La intención del Gobierno es pagar no sólo los 50.000 juicios que ya tienen sentencia firme de la Corte Suprema de Justicia, sino los otros 200.000 expedientes.
El pedido llegó en directo desde el despacho presidencial de la Casa Rosada. Se lo dio Mauricio Macri al titular de la ANSeS, Emilio Basavilbaso: ponerse al día con los juicios de los jubilados por reclamo en la actualización de haberes entre 2003 y 2006.
Pero la instrucción del Presidente fue que el pago no sea sólo para los 50.000 que ya tienen sentencia firme de la Corte Suprema de Justicia, sino también con las otras 200.000 demandas que aún no tienen sentencia firme, pero que se sabe que la tendrán, en juicios que llevan en promedio nueve años.
Tendrán prioridad de cobro los casos de edad avanzada (hay muchos de entre 85 y 99 años), enfermedad terminal y situaciones extremas. No sólo pagarán hacia atrás la deuda, sino que van a recomponer el haber: el jubilado que gana $ 9000 en promedio pasará a ganar $ 14.000.
El presupuesto, de $ 12.500 millones, alcanzaría para los 50.000 juicios con sentencia de la Corte, por lo que utilizarían dinero del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) para saldar la otra parte, que ascendería a alrededor de otros $ 50.000 millones, por lo que sería en cuotas, ya que no quieren hacerlo con bonos, por la mala experiencia que hubo en los 90, cuando se trató de hacerlo así y no tuvo buen resultado.
El FGS hoy es de $ 750.000 millones: el 13% son las acciones de empresas cotizantes, el 70% es títulos de deuda y plazos fijos, y el resto otras inversiones. En Banco Nación tienen los plazos fijos por $ 8500 millones, pero ese dinero lo usan para créditos hipotecarios. De títulos públicos hay $ 429.000 millones, pero de esos líquidos son $ 100.000 millones, sobre todo Discount 2033, Bonar 2018 y 2019, que podrían entregar por mercado.
El objetivo es que el flujo de este fondo se empiece a usar para financiar cosas que tienen que ver con los jubilados, como es este caso, y no para otros fines, como en el Gobierno anterior. En la ANSeS no descartan vender alguna acción, pero no este año ni el próximo, sino en 2018. La estrategia sería desarmar en cuotas respetando el orden del Merval.
De todos modos, el proyecto deberá pasar por el Congreso, por lo que podrá tener modificaciones por parte de los diputados y senadores.
Otra de las instrucciones directas de Macri fue armar un plan de pago no sólo para quienes tienen juicios, sino que sea más amplio. Quieren realizar una propuesta voluntaria, con una quita, a los otros jubilados que no hicieron juicio, pero tienen el derecho de hacerlo, que son un universo de 1,1 millón de personas más, según estimaciones de Martín Pérez Acchili, especialista en temas previsionales.
“Se puede autorizar por decreto el uso del FGS porque fue creado por decreto. Se conversa con senadores, diputados, camaristas de la previsión social y otros actores involucrados. También estamos trabajando en el texto del decreto, que aún no está terminado”, anticipó a El Cronista una fuente oficial, en estricto off the record.
El decreto es por si se quisiera utilizar una parte del FGS para pagar deuda a jubilados; pero no se habló de ninguna venta de acciones por decreto. Las acciones están dentro del FGS (en custodia), pero si se venden será por ley y lo determinará el Congreso, como así su porcentaje.
Con el decreto se pueden vender títulos de la deuda pública y cancelar plazos fijos, que son el 70% del FGS y pagar la deuda.