Conocidas como ‘las visitadoras’ se trataba de entre 22 y 25 mujeres jóvenes que habían sido contratadas en el Ministerio de Comunicaciones en diferentes puestos, como secretarias o asistentes en el área administrativa, si bien se sospecha que cumplían otra función.
La Fiscalía de Guatemala investiga de oficio una supuesta red de prostitución de mujeres que trabajaban en el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda y que podrían haber sido víctimas de una red de trata con fines de explotación sexual entre funcionarios del Gobierno durante legislaturas anteriores, tal como desveló una investigación periodística publicada por el medio digital ‘Con Criterio’.
La investigación del Ministerio Público se ha iniciado después de que la Comisión Nacional Contra la Corrupción (CNC) haya enviado un oficio al citado Ministerio para que explique la existencia de una “posible red de trata de personas que se instauró en la cartera en administraciones de Gobiernos anteriores”, ya que de comprobarse su veracidad, “suponen una violación a los derechos humanos de las personas involucradas y una trágica muestra más de los niveles de corrupción que perjudican al Estado”.
Concretamente, según la investigación, las empleadas que conformaban la red eran conocidas como ‘Las visitadoras’ y se trataba de entre 22 y 25 mujeres jóvenes que habían sido contratadas en el Ministerio de Comunicaciones en diferentes puestos, como secretarias o asistentes en el área administrativa, si bien se sospecha que cumplían otra función: “servicios de acompañamiento y, posiblemente, favores sexuales”, según afirmó la exministra de esta cartera, Jazmín de la Vega, quien fue destituida el pasado 17 de mayo por el presidente, Bernardo Arévalo, después de que incumpliera sus instrucciones “autorizando pagos a constructoras fuera del procedimiento de control acordado”.
La exministra aseguró a ‘Con Criterio’ que “toda la logística era desde la institución y que incluso había un catálogo mediante el cual funcionarios de diversas instituciones y particulares solicitaban los servicios de estas trabajadoras del Ministerio“, lo cual era “un secreto a voces”, al tiempo que se usaban los vehículos de la institución para estos servicios. A su llegada al Ministerio, De La Vega recalcó que “fueron los primeros contratos que se rescindieron, porque yo no puedo estar en un ambiente así”.
En la misma publicación periodística, se desvela que antiguos trabajadores del Ministerio aseguran desde el anonimato para evitar represalias que veían movimientos los viernes de fiesta y bebidas alcohólicas en las instalaciones del Ministerio de Comunicaciones.
Por ello, ante la “gravedad” de estas acusaciones, la CNC pidió al Ministerio un informe en que se espera que “dé a conocer un reporte detallado sobre cómo conoció el hecho, las particularidades, las personas afectadas y los posibles responsables de beneficiarse de dicha red”.
Además, indicó que, por tratarse de un acontecimiento que podría “vulnerar a personas”, la Comisión reitera “la importancia de actuar con la debida diligencia y respetando la integridad de las personas que fueron posiblemente perjudicadas en lo sucedido”.
ACTO “DENIGRANTE, REPUGNANTE E INHUMANO”
“La seriedad de la acusación es alarmante para la Comisión Nacional Contra la Corrupción”, remarcó, al tiempo que advirtió de que, de confirmarse, representa un acto “denigrante, repugnante e inhumano, además de una evidente violación a los derechos humanos”. Asimismo, recalcó que es un “posible indicio de una acción recurrente de criminalidad y corrupción instaurada por administraciones anteriores, cuyo nivel de perversidad dejó consecuencias catastróficas en la administración pública y en la sociedad”.
Con esta investigación, la CNC auguró que se estipula la posibilidad de que, “además de malversar recursos materiales y financieros, algunas redes criminales también pusieron en peligro la integridad de personas al involucrarlas en situaciones denigrantes y riesgosas”. Por otro lado, insistió en que la acusación debe ser investigada y, en caso de encontrarse suficientes elementos de convicción, “denunciada ante las autoridades para que se lleve a cabo una investigación objetiva, pronta y seria”.
No es la primera vez que estalla un escándalo sexual en el Ejecutivo de Guatemala, dado que, en 2018, el exministro de Relaciones Exteriores entre 2002 y 2004, Edgar Gutiérrez, denunció en su columna de opinión de un periódico local que el entonces presidente de Guatemala, Jimmy Morales, era un “abusador de jovencitas aprovechándose de su cargo”. Gutiérrez incluso acudió a la Fiscalía para presentar una denuncia contra el mandatario por abusar sexualmente de 12 mujeres jóvenes que trabajaban en el Gobierno, si bien la investigación no avanzó ante la falta de testimonios de las posibles víctimas.
Mientras, en 2021, en entonces ministro de Desarrollo Social, Raúl Romero, apareció en una fotografía junto a tres mujeres semidesnudas en un establecimiento de una zona acomodada de Ciudad de Guatemala que es atendido por ‘edecanes’ y se consume alcohol. Pese a ello, Romero no dimitió asegurando que la fotografía era un montaje, mientras que tampoco fue cesado por el entonces presidente, Alejandro Giammattei, que esperó a que el propio ministro dimitiera en 2022.