Por Dr. Javier Ruiz, Abogado y Especialista en Derechos Penal Internacional (Autor del Proyecto “Corrupción y Derecho Internacional” para la Universidad de Ámsterdam – UvA, Países Bajos)
Llegando casi al final del alegato del Fiscal Dr. Diego Luciani, en la “Causa Vialidad”, por el cual la vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner, se encuentra afrontando la etapa final de su primer juicio oral, acusada de ser la jefa de una asociación ilícita y de fraude al Estado, todo parece mostrarnos, que nos estamos acercando al momento, en que se efectuará un pedido de condena ejemplar: 16 años de prisión, por ambos cargos de la acusación, y por la cantidad de pruebas, que prolijamente y con una didáctica pocas veces vista, pero necesaria a la hora de efectuar cualquier alegato de acusación en materia de crimen organizado y corrupción.
A través del alegato oral, los argentinos salimos del mero “estado de sospecha” para insertarnos en la “existencia de hechos concretos” y acreditados, tal vez la llamada “certeza positiva” en los términos del Ministerio Publico Fiscal, que entre Néstor Kirchner y Cristina Kirchner, entre 2003 y 2015, encabezaron una “asociación ilícita” de carácter piramidal, destinada a “enriquecerse con dinero de las arcas públicas”, utilizando como instrumento el “direccionamiento arbitrario de la obra publica de Santa Cruz”, a través sobre todo de la empresa Austral Construcciones, de Lázaro Báez, y montando “en el seno de la administración nacional y provincial, una de las matrices de corrupción más extraordinaria que se haya desarrollado en el país”.
Manifiestas irregularidades, abuso de poder, negociados de todo tipo, coimas, ausencia de controles (el Fiscal Luciani, casi ha dedicado mediodía de sus exposiciones, al detallar la omisión de los controles y de los organismos de fiscalización, refirió a un “apagón informativo” y además, los escarmientos con los que se amenazaba a los funcionarios) y todo tipo de tropelías escandalosas, fueron perpetradas a través de la referida asociación ilícita, para la administración fraudulenta de los recursos públicos en perjuicio del Estado.
Además, el Fiscal expuso mediante la exhibición de chats, los nexos entre los “cuadernos de las coimas”, el lavado de dinero de la “Causa Hotesur “y las obras de LázaroBáez, y concluyo de manera categórica, que las “sociedades entre Báez y los Kirchner, son claros actos de corrupción”
“No hacemos referencia a un simple adjudicador de obras; sino a los “presidentes “que están en la más alta jerarquía del estado, donde los vínculos y los negocios se realizaban a partir de un claro interés económico”.
En la Séptima jornada de alegatos, fue el Fiscal Dr. Sergio Mola, quien vincula las pruebas de la obra publica con el caso de los “Cuadernos de la Corrupción”, ya que en ambos se trata de una organización que funciono entre 2005 y 2010, dedicada a la recaudación ilegal de fondos, de manos de empresarios que tienen contratos con el Estado.
Desde la cabeza mas alta del poder, se formó una asociación o “banda para delinquir”, y partiendo desde esa “asociación”, quienes deben cuidar o custodiar y administrar los recursos públicos, los utilizaron en beneficio propio; no solo perjudicaron el funcionamiento de las instituciones; sino que constituye una defraudación a la confianza depositada por el pueblo.
El Código Penal Argentino, reprime con una pena que oscila entre tres a diez años de prisión, para la asociación ilícita; en el caso de la administración fraudulenta, solo establece una sanción de uno a seis años de prisión.
En el presente caso, el “delito de asociación ilícita” aparenta ser el que reviste mayor entidad, por la pena establecida; pero Cristina Fernández, estará seguramente másenfocada en el segundo delito, ya que el delito de “administración fraudulenta”, entra en la categoría de los “delitos de corrupción”.
Si aplicamos con rigor la Constitución Nacional, en su artículo36, se contempla el delito de “atentado contra el orden constitucional y el sistema democrático”, y se establece que una de las maneras de cometerlo es “enriqueciéndose dolosamente con fondos públicos”, por lo que sus autores, pueden ser sancionados de “inhabilitación de por vida”, para ocupar y ejercer cargos públicos. Y un detalle que no es menor: este delito, es “inindultable”; no es susceptible de ser indultado o de “perdón jurídico alguno”. Esta es la verdadera gravedad que puede tener para Cristina Fernández, recibir una pena como la mencionada previamente.
Cristina Fernández de Kirchner, en la actualidad se refugia en sus fueros parlamentarios: y su edad avanzada, 70 años en febrero del próximo año, conspiran con una pena de cumplimiento efectivo; pero la inhabilitación para ejercer un cargo o función pública ya sería una muy buena reparación, para la sociedad decepcionada y que esta demandando “justicia”.
