre de Matías, un joven que fue asesinado mientras trabajaba en una casa de computación en el 2004, y debió buscar incansablemente a las personas que podían darle elementos para que avance el juicio: “fui prácticamente todos los días a buscar pruebas”, contó en la 99.9.
La historia de Graciela Pera de Díaz, ha tenido un impacto fuerte a nivel nacional por la lucha que debió llevar adelante para encontrar a los asesinos de su hijo ante la pasividad del sistema judicial. Matías fue asesinado a balazos cuando ingresaron a robar en la casa de computación donde trabajaba. Allí, en ese 2004, empezó un largo camino para su mamá que incluyó momentos muy difíciles.
Así lo relató en la 99.9: “caí en una depresión muy grande, estuve casi 3 meses en cama, bajé muchísimo de peso y no me quería levantar. Después hubo un click porque vi que no avanzaba la cuestión. A partir de ahí me fui casi todos los días a buscar pruebas”.
A partir de ahí, empezó un largo camino en búsqueda de los testigos que puedan darle claridad a la situación: “había una testigo de identidad reservada que había declarado muy poquito porque tenía miedo y la pude encontrar, hablé con ella y logré llevarla a la fiscalía. La convencí después de tres meses y amplió a cuatro carillas donde fueron sacando nombres y datos exactos. Ahí empezó a caminar más la causa”.
No terminó su camino en ese lugar, porque siguió incansablemente buscando todos los días las herramientas para que el fiscal pudiera actuar. “Después me encontré con una señora que vivía en la villa y había ido a ver a su hijo en Sierra Chica donde estaba preso por un hecho posterior al crimen de mi hijo. Como estaba muy sólo le confesó a su mamá que había matado a mi hijo”. Le costo un tiempo, pero finalmente pudo llevarla ante los jueces: “muchas veces me hacía pasar por asistente social y entré a la villa. En enero de 2005 la encontré y me confesó eso mientras la estaba grabando. Después de tres años, la llamaron a declarar y no sabían porque era. Ella negó todo y nos pusieron en un careo, después de una hora se quebró y confesó”.
También convenció a una persona que había visto a los delincuentes de que brindara herramientas claves para la identificación positiva de los asesinos: “otro testigo había visto un tatuaje en el brazo de uno de los asesinos que era un enanito fumando marihuana. Uno de los que asesinó a mi hijo había estado 3 años y 8 meses preso por robar un banco con arma de guerra. Estuvo afuera un mes y medio hasta que asesinó a mi hijo. A ese hombre lo llamé durante 30 días consecutivos todos los días a la misma hora. No se si lo volví loco o qué, pero se presentó a declarar”.
Todos estos pasos los tuvo que hacer con la justicia mirandola y teniendo la suerte de haber encontrado un agente fiscal que le dio respaldo y tomó con seriedad todos los datos que Graciela le acercaba: “el fiscal que me tocó es buena persona y cuidó la causa al extremo para que no se vicie de nulidad y se caiga el juicio. Lo que falla acá son las leyes. Las víctimas tenemos una desigualdad tremenda con el victimario. Desde el momento que tenemos que ir a buscar a nuestros hijos a la morgue no tenemos un psicólogo ni un abogado de oficio como tiene el asesino. Las víctimas que sufrimos la desgracia tenemos que pagar un abogado penalista que es carísimo. Tuve la suerte de encontrar este fiscal que pensaba y analizaba todo lo que le traía yo”, señaló.
A medida que fue avanzando en la búsqueda de justicia se dio cuenta que el sistema judicial está funcionando de una forma atroz: “en provincia de Buenos Aires, cuando termina el juicio oral, antes de la ejecución de pena el artículo 52 del código penal hace que prescriba la reincidencia. El asesino de mi hijo, que es reincidente, por todas las chicanas procesales como le digo a las apelaciones, hace que prescriba y por lo tanto le corresponde la libertad condicional”, ejemplificó.
No hay un sólo culpable, son muchos los responsables de esta situación, pero la ideología de Zaffaroni fue el punto de partida para este presente donde suceden cosas increíbles en torno a las decisiones judiciales: “en las Universidades hubo un lavado de cerebro con el abolicionismo. Es destruir el derecho penal, confunden garantismo con abolicionismo”, finalizó.