La Justicia sospecha que referentes de esa comunidad aportaban la logística necesaria para usurpar lugares estratégicos de la provincia de Neuquén.
“Las usurpaciones de tierras son una problemática que se viene acrecentando por el auge de Vaca Muerta”, afirma el fiscal Pablo Vignaroli, encargado de investigar los delitos económicos en la provincia de Neuquén. Lejos de un reclamo cultural, derivado de la posesión ancestral de las tierras, la Justicia de esa provincia sospecha que las últimas tomas de grupos mapuches persiguen un fin económico. Y que reciben una logística especial para llevarlas a cabo. Autos, camionetas 4×4 y armas son parte del kit utilizado.
Esta semana, la Justicia ordenó el desalojo de tres campos que habían sido usurpados en mayo pasado. Están ubicado en el paraje Tratayén, una zona estratégica por varios motivos: ahí están las tomas de agua para el yacimiento, y lo atraviesan varios gasoductos. Además, en eso campos hay desarrollo de la actividad agropecuaria.
La toma se concretó en dos etapas. El 18 de mayo a la madrugada, un grupo de personas ingresó a un campo ubicado sobre la ruta provincial N° 7, entre los kilómetros 75 y 83, cerca de la ciudad de Añelo. Horas después, otro grupo ingresó de manera violenta y tomó posesión de un terreno de la familia Gálvan, donde hay hasta una pista de aterrizaje. Según la denuncia judicial, amenazaron a los empleados y luego cambiaron el candado de la entrada. Cuando los dueños llegaron al lugar, ya era tarde. Algo similar ocurrió el 31 de mayo en otros campos de la zona.
Por esa toma, hay 21 imputados. Pero la Justicia está investigando a otras personas como los verdaderos instigadores. Un “arrepentido” aportó datos clave: dio nombres y explicó qué rol cumple cada uno en esa supuesta organización que se dedica a tomar tierras.
Los damnificados también aportaron información. Denunciaron que las tomas estuvieron lideradas por Diego Martin Rosales y Martín Mardones, y que los verdaderos instigadores son Gabriel Rolando Cherqui, Jorge Nahuel y Gilberto Huilipan, referentes locales de la comunidad mapuche.
La denuncia habla de “una logística de rotación de personas, provisión de víveres, autos y camionetas usadas” para las usurpaciones. Y detalla que los autos utilizados están radicados, llamativamente, en Cipolleti, San Rafael (Mendoza), Padua y en Morón (provincia de Buenos Aires).
“Estamos juntando información para tratar de determinar quiénes fueron los instigadores”, confirmó el fiscal de Neuquén Pablo Vignaroli ante una consulta de Infobae.
Al igual que en otras provincias del Sur, en Neuquén las tomas tienen un alto contenido de violencia. En el desalojo del martes pasado, en el paraje Tratayén, se secuestraron armas de fuego, municiones, 28 bombas molotov, dos tanques de 200 litros de combustible, marihuana y cocaína. El dato preocupa al Gobierno nacional, que monitorea los conflictos mapuches con mayor énfasis luego del caso de Santiago Maldonado.
En el caso de Tratayén, todo indica que hay una “sociedad” entre mapuches del LOF Fvta Xayen y no mapuches para llevar adelante una usurpación. “Pertenecen a una comunidad que un mes antes habían armado un estatuto y presentaron los papeles para ser reconocidos, pero los trámites no están terminados. Igualmente no cambia nada para el tratamiento penal”, explicó el fiscal Vignaroli.
Para los propietarios de los campos, los usurpadores son personas comunes que “utilizan el rótulo de comunidad indígena”. Traducción: usan la bandera de los mapuches para hacer negocios.
El intendente de la ciudad de Neuquén, Horacio “Pechi” Quiroga, habla de “mapuchismo” para cuestionar la utilización de la bandera mapuche. Entrevistado por Infobae, dijo: “La Confederación mapuche está en la búsqueda de ocupaciones ilegales con el objeto de encontrar un beneficio económico”.