Así lo aseguró el diputado Guillermo Castello en la 99.9 agregando que los delitos que pretenden que se investiguen son los de “posible comisión de Atentado contra el orden público, delegación y retardo de justicia, encubrimiento agravado y violación de los deberes de funcionario público”. Además, remarcó que “entre los antecedentes hacemos referencia al Caso Hooft o Campagnoli, que fueron persecuciones que tuvieron que ver con Justicia Legítima”.
La Coalición Cívica ha presentado ante la justicia una denuncia penal apuntada contra la Procuradora General Alejandra Gils Carbó donde buscan que investiguen las actitudes que han tomado los fiscales en la agresión que sufrió el presidente Mauricio Macri y la gobernadora María Eugenia Vidal en Mar del Plata: “queremos que se investigue la posible comisión de Atentado contra el orden público, delegación y retardo de justicia, encubrimiento agravado y violación de los deberes de funcionario público. Queremos que se investiguen las irregularidades del juez federal Alfredo López”, dijo el diputado marplatense Guillermo Castello en la 99.9.
Como una de las personas que acompañó en la denuncia a Elisa Carrió, el legislador agregó que “creemos que obstaculizaron y desviaron la investigación y puede tener que ver con la inclinación política tanto de la procuradora como de los fiscales que forman parte de Justicia Legítima. Entre los antecedentes hacemos referencia al Caso Hooft o el caso Campagnoli, que fueron persecuciones que tuvieron que ver con Justicia Legítima”.
Como novedad, el juez López denunció también que sufrió vigilancia ilegal y podría provenir desde la Agencia Federal de Inteligencia. Lo que habían propuesto desde la Coalición Cívica era la cancelación del accionar de la AFI: “pedimos que desaparezca. Hay que dejar sin efecto la inteligencia argentina que en los últimos 12 años se limitó a perseguir a políticos, periodistas y demás. Nos sacan plata de los impuestos y no hacen lo que deberían que es investigar el narcotráfico, la corrupción o el terrorimos. Hoy la AFI no sirve para nada y está demasiado metida en la política”, indicó Castello.
Paralelamente, además de esta grave denuncia, presentaron un proyecto para que sea tratado en el Congreso cambiando la participación de las víctimas de delitos en los procesos penales, una de las grandes falencias de la justicia en la actualidad: “hemos presentado un proyecto novedoso y original que pone a la víctima de los delitos en el centro de la escena. Proponemos reformas en el Código Procesal Penal y en la Ley de Ejecución Penal que legitiman procesalmente a las víctimas. Se las notifica de la concesión de la libertad condicional del victimario, se le da intervención en el proceso de ejecución de la pena, se la habilita a apelar decisiones del juez de ejecución, a pedir la revocatoria de la libertad condicional o asistida, se lo incorpora a las audiencias donde se dictan salidas transitorias y se le da intervención en los pedidos de detención domiciliaria”.
Luego agregó que “la víctima tiene que dejar de ser de palo, no puede suceder que se entere de que el victimario está libre cuando se lo cruza por la calle”.