La excarcelación de los funcionarios de IOMA se concretó el pasado 27 de septiembre. La medida responde a un pedido de los abogados de los imputados; en especial, de Fernando Burlando, quien asiste al ex titular de la Subdirección Técnico Científica y de Farmacia y Bioquímica del IOMA, Marcelo Piergiácomi, y el empresario Leonardo Daniel Paci.
Entre los delitos que se les imputaban figura el hecho de haber cargado en el sistema del IOMA medicamentos oncológicos utilizando números de afiliados fallecidos varios meses antes, lo que alimentó el circuito de venta ilegal de las drogas de alto costo. La maniobra fue posible porque no existe una adecuada articulación del IOMA con el Registro de las Personas de la Provincia. El caso fue denunciado oportunamente por el ex senador Luis Malagamba y publicado por el diario Hoy en diciembre de 2011. Así se inició la investigación que, un año y medio más tarde, terminó con allanamientos al tercer piso de la obra social y 10 detenciones. Se sospecha de la existencia de un multimillonario mercado negro de medicamentos de alto costo.
El dictamen del Juez de Garantías habilitó una excarcelación extraordinaria. Anteriormente, el juez Guillermo Atencio y luego la Cámara de Apelaciones y Garantías de La Plata, habían denegado la excarcelación simple para todos los detenidos. Por un motivo evidente: los delitos que se imputan no admiten esa posibilidad.
Sin embargo, Melazo impulsó un cóctel de excarcelaciones extraordinarias; en cada caso, haciendo valer tecnicismos como que poseen domicilio, arraigo, trabajo, vínculos familiares como padres de avanzada edad o hijos menores. Algo que no se contempla para la inmensa mayoría de los reos que hacinados en las cárceles bonaerenses. Sin embargo, en este caso el juez fijó una fianza, irrisoria. Concretamente, para Piergiácomi y Leonardo Massaccesi (Jefe del Departamento Auditoría y Fiscalización Farmacéutica del Ioma) el monto real fue de $100 mil, cuando la estafa cometida multiplica varias veces esa suma.
A los hermanos, Andrea Fabiana Heintz y Guillermo Ariel Heintz, farmacéuticos, se les fijó una caución de $50 mil cada uno. Lo mismo ocurrió con otros dos farmacéuticos que son matrimonio. Asimismo, a Víctor Hugo Shama, imputado como supuesto nexo entre los funcionarios de la obra social y las farmacias que actuaban como mercado negro de los medicamentos oncológicos, solo se le fijó $25 mil de fianza porque se lo acusa de asociación ilícita y no por fraudes reiterados.
De este modo, los imputados regresaron a su casa. Y no con arresto domiciliario, monitoreo electrónico o salidas laborales. Nada de eso. Con libertad plena para deambular. Incluso, para retornar a sus trabajos. Para volver a sus contactos, a sus archivos informáticos donde, por ejemplo, pudieran aún guardar alguna evidencia clave que, acaso, podrán hacer desaparecer para siempre.
Las fianzas de hasta cien mil pesos tampoco fueron depositadas. Los abogados defensores se constituyeron como fiadores personales. Otra vez, Melazo resolvió a instancias de su socio Burlando. Así, la burla recayó sobre los profesionales que se animaron a denunciar lo que estaba ocurriendo en la obra social, dando origen a una causa donde se entrecruzan escuchas telefónicas y una complicada investigación para desgranar sesudas pericias contables.
Otro servicio que presta el IOMA y que ahora está en la mira son las prácticas de laboratorio. Ocurre que la auditoría de esta actividad no pertenece a IOMA sino a FABA (Federación de Bioquímicas de la provincia de Buenos Aires), que hace una suerte de autocontrol. Estos auditores, que facturan a la obra social, no estarían autorizando la totalidad de las prácticas que son indicadas por el médico del afiliado.
A modo de ejemplo:
- 1- hemograma completo
- 2-eritrosedimentacion
- 3- glucemia
- 4-perfil renal
- 5-perfil hepático
- 6- orina completa
Prácticas de laboratorio bajo la lupa
De acuerdo al diagnóstico del paciente, los auditores pueden acceder a las prácticas 1-2-3 quedando 4, 5 y 6 a cargo del afiliado. Éste le paga directamente al laboratorio prestador, que factura en forma doble: le paga el sistema capitado de FABA contratado por IOMA y también el afiliado.
Cuando el afiliado no puede pagar las prácticas solicitadas, tiene dos alternativas: no las paga y no se las realiza, y así sigue sin control de salud, alguno pudiendo detectarse alguna patología muy grave para su salud; o concurre al hospital público donde eventualmente tendrá turno en 2 o 3 meses si hay reactivos disponibles. Así suele suceder con todas las prácticas de rayos, ecografía, etc., cuando el afiliado asiste a una clínica o sanatorio de urgencia y debe dejar un depósito (en general, no menor a $100) hasta tanto lleve la autorización de la práctica por IOMA.