El juez es el mismo, Gustavo Villanueva. En el Gobierno afirman que en 10 días habrá resultados de las pericias.
Fue el momento más tenso de la maratónica audiencia del miércoles por la extradición a Chile de Facundo Jones Huala. Lejos de los tecnicismos legales, las palabras del lonko de la Pu Lof en Resistencia de Cushamen, despertaron del letargo a todos los presentes en el gimnasio municipal. Durante su primera intervención, Jones Huala hablaba de la toma de Villa Mascardi, donde Rafael Nahuel murió tras un disparo de un agente del grupo Albatros de Prefectura, tal como el propio ministerio de Seguridad reconoció; aunque el contexto de la versión oficial sea diametralmente distinto al que plantean los mapuches. El joven de 31 años dio su versión de los hechos ante el juez Gustavo Villanueva. “Lo asesinaron por orden de su señoría”, le dijo mientras miraba a los ojos al hombre que este lunes deberá decidir si lo envía al país vecino para afrontar un juicio con penas de hasta 10 años de prisión.
El magistrado no bajó la vista entonces ni cuando Jones Huala insistió con la misma idea en su segunda intervención, casi cinco horas después. “Usted señor juez (Villanueva) es absoluto responsable de ese crimen contra mi hermano”, repitió con la voz quebrada, antes de prometer que seguiría el camino de lucha del muerto, de 22 años.
La toma de los terrenos del Parque Nacional Nahuel Huapi, en Villa Mascardi, a la altura del kilómetro 2006 de la ruta 40, donde se instaló la comunidad de Lafken Winkul Mapu sobrevoló la audiencia. No fue casual. Las coincidencias no se agotan en el hecho de que el juez federal de Neuquén y subrogante en Bariloche, también ordenó el desalojo y era el responsable de que la patrulla de Prefectura estuviera en el lugar donde murió Nahuel, hecho que ahora él mismo investiga. Otros nombres se repiten. Fausto Jones Huala -hermano de Facundo- fue una de las dos personas que bajó al herido Rafael Nahuel hasta la ruta y también uno de los únicos detenidos por Villlanueva hasta que después fue liberado. También, acompañó a su hermano el miércoles. Prefectura, en cambio, fue la única fuerza federal que no participó del operativo de seguridad para custodiar el proceso.
El Gobierno insiste con la misma versión que difundió a través de un comunicado, horas después del hecho. Según el relato oficial, los Albatros se defendieron y respondieron un ataque con armas de fuego. El juez todavía no tiene pruebas científicas para determinarlo.
La causa, por ahora, no avanzó. Tiene la misma carátula que el primer día: muerte dudosa. Ninguno de los 8 prefectos fue por ahora imputado en la causa, solo se les comunicaron algunos derechos (ante la posibilidad de una futura imputación y con el secreto de sumario a cuestas). El dermotest -la prueba de pólvora en las manos- de Nahuel, de Fausto Jones Huala y de Lautaro González, el otro detenido aquel día, descansan en el Centro Atómico de Bariloche. En el juzgado de Bariloche no dan precisiones sobre la fecha en la que estarán listos los resultados de las pericias. En el ministerio de Seguridad confían en que dentro de 10 días habrá una definición.
Los terrenos en Mascardi siguen ocupados. En las inmediaciones ya no hay fuerzas de seguridad. Ningún integrante de la comunidad custodia el ingreso. Solo hay banderas mapuches y otras que piden justicia por Nahuel, además de fotos del joven. Cartuchos y gases presuntamente de Prefectura también están apostados sobre la tranquera. Un cartel de madera advierte: “no pasar, territorio mapuche recuperado”.
Algunos vecinos cuentan que no son más de 4 los miembros de la comunidad que permanecen en la zona, donde colocaron algunas carpas, tienen un caballo, gallos y afirman que hacen sonar todos los días, a las seis de la mañana una trutruca, un cuerno de vaca que a hace las veces de trompeta. También denuncian que tiraron árboles abajo, algo prohibido en áreas protegidas.
Villanueva, que había ordenado el desalojo cuatro días antes de que muriera Nahuel, no insistió. En el Gobierno aventuran que la situación de Jones Huala lo demoró. ¿Espera el resultado de la pericia? ¿O le dio tiempo a la mesa de diálogo, que se creó a instancias del arzobispo de Bariloche Juan José Chaparro, que luego recibió el apoyo de la mismísima Conferencia Episcopal? Después de cada uno de los encuentros mensuales -la última fue suspendida y la próxima reunión es el 27- llevan un acta de la misma hasta el juzgado.
Jones Huala cargó durante su exposición contra la mesa, donde -además de Chaparro- se sientan la Asociación Permanente por los Derechos Humanos (APDH), referentes de la Confederación mapuche, del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), de las universidades y representantes de la comunidad Lafken Winkul Mapu, el concejal de La Cámpora Diego Pereyra Kontaro y María Nahuel, tía de Rafael. “La mesa de Mascardi es una mentira”, dijo el lonko de Cushamen. La tía de Rafael avisó que solo muertos abandonarán el terreno.
En el INAI reiteran lo que dijeron el primer día: solo estarían dispuestos a negociar con la comunidad, si dejan la toma. En Parques Nacionales, que a veces participa de la mesa, no están dispuestos a bajar por ahora la denuncia por usurpación. Es más, el viernes Eugenio Breard, titular de Parques Nacionales, firmó la resolución 2018-15 e instruyó a la Dirección General de Asuntos Jurídicos para que avance con medidas para que el juez ordene el desalojo. “(Deben entablarse) entablar todas aquellas acciones administrativas y judiciales capaces y tendientes a hacer cesar -de forma urgente e inmediata- la irregularidad”, afirmó en el documento.
La abogada Natalia Araya, de APDH, sigue adelante con la querella por la muerte del joven en representación de la familia. Este viernes, la madre y el hermano de Rafael, participaron de una convocatoria de artistas en Bariloche junto a Sergio Maldonado, el hermano de Santiago, a quien también evocó Jones Huala.
¿Qué ocurrirá en Cushamen, con las más de mil hectáreas “recuperadas” por el lonko Jones Huala, que son propiedad de los Benetton y donde murió Maldonado? El Gobernador de Chubut Mariano Arcioni le dedicó unas palabras. “Durante un prolongado tiempo irrumpió en nuestra cordillera un grupo sedicioso, la RAM. Seguiremos combatiendo estos actos de quienes -en nombre de comunidades pacíficas- usan la bandera de guerra. Y lo estamos logrando”, afirmó en el inicio de las sesiones legislativas de la provincia. Tres días antes, Jones Huala, reconoció que había sido parte de esa organización.
En el pabellón 6 del penal de Esquel, Jones Huala recibió otra mala noticia el viernes. Villanueva rechazó el nuevo pedido de extradición que la abogada del lonko había presentado el miércoles. El lunes el cacique mapuche volvería a Bariloche para escuchar el fallo del juez, aunque a él todavía nadie se lo comunicó. Si asiste, se espera un gran despliegue de fuerzas, aunque la ciudad -en general- se mantiene apática y a otro ritmo. “Tenemos la convicción de que la sentencia estaría escrita”, afirmó la abogada defensora Sonia Ivanoff el miércoles. Si Villanueva concede la extradición, Jones Huala tendrá una última carta para apelar: la Corte Suprema.