Alegando que es bueno “que desempeñe otra tarea en su carrera”, la Corte uruguaya pasó a la jueza Mariana Mota de un juzgado penal a uno civil. Es una emblemática investigadora de los crímenes de lesa humanidad en la última dictadura militar.
La Suprema Corte de Justicia de Uruguay brindó una peligrosa señal al anunciar que removió por “razones técnicas” a Mariana Mota, jueza emblemática en Derechos Humanos y la lucha contra la impunidad de los delitos cometidos durante la dictadura cívico-militar que se desarrolló entre 1973 y 1985.
La magistrada estaba tramitando más de 50 causas en las cuales se investiga a militares implicados en crímenes de lesa humanidad, y cobró notoriedad en febrero de 2010 a través de un fallo histórico para su país que condenó a 45 años de cárcel al ex dictador Juan María Bordaberry y a su ex ministro de Relaciones Exteriores, Juan Manuel Blanco. Se trató del único caso donde civiles fueron juzgados por crímenes de lesa humanidad y atentado a la Constitución.
La Corte decidió que Mota pasara de un juzgado penal a otro civil y, según el presidente del cuerpo, Jorge Ruibal Pino, porque entendieron que “la doctora Mota ya cumplió su ciclo en lo penal y es bueno que desempeñe otra materia en su carrera”. En principio, la medida tuvo el repudio de los familiares de las víctimas de la dictadura y las más representativas organizaciones sociales y políticas, además de por la propia Mota que dijo que su traslado de fuero le resulta “sospechoso” y señaló que “es extraño” que haya sucedido cuando ella no lo pidió y tampoco ha cometido “ninguna falla”.
Poco antes, Ruibal Pino, abogado que está en la Justicia desde 1979, hizo una rápida carrera en los años de la dictadura y preside la Corte desde el 1 de febrero pasado, ya había dicho que Mota “tuvo algunos sumarios, algunos de los cuales ya terminaron sin responsabilidad para ella”. La jueza fue determinante en su respuesta: “Sobre mí no ha pesado ni pesa ningún sumario”.
Jorge Chediak, otro de los ministros del tribunal, también había declarado que la jueza “tenía antecedentes, se le habían sacado varias tarjetas amarillas y todo era una cuestión de tiempo”. Esta maniobra terminó siendo muy arriesgada porque varios jueces desmintieron las afirmaciones. Durante el 2011, Mota había participado de la Marcha del Silencio que se realiza los 20 de mayo de cada año por el centro de Montevideo y donde miles de personas llevan velas manifestando en silencio y en memoria de las víctimas de la dictadura.
Mota fue “observada” por la Corte luego de estar presente allí y también tuvo problemas con el ministro de Defensa Eleuterio Fernández Huidobro, que en agosto pasado le impidió realizar un relevamiento fotográfico en una unidad militar.
Este cambio de fuero fue celebrado por las organizaciones sociales de los uniformados. Tal es así que el presidente del Círculo Militar, general retirado Guillermo Cedrez, anunció que “esto demuestra que aún se puede confiar en la Justicia”.
Del otro extremo de la línea, las organizaciones de familiares y víctimas de la dictadura, la Federación de Estudiantes Universitario y la central sindical única se concentraron en la sede de la Suprema Corte repudiando el traslado de Mota. El lema utilizado fue “Por memoria, verdad, justicia y nunca más, la lucha contra la impunidad no se detiene”.
Entre las adhesiones, el traslado de Mota fue duramente criticado por la ex fiscal Mirtha Guianze, que fue otra destacada profesional en la defensa de la legislación internacional en materia de Derechos Humanos, quien consideró la decisión como “sorprendente e indignante”, aunque advirtió que “se veía venir”. Luego agregó: “se trata de un retroceso importantísimo de la justicia en Uruguay y una victoria de la impunidad”. La ex fiscal participó de la investigación de las desapariciones y muerte de la maestra Elena Quinteros y el matrominio Julien, dos casos que resultaron paradigmáticos para el Plan Cóndor. “Mota es una persona que tiene una visión global de lo que pasó en la dictadura, tenía una gran dedicación a su trabajo y una calidad humana impresionante”, relató. Guianze denunció, además, que el traslado de la magistrada provocará una “parálisis de los juicios pendientes”, ya que “tenía que resolver casos que implican a personalidades demasiado importantes de la órbita militar”.
