Varias entidades que nuclean a Pymes anticiparon que se sintieron desprotegidas por el fallo del tribunal y que iniciarán acciones legales. Preocupa en contexto recesivo.
El fallo de la Corte Suprema que obligó al Gobierno a retrotraer los aumentos de las tarifas de gas a los valores del 31 de marzo dejó afuera a grandes industrias, comercios y pymes, que sí deberán pagar sus facturas con importantes incrementos. En el caso de las pequeñas y medianas empresas, deberán hacerlo con el tope de 500% según la última decisión del Ministerio de Energía, pero aún así representa un duro golpe en momentos de fuerte caída de la actividad económica.
En este contexto, varias entidades anticiparon que encararán la presentación ante la Justicia de medidas cautelares para poder ser considerados, al igual que fueron ayer los usuarios residenciales. Advirtieron que esta decisión de la Corte implicará el cierre de empresas y pérdida de empleos, ya que a las subas de tarifas se suma la inflación, el aumento de las importaciones y la merma del consumo.
El comité ejecutivo de la UIA se reunirá el martes para analizar la sentencia y definir los pasos a seguir, ya que unas 8.000 pymes están afectadas por los aumentos. El vocal de la entidad, José Urtubey, anticipó que existe molestia en la institución y que “el fallo del máximo tribunal debería ser un punto de referencia para que el Gobierno revise integralmente todo el cuadro tarifario ajustándose a la ley”. “Ahora cualquier organización puede también pedir acatarse a ese fallo, por lo que hay resolverlo desde la política y no desde la Justicia”, agregó Urtubey.
La UIA no tiene personería jurídica para iniciar acciones legales, pero sí pueden hacerlo entidades socias. Desde la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) advirtieron que la decisión judicial sorprendió negativamente a las pymes, que “se sienten desprotegidas frente a la arbitrariedad de los aumentos”. “Nadie discute la necesidad de actualizar tarifas absurdas; pero en un cuadro recesivo, los aumentos anunciados y replanteados significaron golpes difíciles de absorber”, señaló la entidad que dirige Osvaldo Cornide en un comunicado. Además, aseguró que “encaminará donde corresponda las medidas cautelares para defender la producción y el trabajo”.
Por su parte, el presidente de la Confederación General Empresaria de la Argentina (Cgera), Marcelo Fernández, afirmó que el fallo de la Corte fue “un mazazo más de los que vienen recibiendo las pymes en lo últimos meses” y advirtió que las empresas “no pueden quedarse pasivamente aceptando un aumento que muchas no van a poder pagar y que a otras las deja directamente fuera de mercado”. Fernández adelantó además que en los próximos días habrá una reunión de todas las entidades que conforman Cgera para discutir qué medidas tomar.
El presidente de la Central de Entidades Empresarias Nacionales (CEEN), Francisco Dos Reis, también advirtió que “miles de fábricas están en riesgo de cerrar sus puertas y que el ajuste de tarifas de las empresas será pagado indirectamente por todos los argentinos porque “no quedará otra alternativa que trasladarlo a los precios”.
También anticipó que continuará el reclamo judicial por las tarifas de gas el abogado de camaristas y ex diputado nacional Horacio Viqueira. Según el letrado cordobés, se demostrará que “hay empresas que son inviables y van a tener que despedir gente”. Mencionó, entre ellas, el caso de Cerámicas San Vicente, cuyo costo de gas es igual al laboral (ronda los $ 100.000). Asimismo, recordó que se presentó, en el juzgado número dos a cargo de Alejandro Sánchez Freites, un pedido de cumplimiento del fallo de la jueza Martina Forns con respecto a las facturas que emite EPEC.