El Fiscal General Federal de Mar del Plata presentó una denuncia contra el ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona y explicó los motivos.
El Fiscal General Federal de Mar del Plata, Juan Manuel Pettigiani decidió presentar ante la justicia una denuncia contra el ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona para que lo investiguen por supuesto incumplimiento de los deberes de funcionario público. Una presentación de este tipo, en los tiempos políticos que se viven, es realmente destacada.
El propio denunciante, habló en la 99.9 sobre los fundamentos de la presentación: “Ha sido una decisión a la que he llegado después de un camino en donde se intentó agotar instancias de razonamiento y de negociaciones bastante más prudentes, pero nos encontramos con que los distintos mecanismos institucionales lamentablemente nos llevaron a que esta sea la única situación en donde se pueda analizar la legalidad con que está actuando el ministro teniendo en cuenta que los fiscales desde el año 94 son un poder independiente”.
En cuanto al delito propiamente dicho, agregó que “el artículo 120 de la Constitución Nacional y la ley orgánica del Ministerio Público establece que cuando uno resuelva asignarle nuevas funciones a los fiscales, debe hacerlo acompañado de los recursos para poder enfrentar esas nuevas obligaciones. Acá nos encontramos con un proceso que se inició en el departamento judicial de Santa Fe, siguió con el de Mendoza y en todas las implementaciones que se han dado del nuevo sistema procesal penal, en donde los fiscales pasan a ser el centro de la investigación, los directores de la investigación y los responsables sobre todo de la investigación, en lugar de nombrarse los fiscales necesarios y de dotarse de los recursos suficientes, se vino nombrando secretarios en lugares de los fiscales, dándole la función de fiscal, pero sin la protección constitucional que significa el nombramiento conforme la Constitución lo manda, y sobre todo en particular en cuanto a los recursos, sin asignar nuevos y agotando el presupuesto del Ministerio Público”.
Hubo advertencias puntuales a lo largo del proceso que Cúneo Libarona ignoró y por eso considera que se debe poner un límite a la situación: “todo esto se lo fue diciendo el procurador interino al ministro en cada una de las implementaciones en las que se iba avanzando. Ahora nos encontramos con que llegamos a la implementación en Mar del Plata. El ministro decide llevarla adelante, el procurador le dice que ya no hay dinero para llevarla adelante, en el medio el Jefe de Gabinete le baja un 25 % el presupuesto al Ministerio Público Fiscal, y en esas condiciones el ministro decide seguir avanzando con la implementación. Introdujimos un amparo que el procurador desestimó, y no nos quedó otra vía que plantearle ante el juzgado 12 de Comodoro Py, que estábamos ante un incumplimiento de los deberes a su cargo, porque estaba violando el artículo 120 de la Constitución, el artículo 38 de la Ley del Ministerio Público y el 43 de la Ley de Administración Financiera que le impone al ministro que si va a asignar nuevas funciones a un órgano, lo haga con los recursos suficientes. Esto debe analizarse dentro de lo que es todo el sistema de control que en este momento el ejecutivo está en una suerte de decisión de desmantelar”.
Para Pettigiani además, este tipo de medidas tiene como objetivo debilitar a la justicia lo que sería aún mucho más grave: “hay una suerte de política de querer avanzar en la implementación, pero sabiendo que el punto de llegada de ese sistema y de esa forma en que se está implementando va a ser un Ministerio Público Fiscal vaciado. Ese es el punto final al que se quiere llegar y lamentablemente es el que nosotros vemos que hay que parar, porque si no, nos vamos a encontrar con que dentro de un año y medio o dos, cuando ya el ministro no esté, ni el procurador esté, los fiscales nombrados vamos a tener que dar explicaciones de por qué no estamos funcionando como el sistema quiere, va a ser muy difícil de resolverlas una vez implementado. Cuando esto mismo ocurrió en la provincia en el año 98 que cambió el sistema se hizo todo un año de capacitación a los distintos operadores. Acá hay una idea del poder de reducir la capacidad de control de los distintos organismos que orbitan alrededor de esto, pero en este caso el error es que lo hizo no con un organismo que depende del poder ejecutivo, sino con un organismo independiente y creo que ahí es el límite que la Constitución marca en cuanto a que le imposibilita al ministro avanzar como pretende hacerlo”.
También destacó que hubo una orden de trabajo coordinado cuando se empezó a implementar este sistema que tampoco se realizó: “Lo irónico es que el propio presidente le dice en el decreto que lo autoriza a implementar el código procesado al ministro que coordine con las autoridades correspondientes y establezca una prioridad de necesidades para poder llevar adelante el sistema. Nada de esto se hizo, no se coordinó, no se estableció una planificación, no se previeron las necesidades para poder satisfacerlas ni un plazo para poder hacerlo. Se está llevando adelante con un mero voluntarismo que se inscribe en una medida populista porque se desentiende de las consecuencias al futuro”.
Por último, el fiscal Pettigiani hizo una comparación directa con lo que pasa en el Servicio Penitenciario y que parece buscar el mismo destino ahora con el sistema judicial: “Gran parte de la solución que estamos ofreciendo desde la justicia suelen terminar en un fraude, porque si usted se fija lo que es el sistema penitenciario, lamentablemente todos los que trabajan hoy dentro del sistema penitenciario son héroes, porque están enfrentando una demanda de una sobrepoblación impresionante, con recursos absolutamente escasos. Es algo que cada vez que uno entra a un establecimiento se encuentra con que la sociedad pareciera que no quiere mirar. Es como que mejor no sepamos lo que pasa dentro de una unidad penitenciaria. Si realmente la sociedad supiera lo que pasa, tal vez hoy estaría reclamando porque se destinen los fondos necesarios y se dé el tratamiento que hay que dar. Gran parte de estos temas tienen que ver con que la política ha decidido usar de variable de ajuste todo lo que es el sistema penal y en una sociedad que tiene el 50 % de pobreza, realmente esa es una decisión que nos coloca en el escenario que hoy estamos viendo de violencia, de homicidios permanentes, un escenario donde todos los días somos víctimas de diversos delitos. Creo que esa situación tiene mucho que ver con una decisión política en donde al sistema penal se lo pone en una suerte de frontera, de último límite, y se resuelve de una manera absolutamente sencilla: metamos a todos los presos en instituciones en donde no tengan ningún tipo de tratamiento. Lo único que hacemos es largarlos mejorados, porque encima los capacitamos para el delito ahí adentro, en lugar de tratar de reinsertarlos socialmente, que es un poco el fin que la ley de ejecución prevé y que no se cumple”.