Represores de Uruguay, Bolivia, Chile y Perú fueron condenados por los delitos de homicidio voluntario por participar en el plan represor en América Latina que se aplicó durante las dictaduras militares de las décadas de 1970 y 1980. El proceso se inició hace 20 años a partir de la denuncia de algunos familiares de desaparecidos.
La justicia italiana condenó el lunes a cadena perpetua a 24 militares, policías y funcionarios de Uruguay, Bolivia, Chile y Perú acusados de matar a italianos en la Operación Cóndor, el plan represor en América Latina que se aplicó durante las dictaduras militares de las décadas de 1970 y 1980.
La noticia fue confirmada a The Associated Press por el canciller uruguayo Rodolfo Nin Novoa, quien agregó que el fallo alcanza al marino Jorge Néstor Troccoli, el único de los acusados que reside en Italia y el único que asistió en forma personal al proceso.
Troccoli había escapado de Uruguay en 2007 y se había radicado en Italia, país del cual es ciudadano.
El fallo del Tribunal de Apelación de Roma cambió una sentencia en primera instancia de enero de 2017, que había absuelto a 19 imputados por considerar que habían prescrito los delitos.
El prosecretario de la presidencia de Uruguay, Juan Andrés Roballo, dijo al portal de la presidencia que para que se lograra este vuelco en el caso fueron fundamentales las sentencias de los tribunales uruguayos y los legajos aportados por su oficina.
El fallo “constituye un resultado óptimo de justicia y reconstrucción de la verdad sobre la modalidad con la que las fuerzas represivas de la dictadura golpeaban a las fuerzas democráticas y a los disidentes (…) Hoy es un día feliz para la democracia y la justicia, como también para reafirmar que los crímenes de lesa humanidad no prescriben y que nunca quedarán impunes”, dijo un comunicado oficial de la Presidencia.
En la primera instancia habían sido condenados a cadena perpetua ocho acusados, todos en ausencia: el dictador boliviano Luis García Meza y su ministro del Interior, Luis Arce Gómez; el ex presidente peruano Francisco Morales Bermúdez, el ex ministro de ese país Pedro Richter y el militar retirado Germán Ruiz; los chilenos Hernán Ramírez y Rafael Ahumada, y el ex canciller uruguayo Juan Carlos Blanco, quien se encuentra en prisión domiciliaria en Montevideo.
García Meza falleció 2018 y Richter en 2017, meses después del fallo.
El fallo del Tribunal de Apelación condenó ahora a los ex militares chilenos Pedro Espinoza, Daniel Aguirre Mora, Carlos Luco Astroza, Orlando Moreno Vásquez y Manuel Vásquez Chauan; a los ex militares y policías uruguayos Troccoli, Ricardo Arab, José Gavazzo, Juan Carlos Larcebeau, Pedro Mato, Luis Alfredo Maurente, Ricardo Medina, Ernesto Ramas, José Sande Lima, Jorge Silveira, Ernesto Soca y Gilberto Vázquez.
Todos fueron condenados por los delitos de homicidio voluntario y además deberán pagar el costo del juicio.
Gavazzo fue noticia en los últimos meses en Uruguay por haber confesado ante un Tribunal de Honor del Ejército que arrojó a un río el cuerpo de un prisionero que murió en un cuartel del cual era jefe.
El proceso se inició hace 20 años en Italia a partir de la denuncia de algunos familiares de desaparecidos.
El denominado Plan Cóndor, por el que los gobiernos dictatoriales de Argentina, Brasil, Chile, Bolivia, Paraguay y Uruguay coordinaron a fines de los años 70 la persecución y asesinato de opositores, constituye uno de los capítulos más oscuros del siglo pasado en la región.
Uno de los sentenciados, el chileno Rafael Ahumada, ya fue también sentenciado y condenado en ausencia a 20 años de cárcel por una corte francesa, junto a otra docena de ex oficiales militares y ex agentes represores, por la desaparición en Chile del ciudadano francés Georges Klein Pipper, un médico que acompañó al derrocado presidente Salvador Allende mientras los militares bombardearon el palacio de gobierno de La Moneda.
El Plan Cóndor se planificó en Santiago de Chile en noviembre de 1975 y se tradujo en una coordinación de los servicios de inteligencia del Cono Sur para reprimir y eliminar a militantes de izquierda. A la reunión constitutiva asistieron por Chile el máximo jefe de los servicios represivos, coronel Manuel Contreras; por Argentina el capitán de navío Jorge Casas; por Bolivia el mayor de Ejército Carlos Mena; por Uruguay el coronel de Ejército José A. Fons, y por Paraguay el coronel de Ejército Benito Güanes Serrano.