Gustavo Gil de Muro, Secretario del Área Legal y Técnica en Gral. Pueyrredón, habló sobre la audiencia a la que asistió en relación a la demanda realizada por el Consejo de la Niñez. Remarcó el hecho de que no tienen ni personería ni validez de las autoridades para efectuar el reclamo, pero que hasta el 9 de agosto se abrirán espacios de diálogo, según lo determinado por la jueza. También aseguró lo que subyacer en la demanda es una discusión laboral y política.
Gustavo Gil de Muro dialogó con la 99.9 acerca de la audiencia a la que asistió en relación al amparo realizado por el Consejo de la Niñez. En primer lugar, remarcó que este organismo “carece de legitimidad principalmente porque es un órgano municipal que está creado para actuar dentro de la órbita del municipio, por lo cual no es un sujeto de derecho, y no puede demandar al intendentes o a sus funcionarios. Pero tampoco tiene personería porque el mandato de las autoridades caducó en el 2014“. En este sentido, describió como satisfactoria a la audiencia, ya que quedó demostrada la falta de legitimidad de los amparistas cuando una de sus abogadas “reconoció inclusive que habían recurrido a esa vía porque había falta de diálogo“.
Gil de Muro expresó su convicción de que “la justicia actuó de buena fe y sin advertir que detrás de esto hay una intencionalidad política“. Explicó también que la jueza ha “convocado a las partes nuevamente al 9 de agosto, para que en este tiempo se profundice el diálogo y se pueda ir regularizando el funcionamiento de este consejo local“. Se mostró, a este respecto, abierto a generar mesas de diálogos, de las que participarán las autoridades de cultura y educación que correspondan, y también remarcó la necesidad de ir regularizando la situación del consejo. “En estos días la gente de cultura y la educación van a tener reuniones con las personas del consejo local para ponerlos al tanto. Lo que ha pedido la jueza es profundizar el diálogo y ponerlos a tanto sobre los programas que se vienen realizando“.
En cuanto al reclamo, Gil de Muro aseguró que la cifra de 13.200 chicos que se verían afectados no es posible de acreditar, y que no se sabe de dónde la obtuvo el Consejo. Por eso, está convencido de que “subyace una cuestión de fondo, que yo creo que es lo que motiva todo esto, que es el trabajo de los capacitadores. Hablan de que quieren que vuelvan a trabajar la misma cantidad de capacitadores que lo hacían al mes de diciembre del 2015“. Sin embargo, explicó que la única preocupación de la jueza es que los talleres se den y estén destinados a los niños, por lo que, si esto es así, no juzgaría el tema de los capacitadores. “Si el intendente decide no tomar capacitadores porque el personal municipal está en condiciones para ofrecer ese servicio la jueza no tiene ninguna objeción al respecto“.