Es la cifra de denuncias activas que se tramitan.
Más de 120 jueces y fiscales del sistema judicial bonaerense están actualmente bajo investigación y podrían ser separados de sus cargos si se los encuentra culpables de las irregularidades por las que fueron denunciados. De ellos, sólo siete fueron apartados preventivamente de sus funciones, la etapa previa a la instancia de los juicios orales en los que se analizará si son destituidos o no.
Los datos surgen de los registros de la Secretaría Permanente del Jurado de Enjuiciamiento, el organismo provincial que funciona como una suerte de fiscalía especializada desde donde se cumplen todas las etapas de instrucción de las causas que luego, de prosperar, terminan en la etapa de juicio oral.
Las cifras de esa Secretaría, que actúa como órgano auxiliar de los tribunales de enjuiciamiento, trascendieron mientras en distintos ámbitos de la Provincia se discuten varias propuestas para modificar los sistema de selección de jueces y fiscales y reformas en el funcionamiento del proceso de enjuiciamiento de los magistrados con el objetivo de acortar los plazos de los procedimientos, un aspecto que suele ser blanco de críticas.
De los casos bajo investigación en la actualidad hay algunos casos que con fuerte impacto, como el del suspendido Fiscal General de San Isidro Julio Novo, acusado de brindar protección a bandas de narcotraficantes.
También hay casos platenses, como el del también suspendido Juez de Garantías César Melazo, quien fue denunciado por legisladores por tres causas. La de mayor peso está vinculada a su actuación en la investigación de un caso de robo de ganado. En el marco de esa investigación también se inició un proceso contra el fiscal platense Carlos Gómez, quien finalmente presentó su renuncia.
Desde la implementación en 2008 del nuevo sistema de enjuiciamiento se recibieron un total de 409 denuncias y se pidió que se investigue a 420 magistrados (jueces y fiscales) tanto por mal el supuesto mal desempeño en sus funciones como por la presunta comisión de delitos.
De ese total de denuncias, detallaron desde la Secretaría Permanente de Enjuiciamiento, hoy se mantienen activas 121. El resto de las denuncias fueron archivadas por distintos motivos previstos por la ley: falta de actividad del denunciante, cuando la propia secretaría las considera improcedentes o porque los propios jurados de enjuiciamiento no encuentran razones para abrir estos procedimientos.
De las denuncias activas, hay un porcentaje menor en estado avanzado. La mayoría está en etapa de instrucción, cuando la secretaría recoge pruebas en base a las cuales luego se formula la acusación. Luego, de avanzar, se pasa a la etapa de los juicios orales, que llevan adelante tribunales de enjuiciamiento que integran, por sorteo, legisladores y abogados de la matrícula y que son presididos por el titular de la Suprema Corte.
En la actualidad, hay 13 denuncias en etapa de acusación, un estado avanzado del proceso en el que los denunciantes han decidido asumir el rol de acusador, ya que de no ser así la causa se archivaría. Otras 11 causas, en tanto, ya tienen la acusación admitida, lo que quiere decir que están a un paso de la etapa del juicio oral.
En ese marco, hay siete magistrados que fueron apartados preventivamente. Desde la puesta en marcha del nuevo sistema de enjuiciamiento y hasta la fecha han sido expulsados del sistema un total de 26, mientras que otros cuatro fueron absueltos.
Con todo, en la mayoría de los casos avanzados, las causas se terminan resolviendo con las renuncias de los magistrados acusados.
“Es que el proceso de jury el objetivo que persigue es el interés público de una sana administración de la Justicia”, explica el titular de la Secretaría, Ulises Giménez. “No persigue la sanción penal, sino poder tener fuera los elementos perturbadores para la administración de Justicia”, agrega.