El Dr. Marcelo Blanco, titular de la fiscalía de estupefacientes en Mar del Plata, habló esta mañana en la 99.9 sobre el trabajo que realizan y las limitaciones que la ley les da en el desarrollo de sus tareas.
Los alcances de las fiscalías de estupefacientes, se han transformado en un tema de discusión teniendo en cuenta declaraciones públicas de funcionarios cuestionando las limitaciones que tienen hoy los agentes fiscales.
El Dr. Marcelo Blanco que se encarga de esta temática en la ciudad, habló esta mañana en la 99.9 y señaló que “la fiscalía trabaja de acuerdo a la competencia que tiene. Entre otras cuestiones, el ámbito de los delitos que tenemos están las tenencias simples para consumo o comercialización y todo lo que hace a la venta al consumidor final o el menudeo”.
A pesar de ello, no es una limitante para que tengan muchísimo trabajo: “hay una importante cantidad de causas, desde 2010 a la fecha han ingresado 4.000 causas de variados elementos en cuanto a los tiempos penales. Hacemos y cumplimos lo que dice la ley”, destacó.
Pero además de su labor, también llevan adelante otras tareas buscando que los detenidos por la tenencia de drogas, no continúen en ese camino: “tratamos de concientizar a la persona de los efectos de los estupefacientes. Queremos encaminarlos y buscarle lugares aunque no es nuestra obligación, siempre a criterio de la persona”.
Lejos de lo que piensa habitualmente la gente, Blanco aclaró que “nosotros no combatimos a los consumidores, eso sería una pérdida de tiempo. Puede haber personas que tengan poca droga para la venta o una persona que tenga una cantidad prudencial y sea para su consumo, pero eso se ve después de la detención”.
Tarde o temprano, la justicia deja de perder el interés en casos menores y las causas dejan de ser investigadas, pero de todas maneras, tratan de brindar asistencia a los adictos y, sobre todo, a su entorno: “la mayoría de las causas se archiva por un artículo del Código Penal teniendo condiciones precisas que se le aplican al imputado para que cumpla durante un tiempo determinado. También se lo persuade para que concurra a un centro de rehabilitación que elija la misma persona, es un favor que le hacemos porque tratamos de concientizar al entorno y toda la familia. El problema de consumo está dentro del hogar”, puntualizó.
Algunas de las personas que logran recuperarse, tienen la vocación de ayudar a los demás y se acercan a las fiscalías para brindar su asistencia: “hay instituciones que se han formado incluso con ex consumidores en condición de ONG para brindar su apoyo. El dinero que a veces se decomisa en los juicios, se los destina a esas ONG para que puedan desarrollar sus capacidades y ayuden a las personas que quieren rehabilitarse. En ciertos casos no se los puede obligar”.
Por último, aclaró que el único caso de ese tipo se puede dar con la intervención de los jueces: “la ley de estupefacientes establece que los jueces, recién en la etapa de juicio de instrucción, pueden obligarlo a hacer un tratamiento y recuperarse por lo que el proceso queda suspendido hasta que el encartado logre esa recuperación”, finalizó.