El fiscal Guillermo Marijuan imputó como responsables de supuesta “defraudación por administración fraudulenta” a tres ex presidentes del Incaa, uno de ellos nombrado durante la gestión macrista.
La imputación del fiscal recayó en Alejandro Cacetta, eyectado del Gobierno luego de que surgieran sospechas de irregularidades en el manejo de los fondos del Instituto del Cine, y en las ex presidentas durante la gestión kirchnerista Liliana Mazure y Lucrecia Cardozo.
Fuentes judiciales precisaron que el representante del Ministerio Público pidió que se investigue a Cacetta, Mazure y Cardozo por el alquiler irregular de la sala de cine Artecinema al Grupo Aleph.
Marijuan también imputó en esa causa al último rector de la Escuela Cinematográfica (Enerc), Pablo Rovito, al coordinador del Espacio Incaa Juan Zaffanella y a los ex gerentes Raúl Seguí y Rómulo Pullol, quienes también habían sido despedidos hace dos meses de la gestión pública por irregularidades administrativas.
La imputación del fiscal, que surgió como respuesta a una denuncia presentada por la jefa de la Oficina Anticorrupción (OA), Laura Alonso, incluyó un pedido al juez federal Daniel Rafecas para que disponga medidas de prueba, entre ellas pedidos de informes a la Inspección General de Justicia (IGJ) sobre las sociedades Grupo Aleph SA y Max BS Tour SRL.
La denuncia
Según la denuncia de la Oficina Anticorrupción, en los últimos cinco años se le pagó en forma irregular al Grupo Aleph el 50% de los ingresos obtenidos por recaudación de boletería, cuando en el contrato original se estableció que todos los ingresos eran para el Incaa.
Además, el Instituto asumió el pago total de los servicios y gastos generales de Artecinema, entre ellos los sueldos del personal, “en detrimento del patrimonio del Incaa y con la espuria finalidad de beneficiar a un tercero”, sostuvo la denuncia de la OA.
En diciembre de 2015 el ministro de Cultura, Pablo Avelluto, designó a Cacetta al frente del Incaa, pero el 12 de abril pasado le pidió la renuncia por considerar que el funcionario “no quiso combatir la corrupción” y que hubo “irregularidades muy notorias” que no fueron denunciadas.
Cacetta rechazó entonces las sospechas de irregularidades en la gestión del Incaa y atribuyó su salida a no haber aceptado supuestos manejos espurios que le propusieron; “pagué las consecuencias”, concluye.
La decisión del gobierno de desplazar del Incaa a Cacetta fue cuestionada por representantes de la industria del cine, que se manifestaron frente al Instituto para reclamar su reincorporación y respaldar su gestión.