Un estudio español del que participaron 25 hospitales públicos, propone medir la lipoproteína-a en la población con predisposición a infartos.
La investigación involucró a 25 hospitales públicos y 4.140 personas y logró identificar un factor de riesgo esencial para el infarto, llamado lipoproteína-a (LPA). El estudio está dirigido sobre todo a los afectados por una enfermedad hereditaria llamada hipercolesterolemia familiar, que afecta a 100.000 españoles y constituye el principal factor genético de infarto. Pero las conclusiones afectan también a otras personas de riesgo, como las que tienen antecedentes familiares de infarto prematuro. Por eso, los científicos aconsejan medir la LPA a toda esa población. Las ventajas serían cuantiosas, porque hay fármacos en desarrollo que reducen ese peligro.
El infarto sigue siendo el gran verdugo de las sociedades occidentales, por encima de todos los cánceres juntos. Y como parte de su riesgo se debe a la nutrición y el estilo de vida, los países en desarrollo están importando esa pauta de mortalidad con indisimulada gula. El persistente incremento de la esperanza de vida en los países desarrollados –un par de años por década— se debe sobre todo a la mejora de los tratamientos a los infartados, que son caros e ineficaces y rara vez devuelven su antigua calidad de vida a los pacientes. La opinión unánime de la comunidad científica es que hay que apostar por la prevención.
Y en esa dirección va la investigación dirigida por el cardiólogo Pedro Mata, presidente de la Fundación Hipercolesterolemia Familia (FHF). Los marcadores que revelan el riesgo de infarto antes de que se produzca son una herramienta fundamental de la estrategia preventiva, sobre todo cuando hay fármacos que pueden aminorar esos factores. La hipertensión y el colesterol malo son los dos más conocidos. Ahora hay que añadir la LPA, al menos en la población más predispuesta. El trabajo, que es parte de un gran proyecto con 4.140 pacientes de HF y sus familiares, llamado “Safeheart”, se presenta en el Journal of the American College of Cardiology (JAAC).
Una buena fracción de esa población de riesgo incluye gente que nace con un gen erróneo –el del receptor de la LDL (lipoproteína de baja densidad, o colesterol malo)— que dispara sus niveles de colesterol malo y multiplica por 10 su riesgo de infarto prematuro. Mata y sus colegas están en contacto con las administraciones sanitarias para intentar generalizar las pruebas de LPA a esa población.
Y también para una cuestión esencial anterior: diagnosticar la HF (hipercolesterolemia familiar) a todos los afectados en un plan de 10 años. Por el momento, solo 20.000 de los 100.000 afectados lo están. Castilla y León va en cabeza con un millar de diagnósticos, en un programa piloto que tal vez, esperan los médicos, sirva para inspirar al resto de comunidades.
La cuestión de la LPA reviste una particular importancia si se tiene en cuenta que un candidato a fármaco –un anticuerpo monoclonal llamado anti-PCSK9, inicialmente diseñado contra el colesterol malo— es capaz de reducir hasta un 40% los niveles de LPA en sangre. El fármaco está ahora en ensayos clínicos de fase 3 y, según los investigadores, será sometido a las agencias norteamericana y europea del medicamento a principios del año que viene. Los expertos consideran muy probable que sea aprobado.
“No solo se debería solicitar la determinación de la LPA en los pacientes de hipercolesterolemia familiar”, dice el primer autor del estudio, Rodrigo Alonso, de la unidad de lípidos de la Fundación Jiménez Díaz en Madrid, “sino también en las personas con una historia personal o familiar de enfermedad cardiovascular prematura, es decir, antes de los 60 años, y en pacientes con enfermedad cardiovascular recidivante”. La prueba permitiría ofrecer a esos pacientes el tratamiento óptimo, e incluso reducir su riesgo a los niveles vulgares de la población general.
Los científicos esperan que la detección de la HF, pionera en España pese a los fatigosos trámites administrativos, se pueda exportar a programas de detección en Latinoamérica. Por el momento se han interesado los gobiernos de Brasil, México, Argentina, Chile y Uruguay, lo que puede considerarse una avanzadilla en cualquier acepción del término.