El abogado que impulsó la denuncia por el programa de viviendas vinculado a la Fundación Madres de Plaza de Mayo cuestionó la falta de cobertura mediática del juicio y sostuvo que el esquema de corrupción involucró a funcionarios de alto nivel. “No podían cometer una administración fraudulenta sin un Estado que diera el dinero y funcionarios que no controlaran”, afirmó.
El abogado Jorge Vitale se refirió al juicio por el programa de viviendas “Sueños Compartidos”, impulsado por la Fundación Madres de Plaza de Mayo, y cuestionó la escasa repercusión mediática que ha tenido el proceso judicial. En diálogo con la 99.9, sostuvo que se trata de una causa de enorme gravedad institucional que, sin embargo, prácticamente “no tiene cobertura”.
“Es como si no existiera y además no le dan ningún tipo de envergadura relacionada ni con el monto ni con las características ni con el nombramiento de las figuras que fueron centrales en este tema”, afirmó.
Vitale señaló que el expediente involucra a dirigentes políticos y funcionarios de alto nivel, aunque en el debate público muchas veces se centra la responsabilidad en figuras secundarias. “Es como si se tomara a los accesorios, como puede ser Schoklender o alguno de los otros, o incluso De Vido, que está en muchas causas, pero se evita hablar de las figuras centrales”, indicó.
En ese sentido, recordó que desde el comienzo del escándalo hubo intentos de presentar el caso como un conflicto entre particulares. “Desde el inicio se trató de instalar que era una cuestión entre privados. En los años 2011 y 2012 hubo manifestaciones de funcionarios que decían que era solamente un problema de Schoklender que se había quedado con el dinero”, explicó.
Sin embargo, el abogado aseguró que ese planteo no resiste análisis. “Schoklender es una figura dentro de todo este andamiaje, pero no podía haberse realizado esta administración fraudulenta sin un Estado que hubiese dado el dinero y sin funcionarios que no hubiesen controlado”, remarcó.
Según Vitale, durante todo el proceso judicial se intentó desviar el foco de las responsabilidades principales. “Permanentemente se trató de sacar a las figuras importantes de esto, como el presidente, la presidenta o los funcionarios que estaban directamente vinculados al manejo del programa”, sostuvo.
Si bien reconoció los antecedentes del propio Sergio Schoklender, también insistió en que el esquema era mucho más amplio. “No hay dudas de que es una persona que ha estado muy fuera de la ley, pero eso no significa que todo el sistema haya funcionado solamente por él”, indicó.
De acuerdo a su planteo, la investigación contiene abundante evidencia sobre el funcionamiento interno de la Fundación. “Hay infinidad de pruebas en el expediente sobre cuál era el manejo real que se realizaba directamente con Eve de Bonafini, que era quien autorizaba los pagos y recibía el dinero”, afirmó.
Incluso mencionó operaciones financieras que, según indicó, formaban parte del circuito de fondos. “Está demostrado en el expediente que el dinero que manejaba Bonafini se llevaba a través de una especie de cooperativa o caja financiera que operaba en el país y que después de la denuncia cerró y se trasladó a Uruguay”, explicó.
Para Vitale, el caso refleja un esquema de corrupción que se reproduce cuando no existe control desde las máximas autoridades. “Cuando roba el de arriba, los de abajo también lo hacen. Esa es una experiencia que se repite permanentemente”, sostuvo.
En ese sentido, recordó experiencias personales que vivió en distintos ámbitos del Estado. “He visto infinidad de gente que entró con buenas intenciones y cuando empezó a tener que robar para arriba, empezó también a robar para ellos”, señaló.
Según explicó, ese mecanismo termina generando un sistema generalizado de corrupción. “Si la cabeza funciona mal, todos los que siguen abajo terminan robando para su molino”, afirmó.
Por ese motivo, consideró que la responsabilidad principal siempre debe buscarse en los niveles superiores de la estructura política. “Yo siempre voy más por las cabezas que por los intermediarios. Si la cabeza funciona bien, a los intermedios los controlás y si se desvían los echás”, explicó.
En relación al juicio actual, Vitale también se refirió a las estrategias judiciales que han presentado algunos imputados durante el proceso. “Schoklender ha presentado más de 17 recursos entre la Cámara y la Corte, planteando prescripciones o el transcurso del tiempo, pero todos esos planteos ya fueron rechazados”, señaló.
Al mismo tiempo, destacó el trabajo realizado por los organismos que participan como acusadores. “La fiscalía, junto con la UIF y la Oficina Anticorrupción, están demostrando algo que yo siempre sostuve: que no se trata de 200 millones de pesos, sino de una administración fraudulenta que en aquel momento llegó a 1.200 millones”, afirmó.
De acuerdo con su interpretación, ese monto representaba en aquel momento cerca de mil millones de dólares. “Si cada cinco propiedades quedó una sola, y las que quedaron hoy no resisten el análisis, es evidente que el daño fue muchísimo mayor”, sostuvo.
Vitale también cuestionó la calidad de muchas de las viviendas construidas en el marco del programa. “Me han enviado fotos de edificios de tres pisos construidos con materiales de muy baja calidad. Tenían ascensores buenos que hoy ya no funcionan y esos huecos se usan directamente para tirar basura”, relató.
Para el abogado, la mala calidad de las construcciones es una consecuencia directa del esquema de corrupción. “Lo poco que hicieron no resiste el análisis”, afirmó.
En esa línea, vinculó estos casos con otros problemas estructurales del país. “Esta es la consecuencia de que hoy no tengamos vivienda, de que tengamos malos hospitales o mala educación”, sostuvo.
Vitale recordó que este tipo de irregularidades en la obra pública no son nuevas. “Cuando yo era secretario de Vivienda de la Legislatura tuve que anular contratos del FONAVI porque construir un departamento de dos ambientes que costaba alrededor de 20 mil dólares lo estaban pagando 120 mil o 130 mil dólares”, explicó.
Según relató, ese tipo de decisiones también tuvo consecuencias personales para él. “Eso me valió que me balearan el estudio”, aseguró.
El abogado sostuvo que este tipo de prácticas solo puede sostenerse con la complicidad entre funcionarios y empresarios. “Es imposible que los empresarios lo hayan hecho solos. Para que eso ocurra tiene que haber funcionarios que lo permitan”, indicó.
Por ese motivo, insistió en que la mayor responsabilidad corresponde al sector público. “Yo critico más a los funcionarios que a los empresarios, porque son los que tienen que controlar”, afirmó.
Finalmente, advirtió que muchos de los actores que participaron de estos negocios siguen presentes en el sector de la construcción. “Son los mismos empresarios que durante cuarenta años han hecho grandes negocios con el Estado”, concluyó.