Está acusado de una defraudación millonaria contra el estado provincial; solicitan que la condena incluya una inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
En el tramo final de un largo juicio oral, la fiscalía pidió una pena de doce años de prisión para el exgobernador de Entre Ríos y actual embajador argentino en Israel y Chipre, Sergio Urrribarri, además de su inhabilitación absoluta y perpetua para ejercer cargos públicos.
Se trata de un proceso por los delitos de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, peculado y defraudación a la administración pública. En el juicio, que empezó en septiembre pasado, los fiscales Patricia Yedro, Juan Francisco Ramírez Montrull y Gonzalo Badano dijeron que existió de un plan de desvío de fondos con diversas contrataciones de publicidad, la elaboración de productos de imprenta, la publicación de una solicitada, refacciones edilicias para la realización del encuentro de presidentes del Mercosur y la instalación de un parador de promoción turística en Mar del Plata. La fiscalía calculó que el desvío fue de unos nueve millones de dólares.
Además, el Ministerio Público Fiscal solicitó para el exministro de Cultura y Comunicación de la era urribarrista, Pedro Báez, una pena de diez años de cárcel e inhabilitación absoluta y perpetua para ejercer cargos públicos, también por delitos de peculado y negociaciones incompatibles. Ese mismo pedido de pena recibió Juan Pablo Aguilera, cuñado de Urribarri y exsecretario de la Cámara de Senadores de la provincia, quien era sindicado como dueño de las imprentas contratadas por el Estado entrerriano.
En un largo alegato, los fiscales sostuvieron que Urribarri, Baez y Aguilera tenían el deber de informar sobre el choque de intereses entre la esfera pública y los negocios privados, pero no lo hicieron porque, para los acusadores, las contrataciones formaban parte de un plan de desvío de fondos.
Los fiscales dijeron que hubo “pagos que no debieron hacerse” y contrataciones a empresas que no estaban en el registro de proveedoras del Estado; que se adulteraron fotografías que se usaron de prueba de trabajos realizados y que se hicieron contrataciones sin justificaciones previas ni explicaciones de por qué el cual se llevaban a cabo, falta de justificativo para contratar por la vía de la excepción, falta de reserva presupuestaria para los trabajos, irregularidades en los expedientes y sobreprecios.
Para los fiscales, todas estas causas constituyen delitos penales y “no pueden ser tratados como meros errores administrativos”.
Campaña presidencial
Uno de los delitos imputados al exmandatario y sus exministros fue el pago de coimas en la contratación de un parador en un balneario de la costa atlántica que, además, habría tenido la finalidad oculta de promocionar la precandidatura de Urribarri a la presidencia de la Nación, según dijeron en sus alegatos los fiscales.
El juicio unificó cinco causas por distintos hechos y diversas figuras penales, todas ellas referidas al desvío de fondos, según la acusación. El tramo del juicio por la contratación para el parador turístico fue llamado “Sueño Entrerriano”, que responde al slogan del fallido intento proselitista. El fiscal Ramírez Montrull aseguró que en el “Sueño Entrerriano” hubo “una desviación de poder y una parcialidad de los funcionarios públicos hacia un interés particular de Sergio Urribarri”. En su alegato afirmó que la instalación de un parador en la playa de Mar del Plata tenía como “objetivo clandestino” la promoción de la figura del exgobernador. También sostuvo que se pagó con sobreprecios y que se aplicaron retornos a favor del cuñado de Urribarri.
En total, a juicio llegaron 13 personas, contando al exgobernador, los dos exministros, funcionarios de segunda línea -calificados como partícipes necesarios para la ejecución de los delitos- y empresarios particulares señalados por los fiscales como partícipes secundarios.
Fue el fiscal Badano quien presentó ante el tribunal -conformado por los jueces José María Chemez, María Carolina Castagno y Elvio Garzón- los pedidos de condena a cada imputado. Además del pedido de doce años de prisión más la inhabilitación que hizo para Urribarri y de los diez años de cárcel para Báez y Aguilera, el fiscal reclamó para Corina Cargnel, contadora de las empresas Tep SRL y Next SRL, que se le adjudican a Aguilera 8 años de prisión. Además, se pidió el decomiso de los bienes de las empresas. Para el empresario Gerardo Caruso, que montó el parador en Mar del Plata, pidieron cinco años de cárcel, y para el exministro de Turismo, Hugo Marsó, otros cinco años más la inhabilitación absoluta perpetua para ocupar cargos públicos.
El juicio entra ahora en la etapa de los alegatos de las defensas y se espera en marzo el tribunal dicte sentencia.