El abogado, especialista en derecho internacional, habló desde Países Bajos sobre la causa de Vialidad que tiene a Cristina Fernández en una situación muy complicada. Además, advirtió que “con una sentencia de condena en este caso, eso constituye delito precedente para el caso de Hotesur que se reabre prontamente”.
Luego del alegato del fiscal Luciani y el discurso público que hizo Cristina Fernández, el abogado especialista en Derecho Internacional radicado en Países Bajos, Javier Ruiz hizo su análisis de la causa a través de la 99.9.
En principio, destaco que “en Argentina se está iniciando un Nunca Más de la corrupción”. En ese sentido, agregó que “fue muy claro el alegato del fiscal Luciani cuando conecta la corrupción con derechos humanos y pobreza. Me parece impecable el trabajo que hicieron durante más de 3 años. Respecto de la asociación ilícita y la defraudación al estado, encuentran acreditados los cuatro extremos que son los grandes desafíos para la defensa técnica de Cristina Fernández”.
Luego dio detalles de esos cuatro extremos: “hablan de la asociación ilícita como un plan sistemático de corrupción. El primer extremo es un acuerdo entre varias personas, tienen que ser más de cinco; el segundo es la estructura piramidal, que las decisiones bajaban desde las esferas más altas del poder; el tercero es la actuación coordinada de esas personas y el cuarto punto, el más difícil de derribar, es la permanencia del acuerdo de partes para ejercer el delito en el tiempo”.
Después hubo otros hechos destacados dentro de la causa que son irrefutables y que para Ruiz están comprobados: “una de ellas es la operación “limpiar todo” que es cuando se produce el abandono de las obras y sacan todos los rastros del delito y las comunicaciones entre secretarios de Cristina y Máximo Kirchner. Sólo 1 de las 51 obras mantuvo el precio original y hubo burdos aumentos. En una visión macro de todo esto, observo una estructura de crimen organizado y, si bien tiene que probarse el delito precedente, el redireccionamiento de la obra pública es darle a Lázaro Báez las obras con una sentencia de condena en este caso, eso constituye delito precedente para el caso de Hotesur que se reabre prontamente”.
Analizando específicamente el discurso que brindó en redes Cristina Fernández, también dejó algunos conceptos importantes: “no se entiende porque el día después del alegato jurídico, hace un discurso político vía YouTube. Lo que observé fueron tres situaciones en las cuáles se auto inculpa. Se ha olvidado algunas asignaturas de cuando estudió derecho. No puede ocultar a José López y por poco no lo afilia al PRO. Hay un fenómeno que se pasó por alto y es que, quienes hemos participado de juicios orales, sabemos que hay algo que es importante como la prueba obtenida de manera ilícita para introducirla. Me refiero a unos WhatsApp que exhibió con números y nombres que obtuvo a través de los servicios de inteligencia en su carácter de funcionario pero haciéndolos valer como una defensa de carácter personal”.
Todo esto no tiene peso alguno en la decisión judicial porque no son pruebas introducidas en el expediente y al exhibirlas de esa forma pierden validez: “el discurso en YouTube no tiene valor judicial, pero se arroga la facultad de mostrar una conversación privada que hizo espiando. Es una prueba ilícita, está muy mal y es inobservancia total del Código de Procedimiento Penal, pruebas que no pueden ser incorporadas al proceso”.