El Parlamento japonés aprobó este 16 de junio una reforma con la que por primera vez el Código Penal toma en consideración el consentimiento como clave para definir si se cometió una agresión sexual o no, independientemente del uso de la fuerza. El Legislativo también aumenta de 13 a 16 la edad mínima para el consentimiento sexual. Por otra parte, los parlamentarios aprobaron un polémico proyecto de ley LGBTIQ+, en medio de acusaciones de que alentaría a la discriminación contra la comunidad.
Japón intenta dejar clara la criminalidad de las acciones sexuales cuando no son consensuadas.
Se trata de un elemento que hasta ahora no era determinante ante la ley para castigar distintos delitos en esa materia, lo que favoreció la absolución en casos de violación y desencadenó masivas protestas en el país en los últimos años.
Hasta ahora, uno de los puntos más reprochados de la legislación japonesa era que los fiscales debían probar que los acusados incurrieron en la “violencia y la intimidación” para considerarlo un delito.
En caso de que la agresión sexual se cometiera aprovechando la pérdida de conciencia o la ambigua “capacidad para resistirse”, esta era considerada una transgresión de menor gravedad.
Ahora, con la reforma al código penal aprobada por el Parlamento este viernes 16 de junio, cambia la definición del crimen actual de “relación sexual forzada” a “relación sexual no consensuada”.
En este sentido, la norma incluye ocho nuevos supuestos por los que un ataque de esa índole puede ser considerado una violación. Entre ellos, y además de la violencia, la intimidación, amenazas a la víctima, el uso de alcohol o drogas y no dar tiempo suficiente para negarse o resistirse.
Las leyes de Japón con respecto a los abusos sexuales fueron especial foco de críticas en 2019, después de que las autoridades absolvieran a una serie de acusados de delitos sexuales.
La controversia condujo al movimiento Flower Demo, que reunió grupos de víctimas de violencia sexual y sus simpatizantes para exigir cambios a las leyes.
Ahora, esas voces de reclamos empiezan a ver cambios.
Japón aumenta de 13 a 16 años la edad mínima para el consentimiento sexual
Entre los países desarrollados, Japón hasta ahora ha sido el que ostentaba el menor límite para el consentimiento sexual con menores, que estaba en vigor desde 1907. Con la modificación, la nación se alinea al promedio aprobado a nivel global de 16 años de edad.
El término anterior de 13 años amparaba un amplio abanico de abusos contra niñas y adolescentes en la nación, como han denunciado distintas organizaciones para la protección de los derechos de las mujeres.
Por tanto, la reforma también introduce la penalización a aquellas personas que utilicen dinero, intimidación o seducción para fines sexuales con menores de 16 años, por lo que apunta a aquellos se aprovechan del estatus social para llegar a sus víctimas.
Bajo esas circunstancias, los perpetradores se enfrentan a una pena de prisión de hasta un año o una multa de 500.000 yenes, alrededor de 3.500 dólares.
Pero la reforma, además, señala que un individuo que haya tenido relaciones sexuales con alguien de 13 a 15 años de edad solo será castigado si es cinco años mayor o más que la menor.
Los cambios también tipifican como delito el denominado “grooming” contra menores. Es decir, el contacto con menores vía virtual para ganar su confianza e involucrarles luego en una actividad sexual.
Asimismo, la reforma abarca medidas enérgicas contra el “foto voyerismo”, el llamado upskirting: filmar o fotografiar debajo de una falda sin consentimiento y grabar en secreto actos sexuales.
Por primera vez después de un siglo, en 2017, las autoridades japonesas revisaron su código penal e introdujeron algunos cambios, pero las reformas fueron tildadas de insuficientes.
Parlamento aprueba polémico proyecto de ley de comprensión a la comunidad LGBTIQ+
Japón, la única nación del Grupo de los Siete (G7) sin protección legal para las uniones del mismo sexo, aprobó también una iniciativa de ley que, aseguran los legisladores, está dirigida a promover la comprensión de la comunidad LGBTQ+
Sin embargo, la medida ha generado un fuerte rechazo por parte de los grupos defensores de derechos humanos y miembros de la comunidad, debido a los cambios hechos en la redacción del texto que, según sus oponentes, no ofrece garantías para su protección y, en cambio, puede alentar tácitamente algunas formas de discriminación.
El borrador inicial estipulaba que la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género “no debería tolerarse”, pero se cambió a “no debería haber discriminación injusta”. Un aval implícito a la intolerancia, afirman los críticos.
“Aunque el proyecto de ley original no era especialmente significativo, pensé que era mejor que nada (…) Pero ahora he empezado a pensar que sería mejor no tener nada en absoluto”, subrayó Takeharu Kato, abogado y miembro de Marriage for all Japan, un grupo activista.
Japón se había comprometido a aprobar la ley antes de organizar la cumbre de líderes del G7, que se desarrolló del 19 al 21 de mayo.
Pero en medio de las disputas sobre el proyecto y su redacción, solo se presentó el texto al Parlamento para su consideración el día antes de que comenzara ese encuentro.
La potencia se ha visto presionada por otras naciones del G7, especialmente Estados Unidos, para permitir el matrimonio igualitario. Los líderes de las mayores economías del mundo sostienen que temen que Japón no pueda seguir siendo competitivo internacionalmente sin una mayor diversidad, incluida la representación de la comunidad LGBTIQ+.
Las encuestas de opinión en el país muestran que la gran mayoría de los ciudadanos aprueba el matrimonio entre personas del mismo sexo, pero esa sigue siendo una deuda en el territorio japonés.