Los aspectos relevantesa tener en cuenta:
1.Según el Fiscal Luciani, no hay dudas de que Cristina Kirchner fue la jefa de una asociación ilícita destinada a extirparle fondos al Estado. “Cristina Kirchner es Báez”, dijo Luciani;
“Entre 2013 y 2015 funcionó “en el seno del Estado” una asociación ilícita “piramidal”, cuyos jefes eran “los jefes de Estado” con el objetivo de la detracción de fondos del Estado para beneficio particular”.
- El “factor Lázaro Báez”: los “responsables” de la asociación ilícita decidieron “crear” al empresario que fuera a recibir las obras viales que se usarían para “extirpar” el dinero de las arcas públicas. Ese empresario fue LázaroBáez, que no contaba con la menor experiencia en materia de obra publica vial.
- La cuestión de los “privilegios”: Lázaro Báez incumplió casi todas de las obras que se le adjudicaron. En solo una de las 51 obras mantuvo su precio original; luego fue favorecido por burdos incrementos y anticipos, según el fiscal. “Y consiguió más de 1500 millones de pesos en concepto de incrementos presupuestarios. Todo con un procedimiento ilegal”.
- “Limpiar todo”: la “desaparición” de LazaroBáez cuando Cristina Kirchner dejó la Casa Rosada y el consiguiente abandono de las obras, fueron un eje central del alegato fiscal.
Aquí Luciani mostró su carta más fuerte e inesperada para los imputados: los mensajes de JoséLópez, incluidos chats con Máximo Kirchner y Mariano Cabral, secretario privado de Cristina Kirchner. De esos mensajes surge que “Austral Construcciones”, cobró cifras millonarias en tiempo récord, ante el peligro de que los pagos se frenaran por el cambio de gobierno.
Algo de 24 obras fueron abandonadas antes de que asumiera la administración de Macri. - “Estructura piramidal y espejo”: debajo de Néstor y Cristina Kirchner, se necesitaba gente de confianza para cumplir con su plan y asegurar la impunidad. Luciani habla de una “estructura estatal como un “espejo” de la estructura de la asociación ilícita”.Estructura propia del crimen organizado.
El objetivo principal, era que la “cúpula” de la “supuesta banda criminal”, quedara lo mas despegada de la ejecución posible de la maniobra; había que crear una distancia para alejar la responsabilidad de la Presidencia”
Recordemos que luego que el Fiscal Luciani concluya con su alegato, comenzaran las Defensas a “alegar”, es decir, a poder hacer merito acerca de los mencionados aspectos relevantes, de los cuales intentaran defenderse. Pero tengamos en cuenta, que la estrategia judicial de Cristina Kirchner, no se basara en mencionar pruebas o testigos, sino en utilizar maniobras de “malicia procesal” para ganar tiempo y repotenciara una nueva escalada contra jueces y fiscales que la investiguen. En síntesis, una estrategia dilatoria con doble objetivo: tratar que la sentencia no se conozca a fines de noviembre o diciembre; sino el próximo año, cuando el país entre en campaña política presidencial; y se presentaría como la “victima” de su teoría del “lawfare”, el” llamado derecho penal del enemigo” de los regímenes populistas.
La importancia:
Una condena en este caso (“Vialidad”), puede reactivar el juicio contra Cristina Fernández en la Causa “Hotesur”, es decir, fortalecería la denuncia de lavado de dinero de Lázaro Báez, en los hoteles de la vicepresidente. Y también confirmaría la existencia de un “delito precedente”.
En esta causa (“Hotesur/Los Sauces”), Cristina Fernández y sus hijos, están acusados de recibir fondos de Báez y López, en “compensación” por los negocios con el Estado que les facilitaron. Esta causa se encuentra actualmente en apelación por el Fiscal de la Cámara de Casación Penal Federal. (Cristina y sus hijos, habían sido sobreseídos sin haberse realizado el juicio).
Respecto al “delito precedente”: una eventual condena de Cristina Fernández, en el caso “Vialidad”, dejaría fuera de la discusión, que el dinero que llego a la familia Kirchner (a través del pago de habitaciones de hotel y alquileres, era un “retorno” de fondos de obra pública). Se confirmaría, así el delito precedente del lavado de dinero.
También, con una eventual condena a la vicepresidente, en el presente “Caso de Vialidad”, se conformaría la “primera asociación ilícita” liderada por Cristina Kirchner. La defensa de la vicepresidente objeta que “pueda existir más de una asociación ilícita”.