Testimonios de imputados implican a la presidenta en la compra de una refinería en 2004 por 27 veces por encima de su valor.
A medida que pasan los meses, los brasileños parecen acostumbrarse al desfile de altos dirigentes políticos y económicos que llenan los telediarios como supuestos implicados en el gigantesco esquema de corrupción descubierto por la Operación Lava Jato. Si hace dos semanas eran exgobernadores o el expresidente de la República Fernando Collor de Mello (entre otros numerosos diputados y senadores), ahora se trata del que fue jefe de Gabinete del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, José Dirceu, y hasta de la mismísima presidenta de Brasil.
Dilma Rousseff vuelve a las crónicas del caso Petrobras tras ser acusada indirectamente por tres poderosos ejecutivos encarcelados de ser la máxima responsable de lo ocurrido, como presidenta del Consejo de Administración de Petrobras entre 2003 y 2010 (la operación se extiende entre 2004 y 2012).
La detención y encarcelamiento de Néstor Cerveró, exdirector del Área Internacional de Petrobras, el pasado día 14 tras aterrizar de sus vacaciones navideñas en Londres, arroja luz sobre una de las operaciones fundamentales del caso. Cerveró debe prestar declaración la semana próxima sobre el ejemplo estrella de la red de corrupción montada alrededor de la petrolera: la compra de la refinería de Pasadena (Texas, EE UU), por la que se pagó una cantidad 27 veces superior a la que había desembolsado dos años antes, en 2004, la empresa belga Astra Oil. Cerveró, al que la policía detuvo este mes por haber puesto repentinamente a nombre de sus hijos tres apartamentos y medio millón de reales (194.000 dólares), es sospechoso de haberse embolsado 20 millones de dólares en una operación que habría producido un perjuicio de 792 millones de dólares (2.043 millones de reales) a la estatal brasileña.
El exjefe de gabinete de Lula, José Dirceu, cumple actualmente condena por corrupción en el caso mensalão (aumentativo de mensal, mensualidad) y puede sorprender menos que aparezca ahora como sospechoso de recibir sobornos en el caso Petrobras.
Los testimonios contra Cerveró son demoledores. El exdirector de Abastecimiento de Petrobras Paulo Roberto Costa, uno de los principales delatores de la investigación, confesó ante la Policía Federal haber recibido 1,5 millones de dólares para “no entorpecer” la compra de la refinería estadounidense, en la que el propio Cerveró y el lobista Fernando Soares Baiano, presunto operador del PMDB (Partido del Movimiento Democrático Brasileño), se habrían embolsado entre 20 y 30 millones de dólares provenientes con toda probabilidad de Astra Oil. También reveló el nombre de un operador de Baiano, Diego, que trabajaba en Suiza, donde la Justicia brasileña ha enviado un equipo de fiscales y peritos que compruebe, entre otros extremos, la relación entre algunas de las principales constructoras brasileñas y cuentas de exdirectivos de Petrobras bloqueadas en el país helvético. La defensa de Cerveró niega cualquier participación en la trama corrupta.
Costa habría argumentado también los motivos que desaconsejaban la compra, según él bien conocidos por todo el Consejo de Administración (presidido en aquella época por Dilma Rousseff, ministra de Energía), que sin embargo votó favorablemente por unanimidad. Poco después, tras el descubrimiento de yacimientos presal ultraprofundos, el foco de las inversiones en la estatal mudó hacia la exploración y producción, lo que derivó en la postergación de Pasadena.
Néstor Cerveró alegará en su declaración que hubo “negligencia, violación de deber de diligencia y precipitación innecesaria” del Consejo de Administración de la estatal en la compra de Pasadena, según ha informado la prensa brasileña desde Curitiba, todavía epicentro de la investigación. La misma estrategia ha sido ya apuntada por una de las constructoras centrales en la Operación Lava Jato, UTC, cuyo presidente, Ricardo Pessoa, ha sido repetidamente nombrado en las delaciones como jefe del club de empresas contratistas que se repartían los jugosos contratos y habían fabricado una red paralela de sobornos, blanqueo de dinero y financiación irregular de partidos políticos. En su documento de defensa ante la decisión de Petrobras de apartarle de cualquier contrato nuevo (que afecta también a las otras 22 empresas implicadas), la UTC afirma que “ si hubo cartel […] su principal agente sería Petrobras, siendo el supuesto club como máximo un instrumento de sus propias acciones”.
Los abogados del empresario Gérson de Mello Almada, vicepresidente de Engevix Engenharia y preso desde el 14 de noviembre, afirmaron el miércoles en un documento entregado a la Justicia Federal, sin mayores rodeos, que las sobrefacturaciones comprobadas en contratos de Petrobras fueron usadas para sufragar el “alto coste de las campañas electorales” y para que el Gobierno Federal pagase a parlamentarios a cambio de su apoyo político, en un esquema organizado por el PT para mantenerse en el poder. El Gobierno, Lula da Silva y el PT no quisieron comentar la denuncia.
Debilitadas por la Operación Lava Jato, y con algunos de sus máximos responsables tras las rejas desde hace más de 10 semanas y presionados por sus familias, algunas de las mayores empresas constructoras del país estarían estudiando, según diversas fuentes, un acuerdo general de delación premiada (multas millonarias, fin de donaciones electorales y prohibición de licitaciones públicas durante tres o cinco años a cambio de penas rebajadas). El principal escollo es la negativa de la Policía Federal y el juez Sergio Moro a aceptar que los ejecutivos escapen a alguna condena de prisión en un caso con pretensiones ejemplarizantes.
Mientras tanto, Petrobras debe aprobar finalmente el balance del tercer trimestre del año pasado, todavía sin homologar por la auditora externa PricewaterhouseCoopers. La estatal inició hace semanas contactos con empresas extranjeras que puedan llenar el hueco dejado por las empresas contratistas envueltas en la Operación Lava Jato, a pesar de que el diario O Globo cita fuentes gubernamentales según las cuales la petrolera registraría pérdidas contables por valor de casi 10.000 millones de reales (3.875 millones de dólares), provenientes en su mayoría de haber eliminado los beneficios generados por los contratos sucios de la Lava Jato, y podría recortar significativamente sus inversiones este año, hasta un 25-30%.