Los fondos pertenecen a los embargos en causas iniciadas entre 2016 y la actualidad en donde la Oficina Anticorrupción es querellante. El temor a que se paralicen los expedientes por un eventual cambio de gestión.
El Gobierno quiere recuperar el dinero involucrado en causas de corrupción. Un informe de la Oficina Anticorrupción (OA) aceptada como querellante en diferentes expedientes que involucran a la anterior gestión, determinó que desde 2016 hasta este año, los embargos ordenados asciende a 483.115 millones de pesos, equivalentes a casi 8.524 mil millones de dólares. Entre los principales acusados se encuentra Cristina Kirchner, Julio De Vido, José López, Ricardo Jaime, Amado Boudou, Lázaro Báez, Cristóbal López, entre otros.
La OA realizó un informe del período 2016- 2018 y recientemente otro del año en curso, respecto de los embargos trabados en las causas por corrupción en las que intervino y en algunos casos, aún interviene como querellante. La sumatoria de los dos análisis confeccionados por el organismo que conduce Laura Alonso y a los que accedió Clarín, arrojan una cifra de 205 mil millones de pesos.
La cifra es elevada, pero sólo corresponde a las causas donde intervino la OA. Si se consideran otros organismos del Estado como la Unidad de Información Financiera (UIF) y la AFIP, el valor sería aún más elevado. Por ejemplo, el informe de gestión del organismo antilavado que conduce Mariano Federici, determinó que los bienes cautelados por la Justicia” en relación a delitos por lavado de dinero ascienden a 500.000 millones de pesos (cerca de 11.000 millones de dólares).
El Gobierno busca recuperar lo antes posible los fondos de la corrupción porque hay temor que con un cambio de Gobierno todo se paralice. En el kirchnerismo ya han apuntado contra la titular de la OA Laura Alonso. Incluso el candidato a presidente Alberto Fernández dijo en una entrevista que Alonso es “la encubridora del Gobierno más que la investigadora del kirchnerismo, porque además no es abogada y no entiende de lo que habla. Fue un despropósito nombrarla, la pusieron en un mal lugar”.
Más alla de eso, los números de la corrupción son llamativos. Respecto a los expedientes de este año, se calcularon las siguientes cifras. En la causa donde se investigó a Julio De Vido, José López, Roberto Baratta, Carlos Ben, Oscar Biancuzzo, Carlos Wagner, Jorge “Corcho” Rodríguez, entre otros por direccionamiento de contratos a favor de Odebrecht y el pago de sobornos de la firma, hay embargos trabados por $ 4.073 millones.
Una de las investigaciones vinculada a los Cuadernos de las Coimas donde está ampliado el procesamiento contra Cristina Kirchner, el empresario Gerardo Ferreyra y Roberto Baratta, se aplicaron embargos por $305 millones. Otra de las conexas al expediente donde la ex presidenta está procesada y enviada a juicio como jefa de una asociación ilícita que se dedicó a la recaudación de fondos ilegales se fijó otro embargo de $ 1.320 millones.
Cifra superior, $ 3.400 millones, corresponde a los embargos trabados en otro de los desprendimientos de la investigación que comenzó con los ocho cuadernos que escribió el ex chofer Oscar Centeno. En la cartelización de la obra pública que es parte de los Cuadernos, se aplicaron medidas cautelares por $ 159.512.000.000.
Esta suma analizada en los expedientes del año en curso, arroja más de 168 mil millones de pesos.
A esto debe sumarse las cifras incluidas en los expedientes que conforman el informe anual de 2018. Allí, se expuso que los embargos dispuestos en la causa enviada recientemente a juicio oral donde se acusó a Julio De Vido por desviar fondos que debían aplicar a la mina de carbón de Río Turbio, se trabaron embargos por 3.126 millones de pesos. En el primer tramo de Cuadernos elevado hace pocos días por el juez Bonadio a juicio oral, y cuyo procesamiento inicial se dictó el año pasado, el dinero cautelado asciende a $ 11.721 millones.
Por otro lado, en el caso de Skanska II donde se investigaron los gasoductos a cargo de Odebrecht, las cifras son de $ 4 millones, mientras que en el primer tramo de AysA obras en manos de la firma brasileña con socias locales y donde se investigó el direccionamiento del contrato, se trabaron embargos por 13.676 millones.
La parte del informe referida al año pasado sobre los embargos en la causa Hotesur (firma hotelera de la familia Kirchner) suman $ 9.045 millones. Y para el caso que investiga la ruta del dinero que se aplicó para la compra de la ex calcográfica Ciccone, se ordenaron medidas por $ 2,8 millones.
Así, sólo durante el 2018 se estimaron embargos en estos expedientes por corrupción por más de $ 37.000 millones.
Hay más. El informe incluye el dinero cautelado en causas durante 2016 y 2017.
Los embargos dispuestos en ese periodo por jueces de instrucción en la causa Vialidad y en el supuesto enriquecimiento ilícito de José López ascienden a un total de 75.280 millones de pesos. En las causas de la ruta del dinero K y del supuesto enriquecimiento ilícito del ex secretario de Transporte Ricardo Jaime, las medidas cautelares firmadas en 2018 llegan a 212.255 millones de pesos. El expediente por la fuga y repatriación de 60 millones de dólares de Lázaro Báez es el que tiene la cifra más grande porque la ley de lavado aplica embargos de 2 a 10 veces del dinero blanqueado.
El total de las sumas de los embargos de esos cuatro años asciende a aproximadamente 483,115 millones de pesos, equivalentes a casi 8.524 mil millones de dólares.