Algunas provincias insisten en que no pagarán los aumentos acordado con la policía en medio de los acuartelamiento, porque fueron firmados “bajo extorsión”.
Los acuerdos de aumentos salariales para las policías provinciales, negociados en diciembre pasado en medio de los saqueos y hechos de vandalismo, comenzaron a complicarse luego de que algunos gobiernos anunciaran que no los pagarán, al sostener que los firmaron bajo “extorsión”. Las provincias que no harán efectivo el pago de incrementos salariales a los policías, que en algunos casos llegaban al 50 por ciento, son Chaco, Entre Ríos y Misiones, por lo cual se estima que otros distritos se podrían sumar a esta medida aludiendo que los acuerdos salariales se hicieron bajo presión mientras se registraban saqueos en varias ciudades del país, con un saldo de más de 12 personas muertas. Por ejemplo, el gobernador de Misiones, Maurice Closs, dio marcha atrás con la polémica tasa de 99 centavos a la producción de yerba mate que creó para afrontar los recientes aumentos a la policía provincial y evalúa solicitar al Ejecutivo nacional que autorice un aumento en el precio de venta al público. El mandatario provincial suspendió la aplicación del canon, que se puso en vigencia el primer día de 2014 con el objetivo principal de obtener los fondos para la suba salarial de las fuerzas de seguridad, ante los crecientes reclamos de las entidades de los productores, las cooperativas, los secaderos y los industriales.
MOVILIZADOS
Por su parte, policías junto a sus familiares se movilizaron anteayer en las ciudades entrerrianas de Concordia y Gualeguaychú en disconformidad con la decisión del gobierno de Sergio Urribarri de dejar sin efecto la suba salarial firmada en diciembre para poner fin al autoacuartelamiento policial.
Esta situación de poner en duda el aumento a los agentes de las policías provinciales comenzó cuando el gobernador de Chaco, Juan Carlos Bacileff Ivanoff, declaró que “son nulos” los acuerdos salariales con la Policía tras el conflicto con la fuerza de seguridad por el reclamo de incremento de haberes. Además, estimó que la Justicia imputará por el delito de “sedición” a los efectivos que participaron en las protestas.
“En el Chaco son nulos los acuerdos. Yo hice la denuncia en la Procuración y en la Justicia para que se investiguen los hechos (de la revuelta policial). Hay más de 300 personas citadas por los acontecimientos. La mayoría de los que protestaron eran suboficiales y puede ser que sean imputados por el delito de sedición”, manifestó Bacileff Ivanoff el 28 de diciembre.
En otra línea, el gobernador de Corrientes, Ricardo Colombi, ratificó ayer que cumplirá con el aumento salarial que otorgó a la policía de su provincia porque no hubo “reclamos extorsivos”, aunque reclamó al Ejecutivo nacional por los fondos correspondientes a la coparticipación federal. “Nosotros tuvimos una situación diferente. No tuvimos reclamos extorsivos, no hubo saqueos, pudimos canalizar y dialogar con las fuerzas de seguridad, con todos sus estamentos”, aclaró el mandatario al ser consultado sobre las provincias que dieron marcha atrás con la suba para los policías.
El gobernador de Corrientes reconoció que “la situación salarial es compleja”, pero afirmó que “el problema de fondo es que mientras la Nación se siga quedando con el 78 por ciento de los recursos totales y las provincias con el 22, vamos a tener problemas salariales”. La situación genera preocupación en todas las provincias.
50%
Es, en promedio, el nivel de las mejoras salariales que fueron anunciadas en distintas provincias para frenar los reclamos que sacaron a la calle las fuerzas de seguridad y que, en algunos casos, se tradujeron en virtuales amotinamientos que dieron lugar, a su vez, al accionar de saqueadores.