El Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, el Dr. Marcelo Honores, indicó en la 99.9 cuáles fueron las conclusiones a las que han arribado a través de las cifras emanadas por el Observatorio contra la Violencia de Género: “no alcanzan los recursos del estado para resguardar y evitar las consecuencias de todo esto”.
La Violencia de Género se ha tornado un tema central en nuestra sociedad y en el Día Internacional de la Mujer, organismos como la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, aprovecharon la ocasión para hacer foco en el incremento de las denuncias. El titular de dicha entidad, el Dr. Marcelo Honores, habló al respecto en la 99.9 y destacó que “la Defensoría del Pueblo desde hace 5 años tiene un Observatorio que se dedica a la Violencia de Género y la Violencia contra las mujeres. Se analiza la información de los órganos del estado y de la información propia elaborando un conjunto de propuestas buscando la prevención y sanción”.
En ese sentido, dieron a conocer las cifras referidas al inicio del año, pero también lo que ha sucedido con las políticas que se implementaron al respecto: “en el período 2014-2015 la situación sigue siendo preocupante porque hay insuficiencia de las políticas públicas y el informe se usa para visibilizarlo”.
En el análisis que realizan, se desprende la necesidad de un cambio cultural en estas cuestiones para terminar con la violencia. “Es un tema cultural al que hay que contribuir para erradicarlo. En enero, ya se produjeron más denuncias que en el mismo mes del año pasado. Hay una mayor tendencia a denunciar y eso obliga al estado a ejecutar acciones concretas. No alcanzan los recursos del estado para resguardar y evitar las consecuencias de todo esto”, indicó Honores.
El cuidado de las personas abusadas no es el único tema importante, sino también la contención de aquellas personas a las cuáles se les otorga una restricción de acercamiento porque si nadie lo controla, terminan violando la misma con las peores consecuencias: “hay un tema de acoso y violencia que imposibilita que los recursos puedan controlarlo. Es necesario una política de estado destinada a contener al agresor, además de resguardar a la víctima. Se debe trabajar para rehabilitar a una persona que tiene descontroles porque entran por los techos, se esconden en la madrugada y terminan con crimenes. Se deben poner a disposición todos los recursos que existan para luchar contra este flagelo”.
Mientras aguardan que la respuesta política llegue (como tantos otros), también la Defensoría empezó a trabajar en torno al aumento de tarifas. Honores indicó que “hemos iniciado una investigación pidiendo los informes de las empresas eléctricas. Además, en relación a los aumentos en el Gran Buenos Aires hemos presentado recursos administrativos reclamando incumplimiento de la Audiencia Pública, la inclusión en la Tarifa Social de sectores que no están comprendidos y eso se tramita en el Ministerio de Energía y el ente regulador”.
No es la única medida que han tomado, sino que además aclaró que “se presentó un recurso de amparo en el juzgado federal donde la Defensoría fue convocada para participar como tercero en defensa de los intereses colectivos. Tomamos intervención para cumplir con el mandato constitucional”.