El director del Isepci, Isaac Rudnik, habló en la 99.9 sobre el pedido formal que elevaron para que el gobierno de a conocer las cifras oficiales de pobreza en Argentina y los precios sobre los cuáles calculan los índices inflacionarios: “los argumentos avanzan en una línea de autoritarismo. La situación es cada vez más flagrante y evidente”, indicó. 
Habitualmente el gobierno nacional oculta la información que recoge y sobre todo lo ha hecho últimamente con los niveles de pobreza en Argentina que desde hace un tiempo a esta parte, no se informan.
Incluso ante los pedidos formales, la respuesta es negativa. Eso lo denunció en la 99.9 Isaac Rudnik, director del Isepci y que recordó el camino recorrido para solicitar números oficiales: “la semana del 5 de agosto hicimos una presentación al ministerio de Economía que devenía de un Habeas Data que había presentado Victoria Donda para que el gobierno proveyera los datos de pobreza y los precios sobre los cuáles calculo los índices inflacionarios”, explicó.
Si bien pasó un tiempo prudencial hasta que llegó la respuesta, finalmente pudieron tenerla en sus manos pero los argumentos elegidos para la negativa no eran los mejores. “Fuimos con la presentación judicial al ministerio y la semana pasada hubo una respuesta en la que hay algunos argumentos que son verdaderamente raros”, señaló.
En cuanto al detalle, puntualizó que “una cuestión es que si estamos pidiendo información de estas características, tratamos de hacer una gobernabilidad en forma directa, lo cuál estaría reñido con los principios de la democracia representativa que nos rige. Esa es una de las insólitas líneas argumentales”. Luego abundó: “hay otra que tiene su base en la reglamentación para el Indec al que le da la prerrogativa para que lleve adelante la estadística con los cambios metodológicos que sean convenientes para que sea lo mejor posible”.
Al respecto, Rudnik aclaró que “nosotros no cuestionamos eso, pero simplemente pedimos que esas modificaciones metodológicas y los resultados de esos procesos estadísticos sean publicados. No discutimos la metodología”.
No quedó allí la explicación y esgrimieron una tercera línea argumental donde se indica que “como está el pedido hecho desde una diputada, implica una injerencia de un poder sobre otro. En realidad hay un decreto-ley implementado por este mismo gobierno donde se reglamenta el acceso a la información pública y se indica que nadie debe acreditar ningún interés particular para solicitar la información que crea necesaria del accionar del Poder Ejecutivo”.
La conclusión que sacan es que siguen sin dar a conocer los números reales de la pobreza en Argentina y no están interesados en hacerlos públicos tampoco: “Los argumentos avanzan en una línea de autoritarismo. La situación es cada vez más flagrante y evidente. Hubo argumentaciones de todo tipo pero hace 20 meses que no se publican los índices de pobreza y no hay anuncios de que en un plazo determinado se vuelvan a publicar”.