El presidente de la empresa, Jaime Cibils Robirosa, hizo una severa crítica al dictamen elaborado por la fiscal general ante la Cámara Comercial, Gabriela Boquín, en el marco del concurso preventivo de la firma.
La empresa Correo Argentino S.A. rechazó hoy con severas críticas el dictamen elaborado por la fiscal general ante la Cámara Comercial, Gabriela Boquín, en el marco del concurso preventivo de la firma, por la “exorbitancia de las inexactitudes” que contiene, y calificó la estatización decidida por el gobierno de Néstor Kirchner “como la peor de la historia”.
La Fiscal “no puede ignorar que ha sido el propio Estado el que provocó la presentación de este concurso; que ha sido también el Estado el que desapoderó de todos sus activos a la empresa, sin reparación alguna, y que ha sido también el Estado quien se ha rehusado a encontrar una solución integral a todos los diferendos”, señaló el titular del Correo Argentino, Jaime Cibils Robirosa, en una presentación que hizo hoy ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, en la que mencionó también “el llamativo y espurio manejo de las cifras y la liviandad con que se han expuesto conclusiones erróneas”.
Uno de los ejes de la presentación está centrado en la forma en que la Fiscalía realizó el cálculo de la deuda de la empresa, a la que califica como una “arbitraria, antojadiza y absurda manipulación de las cifras”, con la intención de “confundir a la opinión pública politizando” la cuestión.
Además hace hincapié en la “intempestiva” rescisión en 2003 de la concesión por parte del presidente Néstor Kirchner, cuyo gobierno “sin resolver los planteos interpuestos, se apropió de todos los bienes y activos sin pagar un solo centavo por ellos”, a la que menciona como “una verdadera exacción”, en “la peor estatización de la historia argentina”.
También destaca que la propuesta de solución presentada por la empresa “no es un acuerdo espurio, ni antojadizo, ni oscuro”, efectuada en un proceso concursal “transparente”, sin irregularidades y que ha tenido la aprobación de “tres sindicaturas participantes y de más de 600 acreedores”.
Recuerda que al hacerse cargo de la empresa, en 1997, a Correo Argentino S.A. se le otorgaron determinados derechos, como ser la exclusividad del servicio de carta documento, único prestador del estado Nacional, único editor de sellos postales, y el ejercicio del poder de policía postal, entre otros, “que conformaban el valor económico de facturación esperable”.
Sin embargo, mientras la empresa “sobrecumplió sus obligaciones de inversión” aportando “más de 400 millones de dólares”, el Estado “jamás cumplió sus compromisos, afectando así desde el inicio el desenvolvimiento de la concesión, pues quebró las bases económicas en las que se asentaba el negocio”, señala.
Más adelante, considera la rescisión “intempestiva” de la concesión dispuesta por Néstor Kirchner a poco de asumir en el 2003, “una verdadera confiscación que se encuentra totalmente proscripta en el derecho argentino” y señala que fue “la peor estatización realizada por el Estado Nacional, despoja a la concesionaria de todos sus activos y le deja los pasivos, sin reconocer importe alguno en concepto de pago por los bienes apropiados y las inversiones realizadas”.
Con respecto de la deuda de la empresa ante esa “exacción”, Correo Argentino S.A. expresa que el Estado Nacional verificó la suma de 296.205.376,49 pesos, cuyos intereses quedaron suspendidos por disposición del artículo 19 de la ley concursal, al mes de setiembre de 2002.
Afirma que la Fiscalía, en una “forzada conclusión”, actualiza de “manera tendenciosa” el crédito del Estado aplicando “la tasa activa del Banco de la Nación, la tasa más alta que existe en la Argentina, a sabiendas de que eso es improcedente”. “No hay forma legal ni jurídica alguna que permita llevar la deuda verificada por el Estado Nacional en el mes de junio de 2003 ni a 4.000 millones de pesos ni a 30.000 millones ni a 70.000 millones”, sostiene, y afirma que “se insiste al volcar los valores expresados en pesos argentinos a un monto absurdamente inflado con tasas inaplicables a este tipo de proceso”.
Con este proceder, considera la presentación de la empresa, “la Fiscalía persigue un solo objetivo: confundir a la opinión pública politizando innecesariamente una materia netamente judicial”, y asegura que la oferta de pago que efectuó en la audiencia del 28 de junio de 2016 es de un valor de “aproximadamente 600 millones de pesos”.
Con respecto de interés acordado del siete por ciento, puntualiza: “Desde el momento en que la Argentina y desde el propio Estado Nacional se ha sostenido durante los últimos años que no había inflación”, esa cifra “pretende brindar a la acreencia del Estado una estabilidad razonable”, y considera “dentro de los valores de la región, como una compensación justa y razonable de estimaciones de tasas futuras”.
Rechaza luego que el tiempo transcurrido beneficie a la empresa concursada, y afirma que, por el contrario, “la dilación del proceso tenía y tiene un solo beneficiario, el propio Estado Nacional, que sigue usando gratuitamente bienes ajenos para prestar los servicios postales, y el servicio de conteo de cómputos electoral”, entre otros, en un lapso en que “Correo Argentino intentaba sobrevivir a los embates jurídicos y sobre todo políticos de la anterior administración”.
Se pregunta en el escrito “qué se entiende por propuesta abusiva, como entiende la misma Fiscal” Boquín, y plantea la diferencia de actitud en el caso de otras estatizaciones, como las de YPF, Aerolíneas Argentina, Aguas Argentinas, entre otras, con respecto al procedimiento seguido con el Correo Argentino.
“El estado Nacional, al rescindir maliciosamente la concesión, se apoderó sin derecho alguno de todos los activos y dejó en manos de Correo Argentino S. A. todo los pasivos”, afirma.
“La sistemática, irracional y caprichosa negativa de la administración anterior, avalada luego por la fiscalía de Cámara, impidieron esa solución equitativa y obligaron a una propuesta de pago en efectivo, en una demostración más del poder amedrentador que se intentaba imponer a la empresa”, expresa el escrito, de diez carillas tamaño oficio.
Pone de relieve como “una gravísima injusticia” que “la Fiscalía, que sostuvo jurídicamente que la compensación” que propugnaba la concursada y cuya “inviabilidad” originó la demora en el expediente, “cuestione hoy un acuerdo de pago, inventando valores exorbitantes, (lo cual) parece un relato perverso cuyo único objetivo es asfixiar a Correo Argentino e impedirle una solución concursal que más de 600 acreedores han avalado y todavía esperan concretar”.