El Gobierno quiere evitar el deterioro de lo incautado por la extinción de dominio. El DNU ya fue enviado al Congreso para su tratamiento.
A la espera del tratamiento en el Congreso de la recuperación de bienes producto de delitos graves, el Gobierno impulsa la estrategia de “subasta inmediata” de estos activos. El objetivo es evitar que se deterioren, lo que llevaría además a reducir los costos de almacenamiento.
El DNU ya fue enviado al Congreso y está en condiciones de ser debatido en la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo. El cuerpo tiene 10 días hábiles para expedirse en torno a la medida dispuesta días atrás por el presidente Mauricio Macri, que generó fuertes cuestionamientos de la oposición. No se descarta que sea incluido en el temario de sesiones extraordinarias. Previamente el Senado le dio media sanción a un proyecto de extinción de dominio, que está trabado en Diputados, por lo que el Ejecutivo decidió impulsar la medida a través de un DNU.
El Decreto 62/2019 fue publicado el martes de la semana pasada en el Boletín Oficial -un día después del anuncio de Macri en Casa de Gobierno- y determina la recuperación del patrimonio que se presume que proviene de la comisión de delitos graves como corrupción, narcotráfico, trata de personas, secuestro y terrorismo, entre otros, cuyos responsables no puedan probar su origen lícito.
En el Gobierno cobró fuerza la idea de la implementación de una “subasta inmediata” de los bienes recuperados producto de delitos graves, para conservar el estado de los activos y además reducir los gastos que generan el almacenamiento, custodia y seguros de los recursos.
Se prevé además la creación de un “fondo de garantía” compuesto por un porcentaje de cada subasta, para los casos en los que el Estado tenga que reintegrar los bienes en los casos en que haya absolución o sobreseimiento, consigna La Nación.
El decreto habilita además la creación de una procuraduría de extinción de dominio a favor del Estado Nacional (PEDEN) que funcionará dentro de la estructura de la Procuración General de la Nación. Este organismo impulsará las investigaciones preliminares junto con los fiscales, presentará las demandas e impulsará las acciones civiles.
Los delitos abarcados por el régimen de extinción son los de la ley 23 737 de estupefacientes, el contrabando de estupefacientes, precursores químicos y de armas, el amedrentamiento coactivo a particulares, gobiernos u organismos internacionales, la corrupción de menores, el proxenetismo, la distribución de pornografía infantil, la trata de personas y el secuestro extorsivo.
Incluye el fraude a la administración pública de un funcionario, el cohecho y la malversación de caudales públicos, las negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, las exacciones ilegales y el enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados.
Serán alcanzados además delitos como el encubrimiento, los balances e informes falsos agravados, los delitos contra el orden económico y financiero y ciertas asociaciones ilícitas. Durante el proceso la administración de los bienes estará a cargo de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) mientras que el dinero en efectivo será administrado por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Con esta medida, la Argentina cumple con obligaciones internacionales asumidas en las convenciones Internacionales contra la Delincuencia Organizada Transnacional y de las Naciones Unidas, e interamericanas contra el Terrorismo y contra la Corrupción.