El juez federal Julián Ercolini había dispuesto la detención del ex ministro de Transporte y de su ex asesor, Manuel Vázquez; serían indagados el lunes.
El ex secretario de Transporte Ricardo Jaime se entregó en una sede de la Policía Federal de la provincia de Córdoba, luego de que el juez federal Julián Ercolini dispusiera su detención y la de su ex asesor, Manuel Vázquez, en el marco de una causa que investiga una compra de trenes a España y Portugal en 2005.
Jaime y Vázquez serán trasladados a los tribunales de Comodoro Py para ser indagados por Ercolini el lunes. Su detención se ordenó “ante el peligro de fuga” de los imputados.
El juez también prohibió salir del país a Juan Pablo Schiavi, sucesor en el cargo de Jaime. Schiavi declarará el 8 de abril en la misma causa.
Jaime se entregó en la sede policial del barrio Nueva Córdoba. Al enterarse de la orden de captura en su contra, se trasladó voluntariamente al edificio de la Policía Federal, en taxi. Llegó solo, con una mochila al hombro, y entró por la puerta lateral del edificio, hablando por celular.
Será sometido a exámenes médicos y luego partiría hacia Buenos Aires. Actualmente se encuentra incomunicado.
El exhorto llegó anoche al fiscal federal Enrique Senestrari y al juez Ricardo Bustos Fierro. A última hora, desde el juzgado de Ercolini avisaron que mandarían un exhorto en carácter de urgencia. Horas después llego la orden de detención.
La causa por la que se detiene a Jaime investiga una compra de trenes realizada en 2005, valuada por la Auditoría General de la Nación en 100 millones de euros, y cuyos vagones se encuentran arrumbados en depósitos ferroviarios como “chatarra”.
Por otro lado, el jueves, se conoció que tanto Ricardo Jaime como el también ex secretario de Transporte Juan Pablo Schiavi , condenados a seis y ocho años de prisión por el choque de tren en Once, tenían pleno conocimiento del deterioro de esa flota ferroviaria y, no obstante, no tomaron medidas para mejorar la situación.
El Tribunal Oral Federal N° 2 también los acusó de apañar las maniobras fraudulentas de la concesionaria TBA, que no realizaba mantenimiento a los coches del Sarmiento para luego poder arreglarlos mediante otra empresa propia.