Martín Larraburu volvió a declarar ante el juez Claudio Bonadio y confirmó que transportaba bolsos con dinero con destino a exfuncionarios y legisladores. José Ottavis faltó a la sesión de ayer en Diputados.
El secretario privado de Juan Manuel Abal Medina, Martín Larraburu, amplió su declaración indagatoria y mencionó a José Ottavis y Andrés “Cuervo” Larroque entre los dirigentes que manejaron “dinero negro” de la obra pública para hacer proselitismo.
También aparecen en su declaración los exfuncionarios Oscar Parrilli y al fallecido Juan Carlos “Chueco” Mazzón.
Ottavis, que es diputado provincial, faltó ayer a la sesión que se realizó en la Cámara baja bonaerense. En su entorno le aclararon a EL DIA que “fue por una “razón particular” que “ya tenía prevista”. Además aclararon que “va a hablar públicamente del tema”. Pero no consignaron cuándo.
Larraburu, de 35 años, mano derecha del exjefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina, dijo que “recibía el dinero que recaudaba Planificación” para después asignarlo a gastos de campaña.
Y se definió como un simple pasamanos del dinero negro de la campaña. Afirmó que desconocía “quiénes habían hecho los pagos”.
En sintonía con los dichos de su exjefe, Abal Medina, Larraburu afirmó que solo “cumplía órdenes” y volvió a pedir su excarcelación.
“Dijo que el dinero que recibía de Planificación era sólo un pequeña porcentaje de lo que se recaudaba”, señalaron fuentes al tanto de la indagatoria.
Larraburu buscó traducir ante la Justicia la información que figuraba en los pendrives que fueron secuestrados en su casa y que contenían planillas de cálculo y documentos de texto con cifras y siglas sobre los destinatarios del dinero recaudado por los colaboradores de Julio De Vido, reveló ayer el portal de La Nación.
Dijo que en unos documentos ahí figuraban los montos de la recaudación aunque no quiénes hicieron los pagos y, en otras planillas, los gastos de campaña. Entre ellos, boletas electorales y pagos a publicistas políticos.
Los escritos que la Policía Federal le secuestró a Larraburu estaban en “código”. Pero algunos datos podrían deducirse, según los investigadores.
“No siempre hay nombres completos, pero hay muchas iniciales como JDV y CFK”, reveló una fuente judicial. “Se vislumbra una coordinación de la distribución del dinero durante la campaña nacional”, agregó.
Respecto de los números, en los pendrives de Larraburu por momentos aparecen cifras en millones, pero en otros registros son solo dos dígitos que no permiten dimensionar los montos.
“HABLAR DE CAMPAÑA ERA UN EUFEMISMO”
“Hablar de campaña era un eufemismo, eran aprietes, coimas”, reveló ante el fiscal Carlos Stornelli el empresario Juan Carlos De Goycochea ex director de Isolux Corsán SA, la firma española a la que el gobierno kirchnerista le adjudicó la inconclusa Usina de carbón de Río Turbio.
De esta manera, cambió la versión de los “aportes de campaña” que fue la primera sobre su declaración indagatoria inicial que lo convirtió en “imputado colaborador”.
Además acusó a Roberto Baratta de “imponer proveedores” y nombró dos firmas: una sería de un amigo de Julio De Vido y otra cuya apoderada es Romina Mercado (hija de Alicia Kirchner).
Y sostuvo ante el fiscal que el Gobierno lo presionó “para inaugurar la obra sin terminar para la campaña de Cristina Kirchner”.
Cuando Isolux quedó como adjudicataria para la construcción de la Usina, cobró el primer certificado de obra. “Después de eso Baratta empezó a exigir que para liberar los próximos teníamos que pagar”, indicó De Goycochea ante Stornelli. Los pagos eran de 300.000 dólares cada uno y podían ser trimestrales.
“RECOMPENSA”
El Ministerio de Seguridad de la Nación anunció ayer que ofrece una recompensa económica a quienes aporten datos que “ayuden a recuperar dinero, divisas o bienes” en la causa en la que se investiga la existencia de una presunta red de sobornos de empresarios a funcionarios del kirchnerismo (2003-2015).
En la resolución, firmada ayer por la titular de la cartera, Patricia Bullrich, se establece que se ofrece “una recompensa para aquellas personas que aporten datos precisos que conduzcan a la recuperación de dinero, divisas o bienes” en la causa en la que están imputados por “asociación ilícita”, entre otros, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.
Asimismo, se informa que darán una recompensa que será del cinco por ciento del valor recuperado hasta un tope de dos millones de pesos a aquellas personas que no hayan “intervenido en el hecho delictual”, difundieron desde el ministerio de Seguridad.