El Defensor del Pueblo del Partido de Gral. Pueyrredón explicó esta mañana en la 99.9 cómo se llegó a la resolución contra la empresa Movistar, que colocó una antena en el Barrio Acantilados violando dos ordenanzas vigentes. “La Justicia resolvió cobrar una multa de 10.000 pesos y el retiro inmediato de la antena”, aclaró.
La empresa Movistar violó una ordenanza que prohíbe la instalación de antenas telefónicas en el Partido de General Pueyrredón. A través de la Defensoría del Pueblo, se pudo interceder una acción legal que terminó siendo favorable, obligando a dicha firma a pagar una multa y a retirar el artefacto.
Quien trabajó en este sentido junto con los vecinos fue el defensor del Pueblo, Cristian Azcona. Esta mañana en la 99.9, explicó: “la situación en Acantilados comenzó en julio, cuando se colocó una antena. Nosotros tomamos intervención en diciembre, cuando se estaba terminando de instalar, y descubrimos que era de Movistar. Tuvimos varias notificaciones diciendo que era una torre tanque; después dijeron que no era una antena. Hicimos un trabajo en conjunto con los vecinos que terminó ayer, con la resolución de cobrar una multa de 10.000 pesos a la firma y de obligar al retiro inmediato de la antena”.
Si bien el proceso judicial seguirá, la antena no podrá ser utilizada por la empresa hasta que la Justicia termine de expedirse. Azcona comentó: “tuvimos que hacer el procedimiento muy rápido, porque esta gente adelantaba mucho los trabajos hasta los fines de semana a altas horas de la noche para terminarla. La antena se va a sacar, aunque Movistar pueda apelar. Pero con las ordenanzas que hay vigentes y que indican que en Acantilados no se puede colocar este tipo de antenas, y con la ordenanza que prohíbe por 180 días la aplicación y puesta en marcha de antenas, se resolverá de la misma manera”.
El problema es que después de la suspensión de 60 días habrá que trabajar en el problema de fondo para que esto no se repita: “pedimos una mesa de consenso en este sentido, porque dentro de los fundamentos Movistar se argumenta que en la Avenida Independencia, desde Colón a Peralta Ramos, hay 62 antenas de telefonía sobre los edificios. Ellos manifiestan que no producen enfermedades y pusieron como ejemplo que en Santa Fe las antenas están colocadas en las plazas y no manifiestan ningún perjuicio”, agregó.
La principal intención es demostrar si estas antenas tienen efectos sobre las personas: “nosotros queremos que nos muestren científicamente si estas antenas provocan o no un perjuicio para la salud. Como no se presentaban, pedimos que se clausure la oficina comercial de 25 de mayo e Independencia. Tuvimos que hacerlo para que la compañía se presentara. La empresa dice que no tenemos el poder de controlarlos y decirle dónde van las antenas. Esto irrita. El poder de policía no lo podemos perder”, seguró el Defensor del Pueblo.
Además, desde su dependencia comenzarán a trabajar sobre otros puntos de control que debe tener el gobierno y que no está usando. “La empresa EDEA le otorgó luz trifásica, cuando no tenían ni habilitación municipal ni permiso provincial. En la declaración jurada se le dijo a un ingeniero que era una bomba de agua, y eso no fue corroborado. Es lo mismo que sucede en los barrios del sur, donde se usurpan casas y consiguen la luz enseguida. Eso hay que cambiarlo. Se deben regular algunas situaciones donde el Estado no está haciendo el control de policía que debería”, puntualizó.
Por último, y refiriéndose a otro tema que abordó recientemente, como la venta de tolueno a menores, Azcona remarcó: “he recibido el bendito informe que pedí en diciembre y sé fehacientemente cuánto dinero ingresa al Gobierno municipal en materia de coparticipación del tema menores. Me he encontrado con una cifra muy alta, y por eso debería haber alguna línea de acción. Le pedí a la nueva Secretaria de Desarrollo Social que nos visite para interiorizarme sobre algunas situaciones que con un presupuesto tan alto, se podrían estar de otra manera”.