Es a raíz de una querella del fiscal José María Campagnoli, quien acusó a la integrante de Justicia Legítima por la presunta filtración de datos al exespía Jaime Stiuso. Mientras tanto, en el Congreso avanza un proyecto para limitar el mandato de la funcionaria.
El fiscal José María Campagnoli inició una denuncia penal contra su jefa, la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, acusándola de filtrar copias de una investigación que él tuvo a su cargo, en la que apuntaba al exespía Antonio “Jaime” Stiuso.
La información filtrada era sobre el secuestro del exempleado ferroviario Alfonso Severo, cuando este debía presentarse a declarar en el juicio oral y público por el asesinato del militante del Partido Obrero, Mariano Ferreyra.
Campagnoli, quien en 2014 logró evitar un juicio político, acusado por Gils Carbó de haberse extralimitado en un caso contra el empresario kirchnerista Lázaro Báez, fue quien tuvo en sus inicios el expediente por el secuestro de Severo.
En su investigación, el fiscal apuntaba por el hecho a sectores de inteligencia y, por ende, a Stiuso, que en ese momento aún mantenía una buena relación con el kirchnerismo.
Según dichos del propio exespía al declarar como testigo en la causa por la muerte del fiscal Alberto Nisman, el caso Severo fue una muestra de la persecución que inició el kirchnerismo en su contra.
En ese sentido, el exdirector de Operaciones de la Secretaría de Inteligencia dijo que la procuradora -de comprobada cercanía con el kirchnerismo- “manipuló” a Campagnoli para que este solicitara su detención por el caso.
Incluso, Stiuso dijo que Gils Carbó “le dio copias” de la investigación de Campagnoli por el secuestro de Severo al entonces subsecretario de la Secretaría de Inteligencia, Francisco “Paco” Larcher, entonces superior jerárquico del exespía.
Sumado a ello, Stiuso dijo que en 2014 la procuradora -por intermedio del fiscal Nisman- le hizo saber que “no quería tener ningún inconveniente con él”.
Tras conocer el testimonio del exagente, Campagonli realizó una denuncia penal contra Gils Carbó y Larcher. Por esto, el fiscal federal Ramiro González decidió imputarlos y solicitó varias medidas de prueba.
En el requerimiento, la fiscalía a cargo de González reclamó que sea citado a declarar como testigo el exespía Stiuso.
La denuncia y posterior imputación contra Gils Carbó se producen en momentos difíciles para la procuradora: avanza en el Congreso un proyecto para limitar su mandato -hoy vitalicio- a cinco años, con lo cual se vencería en agosto próximo. Además, entre los fundamentos para proponer la remoción de la jefa de los fiscales, el proyecto suma a las actuales causales de impedimento la “participación en actividad partidaria”, lo que complicaría a la actual procuradora por su vinculación a la agrupación K Justicia Legítima.
Se espera que la iniciativa, que cuenta con el respaldo del Frente Renovador y de diputados de Progresistas, obtenga la media sanción en la sesión especial de Diputados, prevista para el miércoles.