El juez avaló el pedido de holdouts que reclamaron cobrar a la par de los fondos buitre que ganaron un juicio contra el país por US$ 1760 millones.
El juez Thomas Griesa amplió el alcance del mandato judicial “pari passu” a bonistas del universo de holdouts conocidos como los “me too”, una decisión que eleva el monto de la deuda impaga que deberá negociar la Argentina para salir del “default técnico” a unos US$ 8000 millones.
Tal como se esperaba, Griesa validó los argumentos de un grupo de litigantes, liderados por el fondo buitre NML, y aceptó un pedido para extender la orden judicial que dictó en 2012 a otras 49 demandas -de 51 que se han presentado hasta el momento- de fondos de inversión y ahorristas ( “me too”) que elevan en unos 6150 millones de dólares la sentencia original de US$ 1760 millones de la “saga pari passu”.
En una orden de 14 páginas que acompañó su decisión, Griesa rechazó uno a uno los argumentos planteados por los abogados del país, del estudio Cleary, Gottlieb Steen & Hamilton, al afirmar que “cumplir con la orden judicial no es imposible”; que su decisión “no es injusta con los bonistas estructurados”, y que la Argentina “ha demostrado repetidamente que puede pagar sus deudas cuando elige hacerlo”.
El nuevo fallo desfavorable, que será apelado, pone a los “me too” junto a la par de los fondos NML, Aurelius Capital, Olifant, Blue Angel y los 13 ahorristas argentinos que abrieron la demanda “pari passu” original. NML, Aurelius y Blue Angel son, a la vez, demandantes originales y “me too”. Dentro de este último grupo aparecen otros fondos buitre, como EM, de Kenneth Dart.
Con el mandato “pari passu” en mano, los demandantes originales y “me too” podrán sentarse a la mesa de negociaciones que liderará el special master, Daniel Pollack, en igualdad de condiciones, con los mismos derechos otorgados por Griesa.
La decisión del juez, ampliamente anticipada aquí, fija un techo para los reclamos de los demandantes de cara a las negociaciones que afrontarán con el próximo gobierno, sea de Mauricio Macri o Daniel Scioli, puesto que ambos buscarán un acuerdo definitivo por la deuda. El mercado, según indican los precios de la deuda argentina, prevé un entendimiento en algún momento del año próximo. Ese acuerdo deberá contar con la aprobación del Congreso. Griesa volvió a mostrar su malestar con el Gobierno en su escrito por el incumplimiento de sus sentencias judiciales. La Casa Rosada ha dicho, en reiteradas ocasiones, que las considera “excesivas e injustas” con el 92% de bonistas que canjearon sus títulos en 2005 y 2010.
“La República no ha hecho nada en años recientes para aliviar las preocupaciones del tribunal”, escribió el juez. A lo sumo, indicó luego, “ha escalado su maniobra” de intentar hacer pagos de bonos reestructurados sin pagarles nada a los bonistas que todavía poseen títulos en cesación de pagos del prospecto de 1994.
No fue la única frase del juez en contra de la Argentina. “Los argumentos de la República en relación con su capacidad para pagar todas sus deudas en su totalidad son inútiles. Nada en este orden requiere -o coacciona- a la República a pagar a los demandantes; nada en absoluto”, señaló Griesa.
La Argentina había argumentado ante el juez que el mandato judicial “pari passu” golpeaba los intereses de los bonistas del canje, puesto que no podían cobrar sus bonos, y que el país no podía pagar al contado porque no contaba con reservas suficientes. Robert Cohen, abogado de NML, había hecho hincapié en la audiencia que la orden judicial no forzaba al país a pagarles nada a los demandantes, siempre y cuando tampoco lo hiciera con los bonistas. “La República lamenta que no tendrá más opción que dejar de pagar si es sujeta a una orden judicial que le exige pagar a todos los demandantes si quiere pagar a los tenedores de bonos estructurados. Pero este argumento ignora el hecho obvio de que la República ya ha elegido dejar de pagar sus bonos estructurados”, interpretó el juez. “Conceder la moción a los demandantes aquí por lo tanto no causa ningún nuevo daño que pueda alterar las equidades”, agregó.
Griesa además validó un argumento de NML: la Argentina no necesita pagarles a los demandantes, si brinda “el mismo trato a otros tenedores de su deuda externa”. Cohen celebró la decisión del juez con un razonamiento similar. “La decisión de hoy no cambia el tamaño de las obligaciones de la Argentina”, interpretó.