La sentencia y el posterior encarcelamiento de Lula da Silva, ha dado lugar a opiniones contrapuestas que van desde los elogios de la derecha, hasta la condenación de la izquierda, con algunas notorias excepciones, resaltando que “el imperio” activó al juez Moro para encarcelador a un viejo luchador social que sacó de la pobreza a 38 millones de brasileños.
Por Alejandro Olmos Gaona
Después de leer todo lo que dicen los medios sobre Lula , creo que el Juez podría haber tenido la prudencia de no ordenar su detención, aunque legalmente correspondiera, debido a que para la justicia brasileña, bastan dos fallos para ordenar la detención. Aparentemente esto puede ser revertido próximamente, porque en cualquier sistema legal, solo queda firme la culpabilidad, ante una confirmación del máximo tribunal, cosa que aquí no ha ocurrido.
Tampoco puedo desconocer que estas situaciones favorecen a los elementos más regresivos que, con el pretexto de la corrupción de gobiernos o líderes populares, pretenden volver a etapas superadas, utilizando la condena del ex presidente para embarrar cualquier intento de mejora de las clases más necesitadas. Pero en modo alguno tal circunstancia puede esconder realidades que son indisimulables, y que el discurso progresista pareciera querer ocultar
No puedo admitir lo que dicen personalidades como Boff, Frei Beto, Pérez Esquivel, y escribas de la izquierda, de diverso naturaleza, de que Moro condenó a Lula sin pruebas y basándose solamente en la declaración de un arrepentido, diciendo y repitiendo esto como un mantra, sin haber leído ni una página de la sentencia, además de sostener que a un luchador como Lula no se lo puede condenar.
Además, se estigmatiza a Moro por ser parte de un supuesto “plan” de los Estados Unidos para aniquilar a luchadores populares.
Más allá de que la sentencia de Moro pueda ser susceptible de cualquier cuestionamiento y veremos que resuelve el Superior Tribunal Federal, YO HE LEIDO SUS 238 PÁGINAS, y es absolutamente falso que la condena se funde nada más que en la declaración de un arrepentido. Pero además he leído las más de 200 páginas de la condena a Marcelo Odebrecht, que guarda relación inescindible con la trama de corrupción para financiar la política y beneficiar a los grupos concentrados de la economía brasileña de cuyo crecimiento Lula es uno de sus grandes responsables.
Moro muestra la estructura corrupta en la que se vinculan Petrobras, OAS, Techint, Odebrech, Andrade Gutierrez, y un variopinto conjunto de personajes que van desde el ex presidente, hasta ministros, senadores, diputados en un entramado delincuencial propio del sistema capitalista, cuyo único objetivo es la maximización de las ganancias a cualquier precio.
Moro transcribe largamente la declaración de Lula y pone en evidencia una a una sus contradicciones, transcribe declaraciones no solo de un arrepentido, sino de varios, cita documentos encontrados en la casa de Lula, muestra intercepciones en las comunicaciones de celulares donde se hace referencia a todo este tema. Relata filmaciones sobre encuentros que Lula negara. Pone en evidencia las absurdas y reiteradas chicanas de los abogados de Lula para demorar el proceso; finalmente muestra como la defensa de Lula pretendió culpabilizar a la mujer del ex presidente para eludir sus responsabilidades. Además se muestra la financiación del PT, la corrupción de Petrobras, y la trama en la que participaran otros partidos. Esta condena siguió a la de otros personajes como Marcelo Odebrecht y José Dirceu, jefe de gabinete, del ex presidente que fueron condenados a largas penas de cárcel por robos, estafas y otras operaciones delictuosas.
Los que hablan de una persecución política, soslayan que Moro también encarceló a prominentes empresarios, no precisamente de izquierda y que su investigación sirvió para sacar al neoliberal presidente del Perú. En las causas que se siguen investigando hay gobernadores de la derecha, 28 senadores de diversas fuerzas políticas y más de 40 diputados, además del procesamiento de Aecio Neves, recientemente ordenado por el Supremo Tribunal Federal.
Si bien en cuestiones como la planteada es admisible que existan diversas opiniones, resulta improcedente, que se descalifique una sentencia, sin que se conozca ni una sola de sus páginas como lo hacen todos los que hablan de este tema, y tampoco se tengan en cuenta las complejidades de un proceso judicial, la actuación gubernativa de Lula y el significado del subimperialismo de Brasil, que sus apologistas pasan por alto, como si fuera una cuestión inexistente.
