El Gobierno liquidó ayer a los bancos Popolare di Vicenza y Veneto Banca. Los activos sanos irán al Intesa Sanpaolo mientras que los tóxicos irán a un “banco malo”.
Italia comenzó ayer la liquidación de dos bancos en problemas con sede en la región del Véneto, en un acuerdo por el que se transferirán sus activos buenos al banco público Intesa Sanpaolo y que podría costar al Estado hasta 17.000 millones de euros (unos u$s 19.000 millones). La decisión fue tomada ayer en un poco habitual consejo de ministros de urgencia celebrado en día domingo.
El Gobierno pagará 5200 millones de euros a Intesa, el principal banco minorista italiano, para quedarse con lo mejor del Popolare di Vicenza y de Veneto Banca, los bancos en cuestión.
No obstante, el ministro de Economía, Pier Carlo Padoan, dijo que los fondos totales “movilizados” por el Estado alcanzarán los 17.000 millones de euros, tres veces más de lo inicialmente estimado.
El acuerdo, que recibió la aprobación preliminar de las autoridades europeas el viernes, permite a Italia resolver su última crisis bancaria en sus propios términos, asegurando que las dos entidades del Véneto no reciben un trato peor bajo las leyes europeas, potencialmente más estrictas. No obstante, el costo para los contribuyentes italianos será elevado.
“Los que nos critican deberían decir qué alternativa mejor había. No la veo”, dijo Padoan en una conferencia de prensa después de que el Gobierno pasó el fin de semana elaborando un decreto de emergencia para liquidar a los dos prestamistas.
El decreto indica que las entidades y empleados de los bancos del Véneto se integrarán en el Intesa Sanpaolo en la mañana del lunes, una decisión que busca evitar una potencial fuga de depósitos que podría extender el caos a lo largo del sector financiero.
De acuerdo al plan, que deberá ser votado por el Parlamento para convertirse en ley en un plazo de 60 días, los préstamos problemáticos de las entidades, así como los riesgos legales , serán derivados a un “banco malo” financiado en parte por el Estado.
Padoan afirmó que, además de los 5200 millones de euros que pagará el Estado a Intesa -incluyendo 1200 millones de euros para cubrir despidos-, también se ofrecerán garantías adicionales por hasta 12.000 millones de euros para financiar posibles pérdidas de los préstamos problemáticos de ambos bancos.