El fiscal federal dio detalles en la 99.9 sobre el pedido que realizó para que, una vez terminada la emergencia sanitaria, se proceda a desactivar el protocolo que le permitía a los presos federales en cárceles de la provincia, usar el teléfono.
El fiscal federal Juan Manuel Pettigiani tiene intervención en dos temas centrales en la actualidad para la ciudad de Mar del Plata. Uno tiene que ver con la adquisición de un chalet para el uso del CONICET que se indica que es de Lázaro Báez y además, una presentación que realizó para que se suspenda el uso de celulares en las cárceles para los presos federales que se encuentran en los penales de la provincia.
En la 99.9, se refirió a ambos temas, dando interesantes detalles. En principio, habló sobre el chalet para el CONICET y señaló que “es una investigación periodística que, recabando información, logra establecer el proceso de adquisición del inmueble donde surgen datos preocupantes. Concretamente, el chalet habría pertenecido a una firma cuyp paquete accionario y patrimonial fue adquirido por Austral Construcciones en 2011. Debería estar dentro de ese acerbo que es parte de lo que se investiga como corrupción de la Obra Pública. Es una cuestión que el Estado, antes de proceder a compra, debería haber analizado más cuando la compra fue en 2023 y el juicio estaba en pleno desarrollo y era de público conocimiento”.
También quieren que se investigue si ese dinero estuvo bien gastado porque, según tiene investigado, trabajarían muy pocas personas en ese lugar: “le estamos pidiendo a la jueza Capuchetti que intervendrá en la denuncia, si la aplicación de estos fondos constituye una administración eficiente de los recursos públicos asignados. Básicamente porque nos encontramos con que una averiguación periodística, indica que el CONICET en Mar del Plata tiene un plantel de 1.200 personas de las cuáles son 560 investigadores, 480 becarios y el resto personal de apoyo y administrativo. Esas personas tienen un edificio de 18 mil metros cuadrados en la avenida Colón y a pesar de eso, se compró una casa por 750 mil dólares en pleno centro de Mar del Plata donde trabajarían unas 20 personas, el 0.3% de la gente que trabaja en CONICET”.
Por otro lado y en paralelo, explicó el pedido que realizó para que los presos federales no puedan utilizar más el teléfono celular en las cárceles: “el 31 de diciembre el gobierno nacional decidió no prorrogar la emergencia sanitaria. Eso traía aparejado que, con motivo del COVID, el Ministerio de Justicia de Buenos Aires emitió un protocolo donde se autorizaba a los internos que estuvieran cumpliendo condena pudieran usar celulares para palear la imposibilidad de visitas. Concluida la emergencia y por ende cesada la causa de la tenencia de celulares para los detenidos, pedimos a nuestro tribunal con relación a los internos federales en cárceles de la provincia, se ordene el cese de ese protocolo”.