No voy a desconocer que Brasil ha conseguido eliminar prácticamente la pobreza extrema. Uno de los últimos informes del Banco Mundial resalta que el número de brasileños que vive con menos de 2.5 dólares diarios cayó del 10 al 4%, que el 60% de los brasileños aumentó su nivel de renta entre 1990 y 2009 y que Brasil es un ejemplo de reducción de pobreza en la última década. Las políticas públicas que tienen como objetivo la erradicación de la pobreza, como la Bolsa Familia, que ofrece una modesta renta mensual a cambio de la escolarización de los hijos, o el Brasil sin Miseria, pensado para los más pobres, han tenido que ver en ese descenso, como también el aumento de empleo formal, cuyas tasas crecieron un 60%. Si bien se eliminó considerablemente la pobreza extrema en la última década, 18 millones de brasileños siguen viviendo en la pobreza, un tercio de la población no consiguió acceder a la clase media y se mantiene vulnerable económicamente. Son logros indudables del gobierno de Lula, pero están alejados de la fantasiosa cifra de 38 millones de personas que supuestamente habrían salido de la pobreza, como alardean sus apologistas, y por otra parte los programas sociales han tratado de paliar las consecuencias de la distribución desigual de la riqueza, pero no han ido a las causas, al origen del problema. Lula no hizo nada para realizar una modificación estructural, sino que fue parte de un esquema gubernamental, donde los grupos concentrados del poder aumentaron exponencialmente sus ganancias.
También es importante consignar, que en los presupuestos del Estado durante la gestión de Lula y su sucesores, uno de los rubros fundamentales fue el pago de la deuda pública, llegándose a extremos de destinar el 45% de los mismos al pago de esa obligación. Nunca el gobierno decidió una auditar una deuda, que tiene los mismos elementos de ilegalidad que la nuestra, ya que los procesos de endeudamiento fueron comunes a toda Latinoamérica durante la década del 70, continuando con el sistema de pagar y refinanciar aquello que no se podía.
Para Pérez Esquivel, Frei Betto, Sader y otros opinadores vernáculos resulta una herejía cuestionar a Lula. Ellos prefieren tener una visión acrítica de la realidad brasileña, y de las formas de un gobierno que mostrando una continuidad con anteriores gestiones ha fortalecido a los grandes grupos empresarios de Brasil, logrando una eficaz penetración en diversos países latinoamericanos, mediante la compra de activos, la apropiación de recursos naturales, la rapiña de materias primas y el cultivo de la corrupción para acceder a obras públicas que beneficiarían esos grupos, cuyas prácticas comerciales tuvieron en Lula a un eficaz defensor.
Un notable pensador brasileño Rui Mauro Marini, habló hace décadas de lo que significaba el “subimperialismo”, y si bien no puede decirse que este sea un fenómeno específicamente brasileño, sino que se da también en otros contextos, Brasil puede ser un claro ejemplo de esa tendencia, de consecuencias dañosas para aquellos países donde su influencia puede llegar a ser arrasadora.
Aunque el fenómeno viene de arrastre, Lula no hizo nada por modificarlo, sino que por el contrario lo incentivó, adoptando posiciones personales en determinados casos. Hoy el capitalismo brasileño controla parte de importantes fuentes de divisas de la región (hidrocarburos en Bolivia, frigoríficos en el Uruguay, energía en el Paraguay, minería en el Perú, y otrora grandes empresas argentinas, fueron absorbidas por sociedades brasileñas)
Tendría mucho para hablar al respecto sobre la defensa de Lula de empresas corruptas y depredadoras, pero solo me voy a referir a dos hechos que conozco suficientemente. Uno de ellos por haber intervenido, y el otro, porque me fuera relatado por su protagonista, un gran amigo hoy desaparecido Andrés Soliz Rada, ex ministro de Hidrocarburos de Bolivia durante la primer gestión de Evo Morales, que redactara el Decreto de nacionalización de los hidrocarburos al poco tiempo de asumir el presidente Boliviano.
BRASIL EN BOLIVIA
Apenas asumido su cargo en el año 2006, Soliz efectuó una denuncia contra la española Repsol, en complicidad con Petrobras, por haber exportado gas de contrabando a Brasil; una acción penal contra la estadounidense Enron por los 130 millones de dólares que tuvo que erogar Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos para construir el gasoducto al Brasil; el contrato de venta de gas a Argentina bajo el compromiso de financiar la planta separadora de líquidos ya edificada, y el impulso a las auditorías a las empresas petroleras. Esas medidas de Soliz, causaron mucho ruido entre las empresas involucradas, especialmente Petrobras, que se manejaba con una inadmisible autonomía en materia de hidrocarburos. No toleraron la independencia, del ministro lo que le ocasionó muchas desinteligencias con Evo Morales.
