La Fiscalía de Sao Paulo ha pedido prisión preventiva para el ex presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, en el proceso que se investiga la ocultación del tríplex de lujo que supuestamente posee en Guarujá, litoral de São Paulo. Le acusan por blanqueo de capitales y falsedad ideológica por, supuestamente, haber recibido el tríplex como pago de la trama corrupta de Petrobras.
Según los fiscales, la prisión del ex presidente es necesaria para “garantizar el orden público, la instrucción del juicio y la aplicación de la ley penal”. Señalan que, al estar en libertad, se pueden destruir pruebas y Lula puede actuar de forma a evitar las determinaciones de la Justicia. Además, los fiscales temen que el ex presidente pueda “movilizar su red violenta de apoyo para evitar que el juicio corra su curso normal, con probabilidad evidente de amenazas a víctimas y testigos”. La jueza María Priscilla Oliveira Ernandes Veiga decidirá, aún sin fecha predeterminada, si lo mandará o no preso y si recibirá o no la denuncia. Estos crímenes pueden llevar a Lula de 4 a 10 años de prisión.
Según el diario Folha de S. Paulo, el ex mandatario ha atribuido la solicitud de prisión preventiva al rumor de que había sido invitado por la presidenta Dilma Rousseff para tomar un ministerio, lo que daría a Lula foro privilegiado y no dejaría que fuera detenido.
El tríplex
El apartamento de tres pisos en el Edificio Solaris, en Guarujá, empezó a ser construido en 2004. En 2009, cuando la cooperativa Bancoop quebró, la constructora OAS asumió las obras y supuestamente reformó el apartamento para lavar dinero y lo entregó para la familia de Lula, pero el tríplex nunca fue transferido a su nombre. La OAS es acusada de participar en la red de corrupción en Petrobras.
La televisión Globo ha divulgado imágenes de Lula visitando las obras. El Instituto Lula afirma que la familia visitó el apartamento, pero no hizo la compra por considerar que la familia no tendría privacidad para disfrutar de la playa. Los fiscales afirman que 20 testigos dicen que la reforma era para la familia del ex presidente.
El apartamento es también objeto de las investigaciones del juez Sergio Moro, que comanda la operación Lava Jato, y de su conducción forzosa a declarar ante la policía el pasado viernes.
La acusación de la Fiscalía de Sao Paulo también acusa a la mujer de Lula, Marisa Letícia, y uno de los hijos del matrimonio, Fábio Luís Lula da Silva, conocido como Lulinha, de lavado de dinero. Lula niega los cargos y afirma que sufre una “persecución política”. Según el Gobierno de Rousseff, la solicitud presentada por la Fiscalía es “exagerada” y se basa en información y pruebas “incompatibles “ y “frágiles”.
La Fiscalía niega una posible motivación política en la denuncia. “La Fiscalía no trabaja con un calendario político. Nuestro calendario es judicial”, ha afirmado el fiscal José Carlos Blat.
Otras 12 personas han sido denunciadas por la Fiscalía, como el ex presidente de OAS, Leo Pinheiro, y el ex tesorero del Partido de los Trabajadores (PT), Joao Vaccari Neto.
Varios grupos, como el Movimiento Brasil Libre, organizan una gran manifestación para el próximo domingo, día 13, contra el ex mandatario Lula y la presidenta Dilma Rousseff, en varias ciudades del país, como en Guarujá frente al tríplex. Ellos piden el impeachment de Rousseff y la prisión de Lula.
Otros grupos preparan también protestas para defender a Rousseff y a Lula para el día 18. Estos critican la supuesta existencia de una persecución política contra el PT.