Son aproximadamente u$s 51.308 millones de dólares, sobre un total adeudado de casi u$s 115.000 millones que la entidad bancaria le “prestó” al Tesoro Nacional. Son “préstamos” de corto plazo, conocidos como “adelantos transitorios” y “letras intransferibles”.
Esas letras tienen la particularidad de que el acreedor, en este caso el Banco Central, no puede transferirlas ni vendérselas a otra persona, tanto física como jurídica. De hecho, las debe mantener en su patrimonio como un activo más hasta su vencimiento, por lo que su valor de mercado es cero y su realización comercial se torna imposible, quedando la entidad en manos de la “voluntad” del gobernante de turno para satisfacer esa “deuda”.
Entre las operaciones más importantes realizadas bajo esta modalidad (uso de reservas a cambio de letras intransferibles), se destaca el pago de la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que ocurrió tras el canje de 2005. Otras operaciones surgieron a partir de la creación del Fondo de Desendeudamiento Argentino (FDA), con el que se cancelaron obligaciones con organismos multilaterales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) y tenedores de títulos del sector privado, también mediante el uso de reservas del BCRA a cambio de letras intransferibles por el mismo monto.
El monto de la deuda del gobierno con el Banco Central, aquellos U$S 51.308 millones, representa el 26% del total de la deuda pública del país que, según el Ministerio de Economía, hasta diciembre del año pasado ascendía a u$s 197.464 millones.
Pero el BCRA no es el único acreedor interno del país. Son varios los organismos públicos que tienen en su poder instrumentos de deuda emitidos por el Tesoro nacional.
Según elauditor.info (primer portal periodístico que sintetiza y difunde los informes de los organismos que controlan al Gobierno), otro acreedor importante es el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que administra la ANSES y al que le corresponde el 27% de la deuda intra-sector público. Son unos 31.000 millones de dólares.
El tercero en importancia es otro banco, el Nación, que tiene “prestado” al Gobierno unos u$s 16.000 millones. Éste y otros organismos del Estado son cajas a las que solo el Gobierno nacional puede echar mano; y lo ha hecho sin pudor ni prudencia. Completan la lista de acreedores internos la Lotería Nacional, la Administración General de Puertos y el PAMI.
Lo cierto es que entre aquellos anuncios rimbombantes de ayer a este presente, en el que además el Gobierno debe salir a las corridas a buscar algún grado de acuerdo por las sentencias desfavorables que deben afrontarse en la CIADI (con una desprolijidad y una falta de idoneidad que ya ni siquiera asustan), ha corrido mucha agua bajo el puente.
Aguas que, por lo demás, no dejan de enturbiarse, ya que en esa falta de calidad profesional demostrada por Lorenzino y sus adláteres se terminó incluyendo en el “arreglo” a las demandas de dos fondos buitre (¿no eran innombrables?), que además supieron pagar en su momento jugosas comisiones para hacerse por centavos de esos papeles con los que, ahora, ganarán más de un 300% de su inversión original.
¿Y sabe el lector a quién le pagaron esas comisiones? Nada menos que al vicepresidente Amado Boudou.
No lo dude, si se sortean seiscientas celdas, el marplatense es candidato a quedarse con todos los premios.
Pero más allá del destino personal de tan impresentable personaje, las deudas van acumulándose y ya nadie duda de que se encaminan hacia un momento de crisis que aparecerá cuando el Estado tenga que pagarle…al Estado.
En la perversión que caracteriza al kirchnerismo, muy semejante a la que en su momento empujó al menemismo, los vencimientos están prolijamente programados como una bomba de tiempo que estallará en la cara de la próxima administración.
Como le ocurrió a De la Rúa, que se encontró con que todos los desmanes del último tiempo de su antecesor habían caído, oh casualidad, en el tiempo de su gobierno. Y claro, la Argentina estalló en mil pedazos; y el peronismo dijo nuevamente “presente” para “salvar” al país.
¿Ocurrirá esta vez lo mismo? ¿Los constructores de esta deuda “con nosotros mismos” estarán tramando minar el territorio del próximo gobierno? ¿Podrán hacerlo otra vez con la impunidad de sus antecesores?
Y, quizás, la pregunta más importante sea aquella que se refiere a si los ciudadanos, otra vez, nos comeremos el cuento del “falso responsable” y pondremos nuestra furia en la persona equivocada mientras los responsables se preparan para volver (o para seguir) en la política como si nada.
Mientras tanto, la deuda está y alguien tiene que comenzar a preocuparse por resolverla.
¡¡¡Olvidáte!!!, es la respuesta habitual de quienes preguntan cuándo y cómo el Gobierno nacional va a abonar esas deudas.