El abogado Jorge Vitale, denunciante original del caso Sueños Compartidos en 2011, afirmó en la 99.9 que el juicio que comienza hoy debe analizar no sólo los 230 millones investigados sino los 1.200 millones de pesos otorgados a la Fundación. Apuntó contra ex funcionarios nacionales, gobernadores e intendentes por su responsabilidad en el control de las obras.
Tras más de una década de trámite judicial, comenzó el juicio oral por el caso Sueños Compartidos, la causa que se inició a partir de la denuncia presentada en mayo de 2011 por el abogado Jorge Vitale. En diálogo con la 99.9, el letrado sostuvo que el proceso debería abarcar la totalidad de los fondos otorgados y no sólo la cifra formalmente imputada.
“Son 22 los procesados. Las figuras más importantes son Julio De Vido, López, Fatala y los hermanos Schoklender”, explicó. Y detalló que el esquema incluía “un entramado de empresas offshore” a través de las cuales se distribuían los fondos destinados a la construcción de viviendas mediante la empresa Meldorek.
Vitale recordó que la acusación actual gira en torno a “una defraudación por el orden de 230 millones de pesos”, pero advirtió que “lo que se le dio realmente a este grupo fueron 1.200 millones de pesos, que en aquel momento eran casi mil millones de dólares”. Según afirmó, “de cada cinco viviendas se construyó una y de esa una que se construyó no resistió el transcurso del tiempo”.
“El dinero que se le dio fue para beneficio de unos pocos y además para hacer política”, remarcó. Y agregó que desde 2008 ya recibía advertencias sobre “un despilfarro total” en la construcción de viviendas adjudicadas a la Fundación Madres de Plaza de Mayo, encabezada por Hebe de Bonafini.
El abogado cuestionó que se le asignara semejante volumen de recursos a una fundación sin experiencia técnica en construcción. “Era algo ilógico. No estaban capacitados”, afirmó. Además, señaló que los costos de obra “eran hasta tres veces superiores al valor de plaza” y que el sistema constructivo utilizado —paneles tipo Tergopol— “no era el que se usaba en Holanda o Australia, sino un invento local que no resistía análisis técnico”.
Vitale también apuntó a la trama societaria detrás de las obras y mencionó la creación de múltiples sociedades offshore vinculadas al entorno del poder político de entonces. En ese marco, sostuvo que la causa original fue desviada en sus inicios con el objetivo de presentar el caso como un conflicto entre privados y no como una maniobra con responsabilidad estatal.
“El intento fue demostrar que era un problema entre empresarios y no un problema con el Estado”, recordó, al referirse a las decisiones judiciales que en un primer momento apartaron la responsabilidad de funcionarios públicos. “Fue una causa donde hasta inventaron denuncias paralelas para diluir responsabilidades”, añadió.
El abogado también repasó lo que considera el origen político del acuerdo entre el kirchnerismo y Bonafini. “La verdadera compra ocurre en 2004, cuando la fundación estaba fundida y Néstor Kirchner le da el equivalente a 40 millones de dólares a través del Banco Nación Leasing. A partir de ahí cambia la relación y después viene Sueños Compartidos”, sostuvo.
Asimismo, cuestionó la falta de responsabilidad atribuida a gobernadores e intendentes que debían certificar el avance de obra. “Si a vos te dan dinero, vos tenés que aprobar los planos, controlar si están haciendo las obras. ¿Cómo vas a pagar sin certificar?”, planteó. Según explicó, varios mandatarios provinciales fueron inicialmente imputados pero luego quedaron fuera del proceso por falta de mérito.
Vitale también mencionó la responsabilidad política de ex jefes de Gabinete como Alberto Fernandez y Anibal Fernandez, así como de la entonces presidenta Cristina Fernandez de Kirchner, al considerar que se trató de un acuerdo político que no podía desconocerse en los niveles superiores del Ejecutivo.
Finalmente, expresó su expectativa de que el juicio permita esclarecer el destino total de los fondos públicos. “Espero que se juzgue realmente todo el dinero que se le dio, porque fue administrado fraudulentamente. Después de tanto tiempo y tanto batallar, al menos que haya justicia”, concluyó.