Jorge Pedre, familiar de una de las víctimas del incendio en un hogar de ancianos de La Perla, cuestionó la reapertura del lugar, denunció irregularidades en la habilitación y expresó el dolor de las familias que aún esperan respuestas judiciales.
A tres meses del trágico incendio en un geriátrico de la zona de La Perla, que dejó como saldo cuatro personas fallecidas, el reclamo de los familiares sigue vigente. Jorge Pedre, allegado a una de las víctimas, expresó su indignación por la reapertura del establecimiento y denunció múltiples irregularidades en su funcionamiento.
“Estamos tratando de superar la situación, no es fácil. Son muchas personas, muchas familias. Murieron cuatro personas el 17 de diciembre, hoy se cumplen tres meses y el hogar ya está abierto de nuevo. Parece una broma, pero es así”, señaló en diálogo con la 99.9.
El hecho ocurrió en un establecimiento ubicado en Jujuy 1157 y, según explicó Pedre, aún no hay certezas sobre las causas del incendio. “Son todas versiones, el proceso está en etapa de investigación”, indicó.
Sin embargo, el eje de su reclamo apunta a las condiciones en las que funcionaba el lugar antes de la tragedia. “Esta gente estuvo seis años trabajando sin habilitación. A nosotros nos vendían que estaba habilitado, pero después nos enteramos de las irregularidades”, afirmó.
El vecino también cuestionó la rapidez con la que el geriátrico habría conseguido autorización para volver a operar. “En menos de tres meses lo habilitaron. Eso es lo que más bronca da”, sostuvo.
En ese sentido, remarcó que no hay claridad sobre qué organismo autorizó la reapertura. “Consulté con la Municipalidad, con Inspección General, y me dijeron que había una habilitación provincial, pero yo no la vi. Nadie me la mostró y es un documento público”, explicó.
Pedre relató que incluso se realizó una inspección reciente, aunque en circunstancias que también le resultaron llamativas. “El sábado hicieron una inspección de emergencia, algo raro porque no es habitual. Me mostraron los resultados, pero siguen diciendo que la habilitación depende de la provincia”, agregó.
Para las familias afectadas, el panorama es confuso y genera desconfianza. “Nos resulta todo muy extraño. Había muchas deficiencias el 17 de diciembre, mucha negligencia, y ahora todo parece haber cambiado de golpe”, cuestionó.
El entrevistado también apuntó directamente contra los responsables del establecimiento. “Nos da mucha bronca la impunidad con la que se maneja esta gente”, afirmó, en referencia a los dueños del hogar, vinculados a la familia González.
En cuanto a la situación previa al incendio, reconoció que en su momento no tenían conocimiento de las irregularidades. “Nosotros estábamos conformes, uno desconoce estas cosas. Después, cuando salen a la luz todas las falencias, pasa lo que pasó”, lamentó.
Otro de los puntos que genera incertidumbre es la superposición de responsabilidades entre Provincia y Municipio. “Hasta donde yo leí, las dos cosas tienen que ir de la mano, pero ahora uno le pasa la pelota al otro”, señaló.
Según le informaron desde el ámbito municipal, las herramientas de control también serían limitadas. “La Municipalidad puede hacer un acta o una infracción, pero no puede clausurar porque la habilitación provincial está por encima”, explicó.
Mientras tanto, las familias atraviesan el duelo en medio de la falta de definiciones judiciales. “Estamos todos muy dolidos, tratando de superar esto como podemos, pero la justicia sigue investigando y no hay respuestas concretas”, indicó.
Finalmente, volvió a remarcar el eje central de su reclamo: la falta de explicaciones sobre la reapertura del lugar. “Después de seis años funcionando sin habilitación, en tres meses la consiguieron. Es muy raro”, concluyó.