La relación de Solíz Rada con el gobierno se fue haciendo problemática, por defender la soberanía de los recursos bolivianos y se agravó, debido a que en aplicación del decreto de nacionalización, dispuso que YPFB controlara la producción de las refinerías de Cochabamba y Santa Cruz, que estaban en poder de Petrobras. La decisión originó la protesta del gobierno brasileño, a través del asesor político de Lula, Marco Aurelio García, lo que motivó que el vicepresidente Álvaro García Linera anunciara a los medios de comunicación el congelamiento de la medida. El anuncio de García Linera fue formulado sin avisarle a Soliz, quien ante esa indisimulable claudicación a las pretensiones brasileñas, presentó su renuncia el 15 de septiembre de 2006. En el 2011 Petrobras había llegado a controlar el 46% de las reservas probadas de gas del país, y el 39% de las de petróleo, y las dos refinerías más importantes del país. También se le adjudicaron a Petrobras las grandes reservas de los megacampos de San Alberto y San Antonio, todo ello producto de ese subimperialismo, que mucha militancia de izquierda quiere ignorar, aunque las evidencias sean incontrastables.
BRASIL Y ECUADOR
Cuando el presidente del Ecuador Rafael Correa me designó miembro de la Comisión de Auditoría de la Deuda en julio del año 2007, uno de los puntos a investigar eran los créditos bilaterales suscriptos por el Ecuador. Uno de ellos el acordado con el Banco Nacional de Desarrollo de Brasil (Bndes), para la construcción de la Represa de San Francisco en la provincia de Tungurahua. No voy a comentar los términos leoninos del contrato que observamos, sino la exigencia del banco prestatario que la obra debía ser construida por un consorcio integrado por tres empresas brasileñas, liderado por Odebrecht. En el contrato se había pactado, que ante cualquier incumplimiento de las empresas de cualquier naturaleza o defectos en la construcción, el Bndes quedaba eximido de cualquier responsabilidad y el crédito debía pagado igual. Cabe mencionar, que las empresas para obtener la obra estimaron un costo de 286 millones de dólares y al poco tiempo fueron sumando adendas modificatorias que elevaron el costo a 370 millones. Fueron muchas las ilegalidades que pusimos en evidencia en la Auditoría que fue elevada a Correa en septiembre del 2008.
Unas semanas antes a poco de inaugurada, la represa colapsó y el 23 de septiembre Correa declaro emergencia nacional, suspendió los contratos, ordenó la movilización de las fuerzas armadas, y ordenó la requisa de los bienes de Odebrecht, diciendo “Mientras más escarbo más pus encuentro. Estos señores han sido corruptos y corruptores, han tenido comprado a funcionarios del Estado” Ante la reacción de Correa Marcelo Odebrecht hizo lo imposible para evitar la suspensión de los contratos, pero la decisión del gobierno era irrevocable. Para evitar un conflicto con Brasil, y de acuerdo a lo pactado en el contrato se decidió solicitar el arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional de París. Era una movida más leve que un planteo judicial como le habíamos sugerido al presidente. A las pocas horas de presentar en Francia el pedido de Arbitraje, el presidente Lula llamó a Correa haciéndole saber su enojo por el pedido de arbitraje y ordenó el inmediato retiro de su embajador en Quito, Antoninio Marques Pinto. Así procedía Lula en defensa de los intereses de Odebrecht.
Correa, sabiendo de las consecuencias económicas de la irritación de Lula, decidió pagar una cuota del crédito, y comenzaron negociaciones para llegar a algún tipo de acuerdo. Lamentablemente y a pesar de las ilegalidades del contrato, de los mayores costos, de las artificiales subas de materiales y una larga serie de cuestiones que sería largo enumerar, Correa claudicó, aceptando llegar a un acuerdo transaccional con Brasil, por el cual Odebrecht indemnizaba a Ecuador con la suma de 20 millones de dólares, lo que significaba un verdadero despojo, ya que las pérdidas habían sido de 83 millones de dólares, y la totalidad de las demandas contra Odebrecht oscilaban los 250 millones de dólares.
Finalmente el subimperialismo brasileño se impuso, se tuvieron que retirar las demandas, se dejó sin efecto el arbitraje en París y Odebrecht volvió a Ecuador en el 2011, otorgándosele nuevas obras, derramando más de 33 millones de dólares en “honorarios” a funcionarios para acceder a jugosos contratos.
Un detalle final: el Brasil de Lula, fue uno de los principales obstáculos para que nunca se concretara el Banco del Sur. Las formalidades de su constitución quedaron en papeles, en los discursos triunfalistas de la Unasur, pero la realidad de los negocios se impuso. El poderoso Banco Nacional de Desarrollo de Brasil no podía admitir competidores en Latinoamérica.
En la consideración de Lula, debe hacerse una clara distinción entre decisiones de su gobierno que favorecieron a los sectores más desfavorecidos, y una política subimperialista, cuyas consecuencias económicas favorecieron a Brasil, pero dañaron ostensiblemente a los países donde sus empresas y sus bancos actuaron. Lamentablemente las visiones sesgadas, las apologías militantes a las que son tan afectos ciertos intelectuales progres, no tienen nada que ver con los hechos, y siempre las evidencias que quedan en los archivos, muestran realidades irrefutables, que ni la más hábil dialéctica podrá disimular.